El historial de las 'nuevas' minas de Bruselas en España: condenas por vertidos y operaciones sin licencia

España se prepara para una ola de aperturas de minas con la que hacer frente a la escasez de minerales indispensables para la energía y la tecnología. Los proyectos más sonados son los siete seleccionados por Bruselas —seis minas y una planta de reciclaje— para extraer níquel, cobalto o litio, entre otros, en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Pero colectivos ecologistas temen que la desregulación que acompaña la etiqueta de "minas estratégicas", y que conlleva una tramitación acelerada, sirva para dar vía a libre a proyectos que llevan años en los tribunales por vertidos contaminantes y otros delitos.

Joam Evans, coordinador del Observatorio Ibérico de la Minería, explica que hay una extensa lista de iniciativas tratando de despegar en España, pero de muy mala calidad. "Lo que más me sorprendió es que incluso las minas avaladas por Bruselas tienen un largo historial de ilegalidades: corrupción, impacto ambiental, denuncias de trabajadores… si quisieran haber escogido proyectos peores, creo que no habrían tenido de dónde sacarlos", opina. Este observatorio fui impulsado por la ONG Ecologistas en Acción, que tiene voluntarios sobre el terreno en todos los puntos afectados por la minería y ha llevado a muchas de estas explotaciones a los tribunales.

Aunque los proyectos estratégicos de la Comisión en España miran a futuro, la mayoría se sitúan sobre antiguas minas que tienen décadas de historia. En los últimos años han cambiado de propietarios y varias han cerrado por la decadencia del sector o porque sus permisos se habían agotado, pero ahora van a revivir para aprovechar el tirón de la transición energética. Todas las mineras prometen dejar cientos de empleos en la zona y millones de euros en inversiones, pero eso no es suficiente para convencer a todos los vecinos.

Declaración ambiental obsoleta en El Moto

Adrián Godás, consultor minero, explica que la fiebre minera en España está muy ligada a los minerales para baterías y tecnología, especialmente en el caso del tungsteno, que se prevé extraer de El Moto de Abenójar (Ciudad Real). "Es uno de los pocos puntos de Europa donde hay, y ahora es muy valioso teniendo en cuenta que China tiene el 80% de la producción global y ha cerrado exportaciones", dice el experto.

El Moto es precisamente uno de esos lugares donde los activistas están peleando contra la que aspira a ser la principal mina de tungsteno del continente. La empresa Abenójar Tungsten dice tenerlo todo listo para empezar a funcionar y cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico y del ayuntamiento, pero Elena Solís, de Ecologistas en Acción Ciudad Real, denuncia que el proyecto va a salir adelante con una declaración de impacto ambiental aprobada en 2014, pese a que el proyecto ha cambiado notablemente desde entonces.

"En 2024 cambiaron el proyecto para ampliar la balsa minera de 900 m³ a 4.918 m³, cinco veces más grande, que además van a poner en una nueva ubicación. Estas balsas están también pegadas a un arroyo, justo al borde el talud, lo cual supone un riesgo geotécnico y un riesgo de contaminación añadidos. Todo esto necesita una nueva declaración ambiental", señala Solís. La portavoz denuncia, por otra parte, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha dado todavía un permiso de extracción de agua, imprescindible para la extracción de tungsteno.

Las Cruces: el triple de vertidos de lodos

La contaminación del agua y la extracción ilegal son también el eje de oposición a la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla. Allí se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a reconvertirse en una instalación subterránea para sacar cobre, zinc, plata y plomo. El problema es que durante la década que estuvo abierta acumuló un largo historial de negligencias ambientales que ha acabado con varias sentencias en su contra. 

Isidoro Albarral, de Ecologistas en Acción Andalucía, explica que la explotación tiene una sentencia firme de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por contaminación por arsénicos, así como una multa del Tribunal Supremo de 1,3 millones de euros por extracción ilegal de aguas subterráneas. El TSJA también ha dictado otras dos sentencias en su contra que afectan al nuevo plan de mina subterránea porque la propietaria, First Quantum Minerals, no ha realizado los procedimientos ambientales necesarios para instalar una nueva planta de tratamiento de minerales.

"Además, la mina subterránea que preparan incluye una tubería de desagüe en el estuario del Guadalquivir que triplicaría los vertidos de lodos que hicieron con la mina a cielo abierto. En estos años hemos hecho análisis del agua y hemos demostrado con estudios de catedráticos de la Universidad de Sevilla que hay contaminación por metales en los sedimentos y los peces del río. Evidentemente, esos lodos también han afectado a los arrozales sevillanos y a la pesca de marisco y peces de la desembocadura", comenta Albarral. A esto se suma que la mina de Las Cruces se encuentra ahora en venta y uno de sus posibles compradores es Grupo México, dueños de la polémica mina de Aznalcóllar, también pendiente de su reapertura tras el desastre de 1996.

En Ourense, las asociaciones vecinales están muy pendientes de la nueva mina de litio de Doade, de la que poco se sabe todavía. La zona se ha explorado varias veces en la última década, pero hasta ahora no ha sido explotada. En 2019 se intentó montar una mina de 11 kilómetros, pero fue desestimada por no someterse a una declaración de impacto ambiental, y en enero de 2025 el Grupo Samca volvió a presentar un proyecto similar, al que todavía no han podido acceder los vecinos. "Basándonos en los planos de 2019, sabemos por geólogos que hay elementos radioactivos en el suelo de la zona y arsénico, lo que puede derivar en contaminación de aguas ácidas de aquí a Pontevedra y Vigo", valora Víctor Gil, de la plataforma SOS Suido Seixo.

El historial de las minas extremeñas

Los otros tres de los seis proyectos estratégicos mineros que Bruselas ha aprobado para España se encuentran en Extremadura, donde el Gobierno regional ha abrazado los minerales mientras grupos activistas intentan frenar su regreso. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, ha intentado llevar el asunto a la ONU, y acaba de preguntar a la Comisión Europea cómo es posible que estas inversiones hayan pasado el filtro de Bruselas. "Queremos saber cómo se han vendido estas empresas y cuál ha sido el proceso que han pasado", comenta a infoLibre.

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La mina de Las Navas, en Cañavera (Cáceres), cerró en los años 70, y Lithium Iberia quiere volver a hacerla funcionar para extraer litio, el famoso metal tan demandado para las baterías modernas. La mina de La Parrilla, en Almoharín (Cáceres), lleva parada desde 2022 y aspira a volver a producir tungsteno. Mientras que la de Aguablanca, en Monasterio (Badajoz), que funcionó entre 2005 y 2015, se prepara para extraer cobalto, níquel y cobre.

Aguablanca tiene un largo historial de contaminación de la Rivera de la Cala, que derivó en varias multas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los activistas denuncian que ahora trata de volver a abrir con una declaración de impacto ambiental de 2017 que ha sido prorrogada, pero que está obsoleta, según los ecologistas. En el caso de Las Navas, la oposición local subraya que el proyecto se ubica sobre la Dehesa Boyal de Las Navas, un enclave ambiental que además se encuentra junto a dos zonas de especial protección para aves (ZEPA), la de Monfragüe y la de Canchos de Ramiro. Julio César Pintos señala, además, que las organizaciones vecinales todavía no han tenido acceso al proyecto de explotación y al plan de restauración de la mina para poder valorarlos, y han interpuesto un recurso al Consejo de Transparencia. Si esta vía no funciona, recurrirán Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Por último, la mina de La Parrilla también lleva varias multas a la espalda por operar sin permiso y por vertidos de lodos. En 2013 recibió un permiso de operación parcial después de que fuese abandonada en 1987, pero en 2019 la empresa W Resources decidió empezar a explotarla comercialmente sin la documentación necesaria, construyó una balsa de lodos sin autorización y vertió aguas ácidas al dominio público, lo que derivó en dos multas por valor de 65.000 euros de la Junta de Extremadura.