El Gobierno acelera la reforma de la ley franquista de medallas policiales tras décadas de nepotismo

El Gobierno mantiene su compromiso por democratizar aquellas normas franquistas que sobrevivieron al derrumbe de la dictadura. Promete hacerlo con el armazón jurídico sobre el que se ha asentado hasta ahora el Valle de Cuelgamuros. O con la Ley de Secretos Oficiales. Y también con la normativa de medallas policiales. Una reforma reclamada por sindicatos y buena parte del arco parlamentario que se encuentra, según ha trasladado el Ejecutivo al Consejo de Europa, en una "fase avanzada". Y con la que se pretenden actualizar unos procedimientos de concesión opacos que han servido durante más de medio siglo no solo para distinguir comportamientos heroicos de los agentes, sino también para recompensar económicamente lealtades políticas y profesionales.
La Ley sobre Condecoraciones Policiales, que aún regula el otorgamiento de este tipo de distintivos, data de 1964. Fue promulgada en abril de aquel año por el dictador Francisco Franco. Y desde entonces no se le ha modificado una sola coma. Ni siquiera en el casi medio siglo de democracia. De ahí que el anacrónico texto todavía vigente establezca que las medallas –Oro, Plata, Cruz con Distintivo Rojo y Cruz con Distintivo Blanco– se conceden por orden del ministro de la Gobernación –una denominación que dejó de existir a finales de los setenta, cuando se recuperó el nombre de Ministerio del Interior– para premiar los "servicios extraordinarios" de los funcionarios de una ya extinta Policía Gubernativa.
El Gobierno dejó claro hace más de un año que la reforma de estos textos –también el relativo a las condecoraciones de la Guardia Civil– se encuentra entre sus "prioridades". Y lo sigue estando. Así consta en el último informe de seguimiento que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha elaborado sobre nuestro país: "[Las autoridades españolas indican que] se ha creado un grupo de trabajo en la Policía para elaborar un nuevo reglamento que actualice los criterios y procedimientos para la concesión de las distintas condecoraciones. Este nuevo reglamento se encuentra en una fase avanzada". Y en la misma línea se pronunció el pasado mes de octubre el director general de la Policía: "Se ha hecho un trabajo de elaboración que está muy avanzado".
Tanto en el Congreso como en el Senado, a derecha y a izquierda –cada cual a su manera–, se ha exigido una revisión de los requisitos y el procedimiento de concesión, de forma que se desarrolle, como recogía una proposición no de ley de Unidas Podemos, "con todas las garantías" y la máxima "transparencia". Algo que llevan años reclamando también los propios sindicatos policiales. "Se deben establecer criterios objetivos y transparentes para la concesión de medallas, crear medallas específicas para personal no policial, y asegurar que las condecoraciones policiales se reserven para quienes realmente las merecen por su labor operativa sin cupos ni agravios ante similares intervenciones que premien los favoritismos", lanzaba recientemente el Sindicato Unificado de Policía.
Los colectivos no han dudado, de hecho, en llevar la batalla por las condecoraciones a los tribunales. Y en no pocas ocasiones han torcido el brazo al Ministerio del Interior. Hace un año, por ejemplo, la Audiencia Nacional anuló la concesión de más de medio centenar de medallas que la Dirección General de la Policía había concedido en 2022, siete de ellas a altos mandos que se jubilaban. Lo hizo porque se había obviado la participación de los sindicatos en el trámite. Y porque el otorgamiento de las mismas no estaba debidamente justificado en los expedientes: "No obra por ningún sitio la valoración a las propuestas, así como el motivo de dichas concesiones". Todas ellas llevaban aparejado un plus en la pensión vitalicia de los agentes.
Favores y vírgenes
Los whatsapp del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que vieron la luz en la investigación del caso Kitchen, dan buena cuenta de los tejemanejes en torno a las medallas. "No se te ocurra darle una medalla a Salamanca, dice Pino que la propones tú", le escribía en enero de 2016 el comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) –encargada de seguimientos o escuchas–. Unos días antes, era Martínez quien escribía al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, hablando de distinciones: "Eugenio, creo que hay junta de gobierno. No olvides lo de Salamanca. También te pido que apoyes una condecoración que he pedido para un IJ que está conmigo. Gracias".
Al menos siete miembros de la llamada brigada patriótica procesados en Kitchen fueron condecorados con medallas que llevaban aparejada una recompensa económica durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. A Pino se le otorgó al jubilarse la Medalla de Plata, con un plus en la pensión del 15%. Y a los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, García Castaño, Andrés Gómez Gordo, así como a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, se les concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, con un plus del 10%. En 2021, la Policía destinaba unos 13 millones de euros en abonar las más de 4.700 medallas pensionadas que había entonces.
Para la concesión de estas cruces es necesario "resultar herido" o participar "en tres o más servicios" en los que medie "agresión de armas". Pero también realizar en situaciones peligrosas "un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor del funcionario" o cualquier otra conducta que "merezca especial recompensa", recovecos que dan pie a interpretaciones subjetivas que permiten colar prácticamente cualquier condecoración. En el caso de las condecoraciones otorgadas a los miembros de la brigada patriótica en la época del PP, las medallas se justificaron con un lacónico "meritoria trayectoria profesional", según la documentación que la Dirección General de la Policía remitió a la comisión de investigación del Congreso.
Los torturadores franquistas siguen luciendo medallas dos años después del anuncio de su retirada
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La Confederación Española de Policía, además, calcula que casi seis millares de condecoraciones, la mayoría de ellas con distintivo blanco –las únicas que no llevan aparejado un plus sobre la pensión–, fueron concedidas a personas ajenas al cuerpo. Entre los agraciados figuran políticos –desde el exalcalde conservador de Algeciras José Ignacio Landaluce al regidor socialista de Vigo, Abel Caballero–, jueces, empresarios, deportistas –como Emilio Butragueño– o periodistas –desde Francisco Marhuenda a Sonsoles Ónega–. Distintivos que en alguna época reciente también han ido a parar a vírgenes, santos o cofradías, como la Santísima del Amor, la del Pilar o la del Cristo de la Legión.
Retirada de medallas que no llega
A la espera de que se ponga finalmente sobre la mesa la nueva normativa, se da por hecho que en la misma se incluirá un procedimiento tasado de retirada de distinciones. Algo que hasta el momento se está cubriendo con una Ley de Memoria Democrática que en su artículo 42 establece que las condecoraciones policiales "podrán revisarse" cuando se acredite que el beneficiario de las mismas hubiera realizado actos u observado conductas "manifiestamente incompatibles" con los "valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos", así como con los "requisitos" establecidos para su concesión. Y para ello, basta con una "sentencia penal firme", con "diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales" o con "una sanción disciplinaria firme".
En diciembre de 2022, a pocas horas del fin de año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió poner en marcha la maquinaria, dando orden a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para iniciar de oficio los procedimientos de revisión y retirada de condecoraciones y recompensas policiales al calor de la Ley de Memoria. Se abrieron en su día más de media docena de expedientes para la retirada de medallas a, entre otros, diferentes torturadores franquistas. Pero todos ellos siguen casi tres años después todavía en tramitación, según confirman a este diario desde el Ministerio del Interior.