Los torturadores franquistas siguen luciendo medallas dos años después del anuncio de su retirada
La eliminación de manzanas podridas del muro de honores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aún no es una realidad. Dos años después de anunciarse a bombo y platillo, el proceso para despojar de distinciones a agentes que formaron parte del aparato represivo franquista o cuyo comportamiento resulta incompatible para ostentar ese tipo de reconocimientos sigue sin culminarse. Tras la orden dada por el Ministerio del Interior, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil pusieron en marcha procedimientos de revisión y retirada de medallas y recompensas policiales. Expedientes que, según confirman a infoLibre desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, todavía no han sido resueltos.
La retirada de estas condecoraciones ha sido una de las grandes promesas del Ejecutivo desde la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa con la moción de censura. "Acabaremos con los reconocimientos que la democracia ha dado a personas relacionadas con el franquismo y que torturaron a seres humanos en nuestro país", reiteraba antes de la pandemia Pedro Sánchez. El problema es que entonces no existía un mecanismo para articular dichas revocaciones. Ni en la Ley de Condecoraciones Policiales, alumbrada en plena dictadura, ni tampoco en la normativa que regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Un agujero legal que el Gobierno de coalición se encargó de taponar la pasada legislatura con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.
La norma, en su artículo 42, establece que las condecoraciones concedidas "podrán revisarse" cuando se acredite que el beneficiario de las mismas "hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos" con motivo de haber formado "parte del aparato de represión de la dictadura franquista". Actos o conductas que, continúa la norma, podrán resultar de una sentencia penal firme, de diligencias judiciales, fiscales o policiales o de la imposición de una sanción disciplinaria firme. Una revisión y revocación que "podrá llevarse a cabo a título póstumo" y que determinará la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluidos los económicos.
La revocación de las distinciones concedidas antes de la entrada en vigor de la norma –es decir, antes del 21 de octubre de 2023– exigen, no obstante, la apertura de un expediente con carácter previo que debe tramitarse de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, lo que obliga a notificar la apertura del mismo a los afectados y a recabar sus alegaciones de defensa antes de dictar una resolución. En diciembre de 2022, a pocas horas del fin de año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió poner en marcha la maquinaria, dando orden a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para iniciar de oficio los procedimientos de revisión y retirada de condecoraciones y recompensas policiales al calor de la Ley de Memoria.
Pero dos años después del paso dado por el Gobierno, la revocación de estas distinciones sigue sin culminarse. Desde el Ministerio del Interior señalan que los expedientes para la revocación abiertos a lo largo de todos estos meses por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todavía se encuentran "en tramitación", lo que implica que, formalmente, las medallas, y todos los beneficios que llevan aparejadas algunas de ellas –incluyendo importantes incrementos en las pensiones de los agentes–, aún no han sido retiradas. "Son expedientes administrativos que tienen sus trámites. En el momento en que se finalicen, se informará de ello", señalan en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
De 'Billy el Niño' a Villarejo
Este diario se ha puesto también en contacto con Policía Nacional y Guardia Civil para saber a qué se debe la tardanza y para conocer cuántos expedientes de este tipo hay abiertos a día de hoy. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido respuesta. Hasta el pasado mes de junio, ambos cuerpos habían iniciado siete procedimientos de revisión y retirada. Uno de ellos, con el nombre de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Fallecido durante la pandemia, este agente, cuyas torturas han sido denunciadas en multitud de ocasiones por militantes antifranquistas, fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social. Y en su expediente constan hasta cuatro medallas al mérito policial, todas ellas pensionadas.
González Pacheco no es, sin embargo, el único policía condecorado al que se ha acusado de torturas. En el marco de la llamada querella argentina, algunas víctimas de la represión franquista han puesto el foco sobre nombres como el de Jesús Martínez, Jesús González, Ricardo Algar o Benjamín Solsona, apodado El Galletas. Solo en democracia, estos cuatro agentes fueron condecorados, según reveló infoLibre, una docena de veces. Torturas de las que también se ha acusado a José Sainz, quien fuera jefe de la Político-Social en Bilbao, al que el Gobierno de Adolfo Suárez concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial. O Pascual Honrado de la Fuente, contra quien se querelló, sin éxito, el ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias y también condecorado durante la dictadura. O el temido comisario Roberto Conesa.
No son, sin embargo, las únicas distinciones rodeadas de polémica. Hace cinco años, este diario también desveló que cuatro guardias civiles condenados por el 23F habían sido premiados en nueve ocasiones tras el fallido golpe de Estado. Distinciones, algunas de ellas pensionadas, que también constan en el expediente del excomisario José Manuel Villarejo, principal acusado de la macrocausa Tándem. Y que pueden retirarse. Al fin y al cabo, la Ley de Memoria contempla, más allá de lo que tiene que ver con la represión franquista, la revocación cuando el beneficiario realice "actos manifiestamente incompatibles" con los valores que se presuponen para ostentar las medallas, lo que abre la puerta a la retirada para agentes, por ejemplo, salpicados en causas judiciales.
