Los deberes que tiene que hacer España para colocarse en el podio de derechos LGTBI

España ha venido haciendo méritos para situarse en la vanguardia de los derechos LGTBI, pero todavía puede dar pasos hacia adelante para consolidar el papel de referente a nivel internacional. A las puertas del Orgullo, la organización ILGA World publica su informe Law on us, un riguroso análisis sobre los avances legislativos ejecutados entre enero del año pasado y abril del presente, en todos los países del mundo. Mirando el espejo de otros territorios, la pregunta es obligada: ¿qué nos queda por hacer?

Aunque España sale bien parada, todavía existe todo un abanico de posibilidades por explorar para llegar a configurarnos como el paraíso de las personas LGTBI. "España es uno de los países que más ha progresado en la protección de las personas LGTBI, sobre todo en el último año y medio", asiente Curro Peña, consultor de investigación en ILGA World. Sin embargo, añade, "no podemos olvidar que aun siendo un país libre, no es un país inmune a los retrocesos". Los retos, por tanto, pasan por dos frentes: las mejoras legislativas aún por abordar y el parapeto ante la reacción que busca tumbar los logros conseguidos.

¿Qué países son referentes? ¿A qué territorios debemos mirar para replicar sus modelos? Para Peña, la respuesta admite algunos matices. No hay un sólo país que tenga la fórmula, considera a preguntas de este diario, sino que algunos se han alzado como pioneros en materias muy concretas. Y es ahí donde hay que poner la mirada. "Una virtud que tiene este informe es que no habla de los países en general, sino que analiza la situación respecto a cada área", abunda el experto, lo que permite "ver qué países del mundo pueden ser referentes en distintas áreas". 

Chipre, Noruega, Bélgica y las terapias de conversión

Si efectivamente el último año ha sido especialmente favorable para las personas LGTBI que residen en suelo estatal, lo cierto es que la principal responsable del avance ha sido la ley trans. "España ha avanzado muchísimo, principalmente gracias a la ley trans estatal", ratifica Peña. En febrero de 2023 salió adelante y entre su articulado anidó una novedad clave para el colectivo: la prohibición de las terapias de conversión.

La ley cogía en realidad el testigo de otras normas autonómicas que ya trataban de convertir estas mal llamadas terapias en distintas regiones como Andalucía, Aragón, Cantabria o Cataluña. "La práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquiera de sus formas, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas queda prohibida, aunque cuenten con el consentimiento de la persona afectada o el de su representante legal", señala la ley.

Sin embargo, para el grueso de los colectivos y organizaciones no es suficiente: la ley únicamente lo contempla como una falta administrativa, pero no un delito penal. Existen países que son, actualmente, ejemplos de buenas prácticas en esta materia.

En octubre del año pasado, Bélgica modificó su Código Penal para tipificar como delito las terapias de conversión, con penas de hasta dos años para quienes realicen estas prácticas y de hasta seis meses para quienes lo intenten. Un paso similar lo dio Chipre en mayo de 2023. Tras una reforma de su Código Penal, las llamadas terapias de conversión quedaron incluidas como delito, a pesar de la oposición de la Iglesia y el ultraderechista Frente Nacional Popular (ELAM), tal como reseña ILGA World en su informe. Incluso la Asociación de Psicólogos de Chipre expresó sus dudas ante la prohibición y se inclinó públicamente por la excepción siempre que mediara consentimiento. Las voces críticas, sin embargo, no prosperaron: las pseudoterapias conllevan penas de hasta dos años; tres en caso de que la víctima sea menor de edad.

En Noruega, las penas de prisión pueden alcanzar los seis años si el delito se considera grave, en función de los daños que sufra la víctima, la duración de la terapia o si afecta a un grupo amplio de personas. Según la legislación noruega, quien difunda ofertas concretas para exponer a otras personas a métodos psicoterapéuticos, medicina alternativa o de base religiosa con el fin de hostigarle por su orientación sexual o identidad de género, podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta seis meses.

El vecino luso también ha ensanchado su Código Penal para incluir las terapias de conversión: cualquiera que someta a otra persona a actos destinados a alterar o suprimir su orientación sexual, identidad o expresión de género a través de procedimientos médico-quirúrgicos, prácticas farmacológicas, métodos psicoterapéuticos u otras intervenciones psicológicas o conductuales, se enfrentará a penas de prisión de hasta tres años en Portugal. Si el delito se comete contra hijos o hijas, los condenados podrán ser inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad de cinco a veinte años.

Los avances también siguen la misma dirección al otro lado del charco. Un ejemplo: hasta seis años de prisión alcanzan las penas en México desde que el pasado mes de mayo, tras años de impasse, saliera adelante la reforma de su Código Penal Federal y la Ley General de Salud para introducir "delitos contra la orientación sexual o identidad de género".

Personas no binarias en 18 estados de la ONU

A mediados del mes de mayo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, descartaba lo que hasta entonces era una incógnita: el reconocimiento de las personas no binarias. "No forma parte del acuerdo de Gobierno", zanjaba entonces la ministra socialista. Las primeras versiones de la ley trans aprobada durante la anterior legislatura sí se comprometían a realizar un estudio sobre la situación de las personas no binarias para, en el plazo de un año, decidir la forma de dar respuesta a sus necesidades. Aquello, sin embargo, cayó en saco roto y a día de hoy no hay ninguna pretensión de abordar el asunto. 

Según el informe de ILGA World, los marcadores de género no binario en los documentos de identidad están disponibles en hasta dieciocho estados miembros de la ONU: en diez países está reconocido a nivel nacional, en cuatro a nivel subnacional y en otros cuatro sólo está disponible para las personas intersex. Existen numerosos ejemplos de cómo podría ser el abordaje de las realidades no binarias, pero la mayoría sigue la misma tónica: añadir una casilla alternativa al género masculino y femenino en los documentos oficiales.

En países como Malta, Alemania, Austria, Dinamarca o Argentina el marcador de género no binario es ya una realidad. Nueva Zelanda se unió al listado en junio de 2023. La aprobación de su Ley de Registro supuso un avance en la libre determinación del género e introdujo el marcador no binario. En Bélgica, el gobierno anunció hace poco más de un año estar preparando un proyecto de ley para introducir una opción no binaria en los documentos oficiales. El nuevo proyecto fue impulsado por una sentencia dictada en su Corte Constitucional: los jueces llamaban la atención sobre la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias y de género fluido. El proyecto está pendiente de su aprobación.

No es el único ejemplo en el que la decisión de los tribunales y la iniciativa particular de las personas interesadas han jugado un papel determinante. En Países Bajos, fue una persona no binaria quien inició una reclamación formal para la construcción de un marco legal que diera amparo a las identidades no binarias. Su demanda prosperó y los tribunales deberán ahora dar un plazo concreto al gobierno para realizar los ajustes legislativos necesarios.

Evitar retrocesos y blindar derechos

A la celebración le sigue, inevitablemente, la cautela. Si algo destacan los autores del informe, es que ningún territorio está libre de sufrir retrocesos. A día de hoy, un total de 62 estados miembro de la ONU criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y en siete estados se contempla pena de muerte. Al menos 59 estados tienen leyes, normas y reglamentos que prohíben formas de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género. En 19 de ellos, las normas están específicamente diseñadas para ser aplicadas en entornos educativos y una treintena regulan los contenidos difundidos a través de los medios de comunicación. Otros 59 estados imponen barreras legales al registro y funcionamiento de las organizaciones en defensa de la comunidad LGTBI.

Carla Antonelli: "El discurso contra la ley trans ha ido de la mano de la extrema derecha"

Ver más

Si bien la tendencia muestra un progreso generalizado en lo que respecta a los derechos del colectivo en todo el globo, lo cierto es que existe también una ola reaccionaria que siembra retrocesos. ILGA World traza un ejemplo muy próximo: la Comunidad de Madrid consumó el pasado mes de diciembre el recorte de sus dos leyes sobre derechos LGTBI.

"En marcado contraste con la trayectoria constante de España", expone el informe, los conservadores lograron sacar adelante en la capital sus dos "preocupantes" reformar legislativas, eliminando "la mayoría de las medidas de igualdad y salvaguardias contra la discriminación, en particular las relativas a las personas trans". Aunque la legislación estatal "sigue protegiendo el derecho a la no discriminación", las autoridades autonómicas "tienen la mayoría de las competencias en áreas críticas como la sanidad y la educación, por lo que los retrocesos en la legislación" de las comunidades "pueden afectar profundamente a la igualdad efectiva", advierte el análisis.

¿Hay forma de contener esos retrocesos? Algunos países han dado con fórmulas que podrían resultar exitosas. Aquí va una: en enero del año pasado, Países Bajos aprobó una enmienda constitucional que añade el concepto de "orientación sexual" en el primer artículo de su Constitución. "Todos los que se encuentran en Países Bajos serán, en casos iguales, tratados de igual manera. No se permitirá discriminación alguna por razón de religión, creencias, ideología, convicción política, raza, sexo, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro motivo".