La demanda llevaba tanto tiempo siendo planteada por el movimiento feminista, que ya se había convertido en deuda histórica. Por fin quedará saldada: las mujeres asesinadas por razón de género estarán presentes en las estadísticas oficiales. Son las otras víctimas, las olvidadas, las invisibles. A partir de 2022, dejarán de serlo. Así lo ha anunciado este lunes el Ministerio de Igualdad: España será el primer país europeo en contabilizar otros feminicidios más allá del entorno de pareja, con el objetivo de desplegar políticas públicas que den respuesta a esas otras formas de violencia hasta ahora relegadas a los márgenes.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó el mismo lunes que "lo que no se nombra no existe", por lo que atender a estas otras víctimas será una forma de "reconocerlas y visibilizar todas las formas de violencia". El objetivo, nutrir la estrategia contra la violencia machista para que cualquier medida de detección, prevención, erradicación y reparación arrope a todas las víctimas sin excepciones. "Es una demanda del movimiento feminista en todo el mundo y por fin vamos a hacerla realidad en nuestro país", clamó la ministra.
Durante la comparecencia institucional, en la que también participaron Victoria Rosell –delegada del Gobierno contra la Violencia de Género– y Angela Rodríguez –secretaria de Estado de Igualdad–, un fondo morado aparecía presidido por la palabra feminicidios, cuya definición apela a los "asesinatos de mujeres motivados por la discriminación histórica, la misoginia estructural de género y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". El concepto de feminicidio, ampliamente desarrollado por teóricas feministas, ha ido ganando peso en diversos países latinoamericanos durante los últimos años, pero también se encuentra presente en algunas leyes autonómicas, como la que existe en Castilla-La Mancha, Illes Balears y Cataluña.
El Gobierno contará a partir del año que viene con cinco categorías de feminicidios: los actuales crímenes en el marco de la pareja o la expareja; el feminicidio familiar; el feminicidio social; el feminicidio vicario y el feminicidio sexual. Aunque Igualdad advierte de que la construcción del nuevo paradigma será laboriosa y posiblemente lenta, el trabajo desempeñado desde hace casi doce años por la plataforma Feminicidio da cuenta de la dimensión del asunto. La organización, cuyos esfuerzos elogió el lunes la propia Irene Montero, lleva desde 2010 confeccionando un recuento paralelo al oficial de los crímenes machistas. Este año ha contabilizado 76 feminicidios, frente a los 42 oficiales. En 2020 fueron 83, frente a los 47 oficiales y en 2019 fueron 105, lejos de los 55 crímenes mortales recogidos por las estadísticas oficiales.
El principal tipo de feminicidio, el más extendido y consolidado por la Ley Integral contra la Violencia de Género, es aquel que se enmarca dentro de la pareja o expareja. Es decir, el perpetrado por un varón con el que la víctima mantiene o había mantenido una relación afectiva. Desde el año 2003, el Gobierno viene contabilizando el número de mujeres asesinadas en este contexto. Son, hasta ahora, 1.124 víctimas mortales.
El feminicidio sexual, otra de las categorías definidas, lleva años en boca del movimiento feminista. Especialmente en las nuevas generaciones ligadas a movimientos como el #MeToo. La que ha pasado a denominarse cuarta ola feminista –las llamadas olas feministas son aquellas que se acuñan a cada momento histórico en el que el movimiento feminista ha plateado demandas concretas– fue la encargada de poner la violencia sexual en el centro. Al calor de sus reivindicaciones nacieron en España proyectos como la futura ley de libertad sexual. Precisamente sobre esta norma se cimentará el feminicidio sexual, entendido como el "asesinato de una mujer sin relación de pareja ni familiar vinculado a las violencia sexuales" incluidas en el proyecto de ley. Casos ampliamente conocidos como el de Diana Quer y Laura Luelmo estarían recogidos en esta categoría. Ambas fueron asesinadas por un desconocido después de ser víctimas de violencia sexual. El reconocimiento de estas y otras mujeres como víctimas de violencia machista lleva años siendo un clamor social.
También se contemplarán los feminicidios vinculados a la trata con fines de explotación sexual, prostitución u otras actividades con connotación sexual, e igualmente aquellos crímenes relacionados con la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. En lo que va de año, según el recuento elaborado por Feminicidio, se han registrado al menos dos feminicidios como consecuencia de la prostitución.
Precisamente hace apenas una semana, las impulsoras de Feminicidio hacían balance de los crímenes machistas cometidos en la última década. Y concluían que si había una categoría que había experimentado un notable incremento, eran los asesinatos de hombres contra sus madres. Estos casos quedarán a partir de ahora encuadrados en los feminicidios familiares. "El feminicidio familiar es el más invisibilizado de todos los tipos en España. En esta tipología, el mayoritario es el perpetrado por hijos contra sus madres. Necesitamos estudiar posibles protocolos para prevenir cuando hay un maltrato sistemático", afirmaba hace una semana la periodista Graciela Atencio, cofundadora de Feminicidio.
De acuerdo a la definición del Ministerio de Igualdad, se recogerán datos sobre los asesinatos de una mujer por un hombre "con relación de parentesco por consanguinidad o afinidad", pero también aquellos que respondan a un "crimen de honor", es decir, el asesinato debido a la "creencia de que la mujer habría causado desprestigio" a la familia. Según Feminicidio, en lo que va de año se han producido doce crímenes de este tipo. En marzo de este año, un hombre de 41 años se suicidó tras asfixiar a su madre, de 80 años, en Madrid. El último caso conocido, sucedido en Ripoll (Girona) en octubre del presente año, es el de un joven de 19 años que quitó la vida de su madre, de 46, después de una discusión.
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Otra de las categorías a las que feministas, expertas e instituciones han tratado de prestar especial atención es el feminicidio vicario. Se trata de aquellos casos en los que un hombre quita la vida a una mujer o a un menor con el único objetivo de causar daño a su víctima. Anna y Olivia, las niñas de Tenerife secuestradas y asesinadas por su padre este verano, estarían reconocidas en este apartado. También Ruth y José, los menores asesinados por su padre en lo que pasaría a la historia como el caso Bretón. La sensibilidad en torno a la violencia vicaria experimentaría un notable ascenso desde que en 2014 Naciones Unidas condenara a España por no proteger lo suficiente a Ángela González y a su hija. La niña fue asesinada por su padre durante una visita, pese a los gritos de alerta de su madre y las denuncias interpuestas contra él.
El feminicidio vicario no se ceñirá únicamente a los hijos e hijas, sino que también reconocerá a cualquier otra mujer asesinada con el mismo fin de infundir daño a una tercera. Es decir, también se entenderá como violencia vicaria la ejercida contra hijas mayores de edad, cualquier otra mujer que mantuviera relación con la víctima (amigas, hermanas, madres), siempre que el crimen funcione como herramienta para generar ese perjuicio. También serán reconocidos otros menores allegados, esta vez de ambos sexos, como sobrinos, primos o hermanos de la mujer a la que el criminal quiere herir.
Finalmente, el feminicidio social será aquel que se cometa contra una mujer tras una agresión, siempre que no sea de carácter sexual, por parte de un hombre con el que no se tenía una relación de pareja ni era familiar. En esta categoría entrarían las mujeres que eran amigas, compañeras o vecinas de sus agresores, entre otras relaciones. Lo sería, por ejemplo, toda mujer asesinada por un desconocido después de un robo. Y lo sería Laura del Hoyo, asesinada en 2015 por la expareja de su amiga Marina Okarinska. Hace ahora seis años, Sergio Morate acabaría con la vida de las dos. Marina sí fue considerada víctima de violencia machista, pero su amiga quedó en un limbo por no tener relación alguna con el culpable del crimen. Hoy, sí sería reconocida dentro de la categoría de feminicidio social, igual que lo serían Alba y Elena, asesinadas a manos del mismo hombre: José Luis Abet. El autor del triple crimen de Valga (Pontevedra) asesinó a su exsuegra y a su excuñada después de arrebatar a tiros la vida de su exmujer. Fue hace tres años. Todos estos casos se diferencian de la violencia vicaria porque el autor no buscaba herir a otra mujer, sino que el asesinato se comete de manera colateral contra mujeres que se encontraban en el lugar del crimen en el momento de los hechos. A partir de 2022, ninguna volverá a quedar en el olvido.
La demanda llevaba tanto tiempo siendo planteada por el movimiento feminista, que ya se había convertido en deuda histórica. Por fin quedará saldada: las mujeres asesinadas por razón de género estarán presentes en las estadísticas oficiales. Son las otras víctimas, las olvidadas, las invisibles. A partir de 2022, dejarán de serlo. Así lo ha anunciado este lunes el Ministerio de Igualdad: España será el primer país europeo en contabilizar otros feminicidios más allá del entorno de pareja, con el objetivo de desplegar políticas públicas que den respuesta a esas otras formas de violencia hasta ahora relegadas a los márgenes.
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