Hace cinco años, el feminismo se echó a las calles para clamar contra lo que entendía como justicia patriarcal. La violación grupal durante los Sanfermines de 2016 y la posterior sentencia tildando lo sucedido como un delito de abuso sexual, en lugar de agresión, revolvió los estómagos no sólo de las mujeres, sino de la mayoría social. El camino a recorrer no fue sencillo, pero sí fértil: lo sembrado entonces dio sus frutos en los tribunales y en la legislación. Primero, en forma de una sentencia que reconocía los hechos como agresión sexual. Segundo, en forma de una ley llamada a cumplir con el mandato feminista.
Esta semana, La Manada ha vuelto a ocupar titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) acordó este martes rebajar la condena a uno de los agresores, Ángel Boza. Los jueces han decidido que no serán quince los años que pase entre rejas, sino catorce. La decisión de los togados vino determinada por la nueva legislación en materia de libertad sexual y lo que se dio en llamar sus efectos indeseados: la conocida como ley del sólo sí es sí y la polémica revisión de las condenas que llevó aparejada tras su entrada en vigor.
Una vez más, el juicio de los magistrados ha sido objeto de controversia: la rebaja es consecuencia de un cálculo aritmético que no tiene lo suficientemente en cuenta la gravedad de los hechos juzgados. Así lo defendió la única magitrada discrepante: Esther Erice. Aunque la jueza ha centrado ahora todas las miradas, lo cierto es que su nombre no pasa desapercibido entre quienes buscan hacer de la justicia un espacio atravesado por la igualdad y la perspectiva de género. La magistrada, especializada en violencia contra las mujeres, lleva como estandarte la lucha por la igualdad y la formación como única respuesta a las demandas que plantea una sociedad cada vez más feminista. Erice atiende a infoLibre todavía abrumada por la repercusión mediática de su voto particular, pero con la satisfacción de observar cómo los planteamientos feministas comienzan a tener calado. También en los pasillos de los tribunales, aunque en ocasiones encuentre resistencias.
En su voto particular, rechaza el cálculo exclusivamente aritmético y habla de tener en cuenta la gravedad de los hechos. ¿Considera que esa gravedad de los hechos no ha sido lo suficientemente valorada?
Para determinar la pena, la sentencia [de 2019] del Tribunal Supremo establece, además de otros criterios que son de carácter más específico, una mirada amplia sobre la gravedad de los hechos, sobre las características de los agresores y su conducta, durante la comisión de los hechos y después. Por lo tanto, como así lo señala en el fundamento jurídico específico en el que está determinando la pena, yo entiendo que el Supremo fija quince años de prisión aludiendo a la gravedad de los hechos. Luego nos dice que esa pena no es el mínimo, que está muy próxima. Claro que tenemos que valorar la proximidad, no podemos poner la pena en un tramo superior, sino que hay que situarla siempre en el inferior, ya que habla de cercanía al mínimo. Pero yo creo que la proximidad no es lo único que debemos tener en cuenta, sino todos los elementos o circunstancias que rodean al caso.
¿Cuáles son las consecuencias de centrar la revisión de casos tan graves como este en un mero cálculo aritmético?
La propia doctrina del Tribunal Supremo rechaza el mero cálculo aritmético. Dice que en ocasiones puede estar justificado, cuando el cálculo aritmético nos dé una pena que se considere proporcionada, y nos explican con qué circunstancias se considera proporcionada. Pero salvo ese supuesto, al tribunal no le parece idóneo recurrir meramente al criterio aritmético.
La propia doctrina del Tribunal Supremo rechaza el mero cálculo aritmético
El TSJ de Navarra ha decidido finalmente rebajar la pena un año. ¿Es una rebaja significativa, teniendo en cuenta que la condena era de quince años de prisión?
No. En una pena de quince, un año es una parte bastante reducida. La horquilla va actualmente, grosso modo, de trece años y un día a dieciocho. Es un margen de años importante. Dentro de esa horquilla, un año es una rebaja que no sitúa a la pena muy lejos de donde estaban los quince años anteriormente. Sigue estando en la mitad inferior, tanto con quince como con catorce años.
En un debate que se ha centrado casi exclusivamente en las condenas, ¿echa en falta aspectos como la prevención y la reinserción?
Sí, se echa en falta considerablemente. No podemos olvidar que la ley de la que estamos hablando [la ley del sólo sí es sí] es una ley con muchos preceptos. Estamos centrados únicamente en aquellos preceptos que hacen referencia al derecho penal, que es una mínima parte del texto. Por lo tanto, estamos obviando otras cuestiones que son muy relevantes, como la prevención, el apoyo a las víctimas, el resarcimiento o el tratamiento institucional que tienen este tipo de delitos. Yo creo que el debate, centrándose sólo en el ámbito penal y en las condenas, se empobrece.
Han pasado cinco años desde la primera sentencia en la Audiencia Provincial de Navarra y desde entonces La Manada ha ocupado gran parte del espacio mediático y del debate político. ¿Cree que en este tiempo se ha podido incurrir en una revictimización de la víctima?
Indudablemente. La victimización secundaria, la que acontece después del propio delito –y el delito sería la victimización directa–, puede ser debida a múltiples factores, como el propio proceso penal y sus dinámicas, pero también al tratamiento social o mediático que se le dé. Sí, sí, claro que se ha producido una revictimización.
¿Qué asignaturas pendientes tiene la judicatura en materia de género?
De la sentencia que indignó al feminismo a la rebaja por el 'sólo sí es sí': 5 años de La Manada en los tribunales
En esta materia toda la sociedad está haciendo un trayecto. Se trata de una cuestión, o unas herramientas conceptuales, relativamente nuevas, con lo cual se está asimilando en las distintas disciplinas, en las distintas profesiones y en la vida cotidiana con lentitud. Pero se están asimilando. Por eso la formación es importante y tiene que ser continuada. No se trata sólo de recibir unos meros conceptos una vez, como puede ocurrir con cualquier material teórico que no tenga esta implicación tan fuerte, y dejarlos ya incorporados. Hay que vivenciarlos y por lo tanto ir aplicándolos día a día en las distintas resoluciones. Eso es un trabajo continuado, todavía nos queda mucho por hacer. A todo el mundo: es un trabajo que se hace por parte de toda la sociedad y afecta incluso a áreas personales que plantean cuestiones como la organización de los cuidados y los servicios.
El caso de La Manada dio pie a críticas generalizadas muy duras contra los jueces. ¿Cómo encaja esas críticas?
Nosotros, por la función que representamos, estamos obligados al respeto a la víctima, a los acusados implicados en la causa, a todos los testigos y a los profesionales. Pero también nuestra profesión conlleva escuchar. Cuando hay una crítica social mayoritaria, que puede tener o no tener razón y estar hecha de una manera idónea o no, pero principalmente lo que tenemos que hacer es escuchar y analizar si efectivamente tenemos que incorporar cambios o no. Y si no los tenemos que incorporar y la crítica es equivocada, casi me produce más tranquilidad. Pero en los momentos en que yo reflexiono y pienso que tenemos trabajo por hacer, es cuando realmente hay que tener una actitud más activa.
Hace cinco años, el feminismo se echó a las calles para clamar contra lo que entendía como justicia patriarcal. La violación grupal durante los Sanfermines de 2016 y la posterior sentencia tildando lo sucedido como un delito de abuso sexual, en lugar de agresión, revolvió los estómagos no sólo de las mujeres, sino de la mayoría social. El camino a recorrer no fue sencillo, pero sí fértil: lo sembrado entonces dio sus frutos en los tribunales y en la legislación. Primero, en forma de una sentencia que reconocía los hechos como agresión sexual. Segundo, en forma de una ley llamada a cumplir con el mandato feminista.