"Un feminismo para el 99%" que no entra en los grandes debates: prostitución, vientres de alquiler y porno

Son once puntos los que vertebran el acuerdo rubricado este martes entre PSOE y Sumar para un nuevo Gobierno de coalición. Quien quiera encontrar en sus 48 páginas medidas feministas, tendrá que analizar no sólo los apartados dedicados específicamente a las mujeres, sino que deberá ampliar la mirada. Un proyecto decididamente feminista está, también, en las estrategias en torno al empleo, la vivienda, la sanidad y la educación. ¿Qué rastro deja el feminismo en el acuerdo gubernamental entre las dos formaciones? Las líneas generales están definidas por una política continuista respecto a la pasada legislatura, sin entrar en los grandes debates que pueden penalizar a la coalición: nada de prostitución, ni pornografía, ni vientres de alquiler. Pero sí un compromiso categórico contra la violencia y una política laboral con perspectiva de género. Un feminismo, como se encargó de señalar la propia líder de Sumar, Yolanda Díaz, pensado para "el 99%".

En primer lugar, en términos generales, la igualdad entre hombres y mujeres se encuentra presente de manera transversal en buena parte de las cuestiones claves estampadas en el texto. El apartado relativo a ciencia e innovación incluye el fomento de la "igualdad efectiva entre hombres y mujeres", convocando el "distintivo de igualdad como sello de calidad científica"; y las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales deberán estar marcadas por una perspectiva de género. También se detienen en la igualdad dentro del sector público, a través de la Ley de función Pública de la Administración del Estado, ya acordada con los sindicatos. 

De la misma forma sobrevuela la "igualdad de género efectiva" en el deporte, garantizando la "presencia del deporte femenino en la carta de servicios de la radio y televisión públicas", así como el "adecuado tratamiento informativo –sin estereotipos de género– en los medios". También se plantean medidas de ayuda a la conciliación y planes específicos contra el abuso sexual en los clubes y federaciones, una propuesta especialmente significativa en el contexto de la denuncia por agresión sexual interpuesta por la futbolista Jenni Hermoso contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Hay avances, sí. Por ejemplo, en materia de corresponsabilidad. "Extenderemos el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados", dice el documento.

Violencia machista: reforzar las políticas actuales

En violencia de género, el compromiso es firme y pasa por asegurar "una dotación suficiente para garantizar la prevención, reforzar la atención, protección y reparación a las víctimas, incluyendo alternativas habitacionales, planes de inserción sociolaboral y programas de acompañamiento...". A renglón seguido, una de las claves de fondo: "...continuando con el despliegue de las políticas contra todas las formas de violencia". Es decir, la estrategia contra las violencias consiste en hacer extensiva la línea seguida hasta el momento. Lo cierto es que los últimos indicadores señalan que España va por el buen camino: las políticas feministas españolas ocupan el cuarto lugar en el índice elaborado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), publicado este mismo martes.

Sumar y el PSOE prometen prestar especial atención a otras formas de violencia, más allá de la ejercida en el ámbito de la pareja. Se trata de formas de violencia "no abordadas suficientemente en la actualidad" y que se trabajarán "siguiendo la metodología que se ha empleado en la lucha contra la violencia de género". Por ejemplo, incorporándolas al sistema VioGén y abordándolas desde un Pacto de Estado "renovado y blindado".

El nuevo Gobierno, como ha venido haciendo hasta hoy, pone el foco sobre los centros de salud y los servicios sociales como punto clave para la detección de la violencia machista. Deben existir, a juicio de los socios de coalición, "recursos específicos para la derivación y coordinación de los circuitos de atención y que eviten la victimización secundaria". 

El acuerdo hace mención a la ley del sólo sí es sí en un sentido, el de incidir en su carácter integral. Yolanda Díaz ya se detuvo en este aspecto de la ley durante esta entrevista conjunta de infoLibre en plena campaña electoral. Este punto, eso sí, cae en algunas imprecisiones: apuestan por reforzar el funcionamiento de los centros de crisis, pero lo cierto es que no todas las comunidades han cumplido con el mandato de abrir un centro por cada provincia antes de que finalice el año, tal y como obliga la ley. La tarea no estaría por tanto en el refuerzo, sino en la puesta en marcha según lo previsto y con todas las garantías.

Derechos reproductivos y colectivo LGTBI

En materia de derechos sexuales y reproductivos, con una reforma de la Ley del Aborto aprobada hace casi un año y muchas tareas por delante, la coalición se inclina por reforzar una figura: la Alta Inspección. Hace ya trece años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero señaló a esta herramienta como garante del cumplimiento de la ley. Más de una década después, la experiencia ha demostrado que su labor de vigilancia ha quedado desatendida, por lo que el próximo Gobierno tiene en sus manos recuperarla y evitar así las inequidades constatadas en el ejercicio de este derecho.

En esta misma esfera, el pacto también se compromete a promover "el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja", un promesa que ya hizo efectiva en noviembre de hace dos años el Ministerio de Sanidad.

Algunas de las medidas contempladas en el pacto no llevan aparejadas fórmulas concretas para su efectivo cumplimiento, sino que proyectan aspiraciones compartidas por los dos equipos. Por ejemplo, el establecimiento de "medidas para prevenir y perseguir la ciber-violencia en cualquiera de sus formas", sin concretar las vías específicas para hacerlo; o la eliminación de las "barreras que impiden que las mujeres puedan acceder, permanecer, progresar y ser remuneradas igual que los hombres en el ámbito laboral, acabando así con la brecha salarial de género". El acuerdo también enuncia su compromiso por garantizar que "la construcción del conocimiento se hace sin sesgos de género".

¿Y qué hay de la comunidad LGTBI? Sumar y el PSOE quieren impulsar un Pacto de Estado "a favor de los derechos de las personas LGTBI+ y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación", uno de los principales problemas denunciados por el colectivo. También plantean la "completa erradicación de las mal llamadas ‘terapias de conversión", tal y como está recogido en la ley trans. El hecho de que el acuerdo señale directamente a esta norma, sugiere que el Gobierno no irá un paso más allá para prohibir estas terapias a través del Código Penal –la ley sólo lo aborda desde una perspectiva de infracción administrativa–, tal y como han recomendado diversos expertos.  

Aquí comienzan las ausencias. El acuerdo programático no incluye ninguna mención expresa a las personas trans, a pesar de que el colectivo ha expresado que queda todavía trabajo para mejorar lo ya legislado. Por ejemplo, a través de la inclusión de las personas no binarias en la ley, una reivindicación que quedó fuera tras las negociaciones.

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Tampoco hay mención a algunos de los asuntos más polémicos en materia de igualdad. El acuerdo sí promete la tramitación de una ley integral contra la trata de personas –un compromiso que no llegó a cumplirse en la anterior legislatura–, pero no introduce en ningún sentido la prostitución. En diciembre de 2019, el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE contemplaba también una ley contra la trata y ponía el acento sobre las mujeres y niñas "obligadas a ejercer la prostitución". Fue la única mención sobre el papel, pero en la misma sesión de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí explicitó ante los micrófonos su intención de "abolir la prostitución". Un extremo que trajo consigo una batalla entre los morados y los socialistas, con la ley del sólo sí es sí del Ministerio de Igualdad y la propuesta abolicionista del PSOE como telón de fondo.

Tampoco hay rastro de la pornografía. En 2019, ambas formaciones dedicaban un punto exclusivo a esta cuestión y proponían "una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía". Se trata de un debate vivo dentro del movimiento feminista que tampoco ha cristalizado en propuestas sólidas durante la anterior legislatura y que hoy queda ausente del pacto.

Finalmente, los vientres de alquiler tampoco encuentran acomodo en ninguna de las 48 páginas. Hace cuatro años, la coalición recién conformada decía "no a los vientres de alquiler" y se comprometía a actuar "frente a las agencias que ofrecen esta práctica". Lo cierto es que la reforma de la Ley del Aborto incluyó medidas al respecto, pero una vez más la fricción entre las dos almas del Ejecutivo fue latente. La nueva ley prevé perseguir a las agencias que, valiéndose de técnicas de dudosa validez jurídica, median entre las personas interesadas en acceder a esta práctica y los países que sí la permiten. Pero Igualdad quería ir más allá y planteaba la persecución penal de las personas que accedan en el extranjero a esta práctica. La medida, sin embargo, se quedó fuera y no parece que hoy haya intención de volver a ponerla sobre la mesa.