A las puertas del Orgullo LGTBI, la ley trans está más cerca de ser una realidad. Este lunes el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la Ley de Igualdad LGTBI, que consagra la libre determinación de género e incluye, ahora sí, a los refugiados y las personas migrantes, siempre que no estén en situación administrativa irregular.
Es uno de los cambios que el Gobierno ha introducido después de que el texto pasara por las manos de los órganos consultivos y tras un año de espera desde que se aprobara en primera vuelta. "Se afianza la equiparación del derecho de las personas extranjeras al cambio registral en pie de igualdad con las personas españolas", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad. De esta manera, toda persona extranjera que acredite la imposibilidad de realizar el cambio registral de sexo y nombre en su país de origen, podrá solicitar la rectificación en los documentos que sean expedidos por España. Era una de las grandes ausencias de la anterior versión de la norma y una de las principales reivindicaciones del colectivo.
La libre determinación del género será el epicentro de la ley: la norma blinda de facto la autodeterminación a través de una doble comparecencia ante el Registro Civil y tres meses entre cada cita, como pactó el Gobierno tras una ardua negociación entre los socios. "El Estado les reconoce su derecho a ser", ha celebrado este mismo lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Personas intersexuales
Otra de las novedades que incluye el texto que ha sido aprobado este lunes en segunda vuelta anida en la atención sanitaria a las personas intersexuales: queda prohibida la modificación genital a personas intersex menores de doce años. La anterior versión solo prohibía dicha práctica para las personas recién nacidas. En cuanto a los menores de entre doce y dieciséis años, solo se permitirá la modificación a solicitud del propio menor, siempre que "por su edad y madurez pueda consentir de manera informada". Según Naciones Unidad, entre un 0,005% y un 1,7% de la población mundial nace con rasgos intersex, un colectivo, señala el organismo internacional, objeto de "discriminación y abusos" habitualmente desamparado por las leyes.
Formación en diversidad sexual
En la esfera educativa, la ley no solo impulsará formación LGTBI en las oposiciones y pruebas de acceso para el profesorado, sino que incluirá contenido LGTBI en la universidad: a partir de ahora los docentes, sanitarios y juristas contarán con formación en diversidad sexual.
Matrimonio igualitario
Han pasado 17 años desde que el matrimonio igualitario quedó aprobado en España. La que es una de las principales conquistas del colectivo, queda también reforzada gracias a la nueva ley. ¿De qué manera? A través de mejoras en el reconocimiento del matrimonio en terceros países. Las oficinas consulares españolas, perfilan fuentes de Igualdad, podrán celebrar uniones siempre que al menos uno de los contrayentes sea español. Eso sí, solo será posible en aquellos países donde las leyes no prohíban expresamente la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Acabar con la infradenuncia y la revictimización
La ley trans vuelve al Consejo de Ministros a las puertas del Orgullo sin el debate de hace un año
Finalmente, la ley tratará de desplegar todos los instrumentos posibles para evitar la llamada revictimización secundaria: este fenómeno se concibe como una infracción muy grave y como una "forma de violencia consistente en la falta de diligencia debida en el tratamiento de una denuncia o una solicitud de ayuda de una víctima". Uno de los principales escollos que el colectivo encuentra a la hora de denunciar LGTBIfobia, está precisamente en la desconfianza en las instituciones y la falta de credibilidad que perciben las víctimas por parte de las autoridades.
Flecos pendientes
A pesar de las novedades que quedan incluidas en el texto, el colectivo sigue denunciando una ausencia: la de las personas no binarias. En un primer momento, la ley se proponía estudiar su situación y sus necesidades para, en el plazo de un año, decidir el encaje legal de estas personas. Sin embargo, la hasta ahora versión definitiva de la norma las deja fuera. Las principales organizaciones LGTBI reclaman que se tenga en cuenta a las personas no binarias a través de una tercera casilla en el DNI. También piden mejoras para los más jóvenes, permitiendo el cambio del sexo registral y del nombre para aquellos que cuenten con la suficiente madurez, sin límite etario.
Actualmente, si los grupos parlamentarios no acuerdan un cambio en este terreno, los menores de doce años tendrán la posibilidad de acceder a un cambio de nombre, mientras que los menores de entre doce y catorce podrán cambiar su sexo registral asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. Aquellos que tengan entre catorce y dieciséis, por su parte, tendrán acceso a los derechos que consagra la ley, pero siempre a través de sus representantes legales. Y los de dieciséis en adelante podrán hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de personas adultas.
A las puertas del Orgullo LGTBI, la ley trans está más cerca de ser una realidad. Este lunes el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la Ley de Igualdad LGTBI, que consagra la libre determinación de género e incluye, ahora sí, a los refugiados y las personas migrantes, siempre que no estén en situación administrativa irregular.