En enero, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba su intención de poner en marcha toda la maquinaria para evitar que los menores accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón. Este martes, la ambiciosa pretensión se ha concretado en una iniciativa: el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La iniciativa, aprobada en el Consejo de Ministros, no aborda en exclusiva el acceso a pornografía, pero sí es un pilar fundamental.
Las claves: más investigación, más sensibilización y más vigilancia. Algunas tendrán una ejecución previsiblemente sencilla, otras serán todo un desafío cuya fórmula no está todavía clara. "Hay que ver de qué manera se hace, para encarar dos retos: el debate entre intimidad frente a control de datos, pero también el propio reto tecnológico", expone en relación al sistema de verificación de edad Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children.
El anteproyecto incluye la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de manera que su artículo 89 establezca "sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía".
Sobre todo, opina la experta consultada, es importante concretar de qué manera "es viable en páginas con contenido gratuito". En Save the Children reconocen no tener "la respuesta tecnológica", pero sí creen necesaria la medida de control entre los menores.
A finales del año pasado, Reino Unido aprobaba la Ley de Seguridad Online, una legislación que incluye también la obligación para las webs pornográficas de verificar la edad de los usuarios. Es el principal referente europeo en esta materia y lo hace a través de mecanismos como el reconocimiento biométrico –con una fotografía, la voz o la huella dactilar–, un método polémico por tratarse de herramientas invasivas en términos de privacidad. Otros países como Francia, Italia y Alemania también avanzan en la misma dirección. Además, la Ley europea de servicios digitales obliga a las webs a rediseñar sus sistemas para garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad capaz de prevenir el acceso a contenido pornográfico por parte de menores, una vez más mediante herramientas que verifiquen la edad de los usuarios.
Investigar y sensibilizar
El Gobierno está decidido a poner coto al consumo del porno entre menores, pero para ello quiere empezar por el principio: ¿cuál es exactamente la dimensión del problema? El anteproyecto incluye una estrategia nacional sobre la protección de la infancia, cuyos preceptos apelan a la investigación sobre el consumo de la pornografía y su impacto en los menores. Hasta ahora, algunas organizaciones han comenzado a ponerle cifras. El informe de Save the Children (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, publicado en 2020, señala que el 40% de los menores reconoce la pornografía como fuente de aprendizaje afectivo sexual, frente a un 26% que apunta al centro educativo. Un 48% de los participantes en el estudio estima que la pornografía es un espacio válido de información. Asimismo, una investigación del Centro Reino Sofía concluye que uno de cada cuatro jóvenes ha visto porno por primera vez antes de los doce años y un 12% lo consume a diario. Uno de los retos principales ahora será dar respuesta a la hipótesis que liga el consumo del porno a la violencia sexual.
En esa línea, el anteproyecto llama a la difusión de información y campañas de concienciación, desde la Administración Pública, sobre los derechos de los menores en el entorno digital y los riesgos asociados, "prestando especial atención al consumo de material pornográfico".
Educación sexual, la asignatura pendiente en las aulas para que la limitación del porno sea un éxito
Carmela del Moral insiste en la "necesidad de advertir sobre esta cuestión" y entiende que la sensibilización en torno a los riesgos de internet incluirá pedagogía sobre el porno. Pero ligado a ello, advierte, es fundamental que "se impulse la formación afectivo-sexual", todavía una "asignatura pendiente" en las aulas a pesar de ser un mandato legal.
Medidas también en el Código Penal
El anteproyecto incluye varias modificaciones penales relevantes relacionadas con el porno. Para empezar, pone la lupa sobre las conocidas como deepfakes, la falsificación y difusión de imágenes generalmente de contenido sexual. Un nuevo artículo, el 173 bis, impondrá pena de prisión de uno a dos años a quienes "sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante" inteligencia artificial, simulando situaciones de "contenido sexual o gravemente vejatorias". Si su difusión se realiza a través de un "medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías", la pena será mayor.
Por otro lado, la iniciativa refuerza el reproche penal contra delitos que tienen que ver con la pornografía infantil. Actualmente, quien contacte con un menor de dieciséis años a través de internet y realice actos "dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas", será castigado con penas de seis meses a dos años. El anteproyecto estipula que la pena será superior cuando "el embaucamiento se lleve a efecto utilizando el agresor una identidad ficticia o imaginaria, o atribuyéndose edad, sexo, género u otras condiciones personales diferentes a las propias". Asimismo, el que venda, exhiba o ponga a disposición de menores material pornográfico también será castigado con penas mayores si, para hacerlo, se vale de una identidad ficticia.
En enero, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba su intención de poner en marcha toda la maquinaria para evitar que los menores accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón. Este martes, la ambiciosa pretensión se ha concretado en una iniciativa: el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La iniciativa, aprobada en el Consejo de Ministros, no aborda en exclusiva el acceso a pornografía, pero sí es un pilar fundamental.