El consenso es absoluto: estamos ante una situación de extrema gravedad. Pero los problemas estructurales no se resuelven con fórmulas mágicas, ni tampoco las medidas coyunturales serán capaces de arrancar la violencia de género de raíz. Es el análisis de los expertos ante el repunte de crímenes machistas que ha marcado el pasado mes de diciembre y que continúa haciendo saltar todas las alertas este enero. Pero el momento de emergencia requiere propuestas sólidas. Sobre la mesa, algunas soluciones que van desde el refuerzo de la protección, hasta el despliegue de herramientas para llegar a las víctimas más vulnerables.
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, recuerda que los análisis deben realizarse con mesura: el repunte, desde un punto de vista estadístico, se mide a lo largo del tiempo, subraya. En cualquier caso, es importante no perder de vista que el conjunto de políticas públicas desarrolladas desde hace dos décadas sí tiene un impacto sobre los crímenes machistas: si en 2003 eran 71 las víctimas mortales contabilizadas, en 2022 fueron 49. Esta realidad convive con otra no menos importante: que exista una sola víctima mortal es ya un fracaso del sistema.
Soleto entiende que las cifras causan alerta, pero recuerda que un análisis riguroso debe detenerse también en otros factores más allá de los asesinatos: como las 11.688.411 mujeres que han sufrido violencia a lo largo de sus vidas o las 4.048.273 que han convivido con ella en los últimos doce meses, según la Macroencuesta de 2019. "Hay que contemplar la envergadura global del problema" y ese enfoque revela que "cientos de miles de mujeres conviven con el riesgo". Así, añade la experta, las medidas "tienen que ir encaminadas a la erradicación" y en ese sentido existe una "legislación, en términos generales, acertada", concede.
No obstante, añade, la preocupación es evidente: es igualmente necesario hablar de la impunidad, del castigo a los agresores, de la protección a las víctimas y de los feminicidios a pesar de la existencia de denuncias previas, señala Soleto.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha puesto manos a la obra y ha reunido este martes a todos los cuerpos policiales para analizar el repunte. Sobre la mesa, la posibilidad de alertar a las mujeres de los antecedentes de sus parejas en el momento de presentar una denuncia en comisaría contra el presunto agresor. Una propuesta sobre la que la Fiscalía General del Estado ha realizado algunas puntualizaciones: si finalmente es jurídicamente viable, no podrá realizarse de forma automatizada, sino en función de cada caso particular.
Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, advierte que el análisis parte de un "enfoque insuficiente y en cierto modo desviado". Las medidas planteadas en los últimos días, como la trazada por el Ministerio del Interior, son positivas en tanto que suponen una mejora "en los espacios de protección cuando el riesgo es alto". Pero no resuelven el problema de manera global. "Es una medida muy quirúrgica" dirigida a un porcentaje de personas mínimo: maltratadores que ya han actuado, que además son reincidentes y que además tienen una pareja nueva.
Hoy, recuerda Lorente, existe un 46,4% de mujeres que ha sufrido violencia por parte de sus parejas y no ha denunciado por considerar que el problema no es lo suficientemente grave. Informar sobre un maltrato pasado no siempre va a dar los frutos deseados, reflexiona el médico forense, quien se pregunta cuántas de esas mujeres simplemente pensarán que pueden afrontar el problema de manera privada o estarán convencidas de que el agresor ha dejado atrás el maltrato. "Hay que tener en cuenta esas limitaciones. Estamos en una sociedad machista, que no se nos olvide", advierte.
Soleto considera interesante "cualquier idea que suponga un incremento de la información a las víctimas", pero a la espera de que se concrete la fórmula, cree que su "articulación jurídica es compleja". En cualquier caso, matiza, si la reincidencia se asume como un problema, conviene hacerse muchas otras preguntas: "¿Qué tipo de sanciones o penas se están imponiendo a los maltratadores? ¿Son suficientes para evitar la repetición? ¿Lo son las medidas de protección?". Las mujeres, añade, están ya cansadas de "órdenes de alejamiento o medidas de protección de una duración ridícula que no son suficientes para que las víctimas rompan con la violencia". En este mismo punto coincide Lorente. "¿Es suficiente una orden de alejamiento de 200 metros?", se cuestiona y recuerda que es urgente repensar estrategias como la valoración de riesgo por parte de las fuerzas de seguridad.
Sobre protección también se detiene el Ministerio de Igualdad. Y en concreto plantea un reto: llegar a las más vulnerables. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha destacado las "situaciones de vulnerabilidad" que atraviesan a algunos de los asesinatos registrados en el último mes y ha apuntado la necesidad de revisar si "todas las herramientas existentes están actualizadas de acuerdo con la sociedad". "Tenemos que preguntarnos si los recursos están llegando a las mujeres jóvenes y las octogenarias", ha puesto como ejemplo.
Coordinación, formación e ir a la raíz
El ministerio de Irene Montero ha insistido en un mandato de obligado cumplimiento: mejorar la coordinación institucional entre las fuerzas de seguridad, los juzgados, los servicios sociales y las comunidades. Ya el pasado año, el departamento inició un trabajo de revisión de los protocolos interinstitucionales en las comunidades autónomas, algunos desactualizados desde hace años. Las comunidades, por su parte, pidieron entonces más recursos humanos y materiales para abordar el problema. En ese sentido también se ha manifestado Ángela Rodríguez, quien ha recordado que este año "se va a invertir más que nunca" en la lucha contra la violencia. La secretaria de Estado de Igualdad ha deslizado, en esa misma línea, la posibilidad de repensar la aplicación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinados a comunidades y ayuntamientos: "Los bancos pintados de colores no están mal, pero podrían tenerse más servicios para atender a mujeres".
Los expertos insisten también en factores como la formación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ruptura con la violencia. Una de las víctimas mortales confirmadas este mes fue asesinada diez días después de que su denuncia fuera archivada. En este caso, la mujer decidió dar un paso atrás cuando llegó el momento de testificar, un fenómeno en absoluto residual y bien estudiado por los especialistas. "Existe la posibilidad de persecución de oficio", recuerda Soleto, si bien habitualmente "los medios probatorios están basados casi exclusivamente en el testimonio de la víctima", por lo que si lo retira es "muy probable" que el caso acabe archivado.
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La Macroencuesta, recuerda la experta, habla de miedo, vergüenza y presión social entre los motivos por los que las mujeres no denuncian, elementos que "siguen operando una vez se han dado los primeros pasos". Por este motivo es importante no solo detenerse en la formación de los operadores jurídicos, sino también en los motivos por los que una víctima decide no seguir adelante.
"Tienen que ir bien asesoradas, saber las consecuencias de denunciar y de retirar la denuncia", abunda Soleto, quien recuerda cuál es la cuestión de fondo: "Las mujeres pueden denunciar, pero el impacto emocional es gigante. Al final, ellas lo que quieren es que les dejen de pegar" y a veces, según el ciclo de violencia definido por los expertos, se produce un cese de los malos tratos ilusorio tras los primeros pasos de emancipación por parte de la víctima. "Se da como consecuencia una falsa seguridad, la idea de que la violencia ya ha parado y muchas mujeres piensan que no hace falta seguir adelante", completa la directora de la Fundación Mujeres.
Si en algo coinciden las voces pulsadas es en la educación como única fórmula capaz de ir a la raíz del problema. "La vacuna no es otra que la concienciación y la educación para generar anticuerpos", expone Lorente. Menos de un 1% de la población, según los barómetros que el CIS ha ido publicando a lo largo del año pasado, considera que la violencia de género sea un problema grave. Y entre los más jóvenes, el panorama no es menos desolador: uno de cada cinco chicos cree que la violencia de género es un invento ideológico.
El consenso es absoluto: estamos ante una situación de extrema gravedad. Pero los problemas estructurales no se resuelven con fórmulas mágicas, ni tampoco las medidas coyunturales serán capaces de arrancar la violencia de género de raíz. Es el análisis de los expertos ante el repunte de crímenes machistas que ha marcado el pasado mes de diciembre y que continúa haciendo saltar todas las alertas este enero. Pero el momento de emergencia requiere propuestas sólidas. Sobre la mesa, algunas soluciones que van desde el refuerzo de la protección, hasta el despliegue de herramientas para llegar a las víctimas más vulnerables.