"Intentó violarme en su habitación": la inexplicable inmunidad del jefe de la embajada afgana en Madrid

Samira conoció a Mohamad Rahim Peerzada allá por el año 2022. Ella llevaba apenas unos meses en suelo español, donde había llegado huyendo de los talibanes. Él, se presentaba como jefe de la Embajada de Afganistán en Madrid. "Lo conocí en una fiesta. Me invitó a comer y fuimos a su casa. Me llevó a su habitación e intentó violarme", relata la joven afgana en conversación con infoLibre. Ella opuso resistencia enseguida, le hizo saber con total claridad su rechazo y se fue.

Samira es en realidad un nombre ficticio. Es la condición que ha puesto la víctima para participar en el reportaje y relatar su historia. Ha decidido hablar ahora, casi tres años después de lo sucedido, tras conocer otros casos similares, todos ellos recogidos en una investigación del diario alemán Die Welt. "Deberíamos denunciar, pero por un tema cultural no estamos acostumbradas: preferimos estar calladas para no ser juzgadas", reconoce al otro lado del teléfono. Samira tenía claro que el dedo acusador le reprocharía haber ido voluntariamente a su casa, habría tenido la habilidad de desplazar la responsabilidad de lo sucedido sobre ella. Sencillamente, prefirió olvidar y no volver a hablar del asunto. La misma dinámica la han seguido la mayoría de las víctimas, excepto una que sí denunció.

La Fiscalía provincial de Madrid recibió el 26 de agosto de 2024 un correo electrónico donde se relataba una "agresión sexual con sumisión química ocurrida en Madrid y cometida por una persona que identifica por el nombre de D. Rahim Peerzada y de la que afirma ser el jefe de la embajada de Afganistán en España", según recoge el escrito de diligencias de investigación preprocesal, al que ha accedido este diario. La Fiscalía trata entonces de recabar información "referida a la condición de personal diplomático del presunto autor del hecho a fin de concretar si existe inmunidad diplomática". La Policía Judicial concluye finalmente que el denunciado es "integrante del Cuerpo Diplomático acreditado en España, ostentando el cargo de Consejero de la Embajada de la República Islámica en Afganistán". 

Su inmunidad le protege, así que el Ministerio Público determina que "la condición de miembro del cuerpo diplomático impide realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos por la autoridad policial y judicial española". El caso quedó archivado en septiembre del año pasado, sin posibilidad de recurso.

La inexplicable inmunidad

Colectivos de afganos en suelo español llevan meses denunciando de forma incesante que el actual jefe de la embajada ha sido señalado como agresor sexual por distintas mujeres, pero también como autor de conductas que encajarían en una suerte de corrupción generalizada en el seno de la institución. Hablan de "corrupción financiera y recepción de dinero ilegal", pero también de un "uso indebido de recursos estatales" para fines personales, "colaboración con el grupo terrorista talibán" y emisión "ilegal de documentos a personas no afganas".

A través de un documento fechado a 31 de enero de 2025, las organizaciones solicitaban al Ministerio de Exteriores la investigación inmediata de los hechos, la destitución de los implicados, una reforma de la estructura de la embajada y la protección efectiva de las víctimas. Ese mismo día, los refugiados afganos organizados en distintas entidades se reunieron con representantes del ministerio para exponer formalmente la situación. Son atendidos y escuchados por un portavoz oficial, quien sella en ese momento el compromiso de estudiar la situación y tomar medidas, según fuentes presentes en la cita.

En una carta del 14 de marzo, consultada por este diario, la Presidencia del Gobierno se dirige al líder de una de esas organizaciones para agradecerle la información trasladada y hacer constar su conocimiento sobre la reunión celebrada en enero. La misiva la firma el director del gabinete, Diego Rubio, quien señala: "El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está a su disposición para mantenerles informados del seguimiento que se dé al caso y las acciones que eventualmente se puedan tomar al respecto". 

Este miércoles, fuentes oficiales del ministerio dirigido por José Manuel Albares informaron de que Mohamad Rahim Peerzada "no representa a ninguna delegación oficial, no está acreditado en España y no goza de inmunidad diplomática en nuestro país". El departamento no aclara desde cuándo, ni tampoco qué cargo concreto ocupa dentro de la embajada, ni por qué ha seguido asistiendo a actos oficiales hasta ahora, pese a las denuncias y acusaciones que lo señalan.

"Su tarjeta de residencia diplomática debía haber caducado hace un mes"

Lo cierto es que la embajada afgana se encuentra en una suerte de tierra de nadie actualmente. España no reconoce al régimen talibán, pero el diplomático ha seguido ocupando durante estos años un puesto de responsabilidad. Un vistazo a las agendas de la comunicación –documentos que sirven como herramienta de trabajo para los profesionales de los medios y que son elaborados cada año por la Secretaría de Estado de Comunicación, órgano dependiente de Presidencia del Gobierno– arroja algo de luz al asunto.

Según este documento oficial, en el año 2020, antes de la llegada de los talibanes, el Gobierno de España contaba con cinco cargos procedentes de Afganistán como "cuerpo diplomático acreditado en España". Entre ellos, el embajador Humayoon Rasaw. Pero ni rastro todavía de Peerzada. Hasta el año 2021. Entonces, el protagonista del actual escándalo sí figura como número dos del embajador. Es decir, aparece por primera vez como consejero. En agosto de ese año los talibanes llegan al poder y la embajada trata de mantenerse en pie, conservando su estructura. Sería por poco tiempo. 

A principios de septiembre de 2021, los medios se hacían eco del limbo legal de cuatro diplomáticos de la embajada, a la espera de "clarificar su situación tras la instauración del emirato talibán". Uno de ellos era Peerzada. Días después, el embajador presentaba su dimisión. Peerzada se quedaba solo. En la agenda de la comunicación de 2022, sólo él conserva su cargo ligado a Afganistán, una vez más en el apartado del "cuerpo diplomático acreditado en España", siempre como consejero. Sigue figurando como tal en todas las agendas de la comunicación de los años posteriores [aquí y aquí] y todavía a día de hoy consta en el buscador oficial de Moncloa. Es el único nombre vinculado al cuerpo diplomático de Afganistán.

Los resultados de esta búsqueda vienen a confirmar que el diplomático había mantenido su cargo y la inmunidad asociada. En septiembre de 2024, tras la denuncia por violencia sexual, la Fiscalía explicaba que el diplomático gozaba de inmunidad porque "la República Islámica de Afganistán no ha renunciado [a ella] mediante consentimiento expreso o tácito".

Fuentes conocedoras confirman que "fue nombrado consejero en Madrid en febrero de 2021, unos meses antes del colapso del gobierno de Ashraf Ghani, pero tras la marcha de su embajador prácticamente asumió la jefatura de la embajada". Añaden que "su crédito diplomático tiene cuatro años" y su tarjeta de "residencia diplomática debía haber caducado hace un mes".

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La periodista alemana Ekaterina Bodyagina inicia la investigación hace meses, a raíz del testimonio de la víctima que sí denunció y que reside ahora en una localidad próxima a Colonia. La mujer comparte con el diario alemán la agresión sexual sufrida hace tres años y la negativa de investigar por parte de la Fiscalía de Madrid. A preguntas de este diario, la periodista se apresura en aclarar que Peerzada "es diplomático, pero sólo actúa como embajador de facto. En los documentos oficiales se le denomina consejero". Bodyagina describe un "clima de terror" dentro de la comunidad afgana en España debido a "llamadas amenazantes desde números anónimos, instándoles a dejar de protestar con Peerzada". 

Según ha podido constatar la investigadora, el diplomático "supuestamente aprovechó sus conexiones con los talibanes para infundir miedo en la comunidad", lo que ha hecho que muchas mujeres víctimas de violencia hayan optado por no denunciar. "Algunas mujeres que compartieron sus historias conmigo solicitaron el anonimato, principalmente porque tienen familiares en Afganistán", asiente Bodyagina. "Esto pone de relieve el grave riesgo que supone que un diplomático que trabaja en un país de la Unión Europea esté vinculado a los talibanes y pueda utilizar esa conexión para intimidar a otras personas", lamenta.

Exteriores no ha aclarado cuál es el futuro del presunto agresor, si deberá rendir cuentas ante la justicia española, si corre el riesgo de ser deportado o si el ministerio prepara alguna acción adicional. Tampoco ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la situación en la que queda la embajada afgana a partir de ahora.