El PP se suma a combatir el negacionismo de la violencia machista pese a obviarla tras pactar con Vox

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género está, desde este lunes, un paso más cerca de su renovación. A falta de superar los últimos filtros, el acuerdo institucional plantea una batería de medidas que han sido avaladas por los principales grupos parlamentarios. Entre ellos, el Partido Popular. Los conservadores han estampado su firma en un documento que consagra de forma clara un compromiso: fortalecer la "respuesta institucional frente al negacionismo" de la violencia machista.

Es una de las 462 medidas contenidas en el informe, al que ha podido acceder infoLibre. El mismo precepto apuntala el compromiso de conceder "la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género", un enunciado que no siempre ha sido respetado por los conservadores. Las elecciones municipales y autonómicas celebradas hace más de año y medio dieron cuenta de ello.

Los resultados electorales de entonces dieron el pistoletazo de salida a una serie de pactos con la ultraderecha, marcados por una posición negacionista de la violencia machista sin matices. Aquel posicionamiento ideológico fue más allá de lo puramente discursivo o simbólico, materializándose en la puesta en marcha de medidas regresivas con un impacto significativo en la vida de las mujeres. Valencia, Andalucía y Castilla y León fueron los primeros ejemplos de cómo la entrada de la extrema derecha en las instituciones implicaba la asfixia de las políticas públicas de igualdad. Entre los principales hitos de estas alianzas, se encuentra la eliminación de las concejalías específicas, la introducción del concepto de violencia intrafamiliar o el arrinconamiento de los minutos de silencio.

En territorios como Guadalajara, conservadores y ultras pactaron sustituir los puntos violeta de las fiestas por "puntos de seguridad para todos", en las Corts Valencianes se esfumó el concepto "violencia machista" de la pancarta contra los feminicidios y en Maracena (Granada), la bolsa social de empleo dejó de tener en cuenta la puntuación por ser víctima de violencia de género. En Valencia, la fiscalía especializada en violencia de género agonizó como consecuencia de un recorte del 30% de su personal. Son sólo algunos ejemplos de la deriva reaccionaria y antifeminista de las administraciones tras la luna de miel entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y la formación de Santiago Abascal.

Ahora, los conservadores cambian radicalmente el rumbo. Al menos sobre el papel, tras rubricar el informe que avala la renovación del Pacto de Estado. Vox, por su parte, se opone sin rodeos a desplegar las medidas contempladas en el acuerdo estatal.

Libros, farmacias e inteligencia artificial

La cierto es que la oposición de Vox entra dentro de lo previsible. No sólo es que el partido ultra haya sido siempre coherente con sus tesis negacionistas, es que el grueso de las medidas acordadas chocan frontalmente con sus postulados. Entre otras, aquellas enfocadas a la incorporación de la educación afectivo sexual en las aulas, la atención específica de colectivos vulnerables como las mujeres migrantes o el reconocimiento de las organizaciones feministas como agentes activos en la estrategia contra la violencia.

En los centros educativos, la administración se compromete a operar en distintos frentes: desde la puesta en marcha de protocolos de detección precoz de la violencia, hasta el refuerzo de los contenidos escolares desde una perspectiva de género. En este último punto, se garantiza la inclusión del "origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista en los libros de Historia", totalmente ausente hasta ahora.

En el ámbito de la detección será clave la sanidad: no sólo la consulta del médico, sino también otros espacios como las farmacias. Siguiendo la estela de experiencias previas exitosas, el acuerdo plantea la difusión de campañas dirigidas a posibles víctimas a través de las farmacias, cuyos profesionales recibirán además formación específica para aprender a identificar las señales de la violencia de género cuando la tengan enfrente.

Con la mirada puesta en los profesionales, el pacto plantea el reconocimiento de la conocida como violencia de segundo orden: es decir, las represalias, humillaciones y persecución de las personas que apoyan a las víctimas, incluyendo aquellos actos que impidan la atención y recuperación de las mujeres atravesadas por situaciones de violencia.

Gran parte de las medidas desarrolladas en el documento incluyen el refuerzo de estrategias y herramientas que ya existen, pero que requieren de un impulso urgente. Entre otras cuestiones, los grupos parlamentarios han acordado integrar la inteligencia artificial en varios de los instrumentos que utiliza la administración. Confían en que los avances tecnológicos sirvan para mejorar el análisis predictivo del sistema de seguimiento VioGén y también para reforzar la actuación policial a través de mejoras en "los sistemas de alarma, geolocalización y protección".

En cuanto a las fuerzas de seguridad, el pacto plantea impedir el acceso a VioGén a los agentes "incursos personalmente como autores en casos de cualquier forma de violencia de género", con el fin de impedir que puedan encontrar datos personales de las víctimas. Esta falla ya fue en su día señalada a este diario por la exdelegada del Gobierno contra la Violencia Machista Victoria Rosell.

El foco en la justicia

El acuerdo pone especial cuidado en la incorporación de medidas destinadas a la esfera judicial, con un papel protagonista de la formación de los operadores jurídicos. Como ya hiciera el primer pacto, el documento incide en la formación de los jueces en lo que respecta al falso síndrome de alienación parental, carente de base científica. Aunque el anterior pacto promulgó su prohibición a través de la Ley de protección integral a la infancia, el nuevo acuerdo incide en afinar la vigilancia para evitar que se aplique de forma indirecta.

Entre las novedades consensuadas, se encuentra también la supresión de algunas atenuantes en los delitos de violencia de género, como la de confesión y la de reparación del daño, una cuestión objeto de intensos debates durante el juicio contra Dani Alves.

A nivel organizativo, las instituciones tratarán de resolver los fallos de coordinación que impactan directamente sobre la vida de las víctimas. Entre otras, se pretende impulsar una instrucción para que los juzgados de familia y de primera instancia puedan comprobar si existen procesos penales activos o antecedentes de violencia de género en aquellos procesos que afecten a la infancia, o siempre que existan indicios de situaciones de violencia contra la mujer.

La justicia tendrá además la obligación de detectar posibles "denuncias cruzadas con el objetivo de evitar que se conviertan en una estrategia para obstaculizar el proceso de la víctima de violencia de género". Se prevé, además, incrementar la protección de las víctimas en episodios de "especial riesgo" como el momento de ejecución de sentencias, durante el divorcio o separación, en la ruptura de la relación o en periodos vacacionales.

En cuanto a la reinserción, la administración de justicia también ejecutará actuaciones de reeducación de los agresores, a través de programas de tratamiento e intervención psicosocial. "Todo ello con el objetivo de generar un cambio cognitivo y conductual en quienes ejerzan violencia de género que facilite adoptar un comportamiento respetuoso con las mujeres y no discriminatorio ni violento".

Prostitución, pornografía y otras formas de violencia

Uno de los grandes avances aplaudidos por los grupos y las organizaciones feministas es la incorporación de otras formas de maltrato, más allá de aquel que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja. Varios de los diez ejes del pacto están enteramente dedicados a abordar distintos tipos de violencia, como la vicaria, la económica y la digital. La violencia económica será tipificada por primera vez como delito, entendida como la "acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos". El reconocimiento estará ligado a medidas específicas para detectar, castigar y combatir esta forma de violencia. En cuanto a la violencia digital, se entenderá como "todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías".

Primer paso para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pese a la oposición de Vox

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El pacto prevé la reforma de la Ley contra la Violencia de Género para incluir como víctimas a aquellos menores que ya están siendo reconocidos como víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar. Se deberá desarrollar legalmente el reconocimiento de los hijos como víctimas directas, a través de un título habilitante que permita el acceso a los recursos que tienen a su disposición.

También en relación a los menores, el compromiso institucional pasa por prevenir la violencia sexual, el acceso a la pornografía y otros contenidos no apropiados para su edad. En ese sentido, se reitera la necesidad de interponer sistemas de verificación de edad en webs pornográficas, se garantizará el acceso a herramientas de control parental y se promoverán campañas de sensibilización dirigidas a adolescentes.

En materia de trata y prostitución, el pacto no olvida un compromiso que el Gobierno lleva años arrastrando: la aprobación de la ley contra la trata. Se pretende, además, "desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización, con especial atención a adolescentes y jóvenes". También se impulsarán cambios legislativos para "combatir la publicidad de la prostitución en todas sus formas" y se promoverán medidas para "la lucha contra el proxenetismo, castigando a la figura del proxeneta".