Caminar hacia su regulación o apostar por la abolición. El debate, con sus muchas aristas, sobrevuela hoy entre las bancadas del Congreso de los Diputados. Pero la misma cámara ya lo discutió hace décadas. España se preparaba para encarar el primer tercio del siglo, ajena al golpe de Estado y al régimen que echaría por tierra cualquier aspiración de progreso. En 1935, nace el primer decreto abolicionista: "Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida".
La prostitución se había introducido como prioridad en la agenda política años atrás. Y si un nombre pasaría a la historia, ese sería el de Clara Campoamor. La parlamentaria, cuya elocuente defensa del sufragio universal sigue estudiándose en las aulas, definió la prostitución como una "quiebra para la ética" y apostaba de manera ferviente por terminar con lo que entendía como la "degradación de un enorme número de mujeres", pero también de hombres "a quienes las leyes les dicen que pueden acercarse a una mujer sin amor, sin simpatía, sin siquiera un gesto cordial de estimación".
"Para Clara Campoamor, la prostitución era una gran vergüenza del Estado", elogia la diputada socialista Laura Berja. Su partido es uno de los principales actores que han recuperado con fuerza el sentir abolicionista que entonces comenzaba tímidamente a hacer acto de presencia. Sobre la mesa, diversos retos y promesas: una ley de trata en pleno proceso de negociación, un plan de inserción sociolaboral para las prostitutas y un candente debate parlamentario en torno algunos preceptos vinculados a la prostitución que incluye la ley del solo sí es sí.
El decreto de 1935: punto de inflexión
Durante las primeras décadas del siglo pasado, los derechos de las mujeres no estaban todavía en el centro. El llamado sistema reglamentarista, imperante en aquel momento, se había caracterizado tradicionalmente por "concebir la prostitución como un mal menor para regular la sexualidad masculina", escribe la investigadora Mercedes Rivas Arjona. El punto de vista entonces se centraba en evitar excesos mayores, defender el orden social establecido y frenar la expansión de enfermedades venéreas. "En la práctica, el sistema estuvo encaminado a regular administrativamente el ejercicio de la prostitución mediante el sistema de ficheros, controles sanitarios y aplicación de tasas, todo ello con el propósito claro de prevenir las enfermedades venéreas y mantener el orden público", señala la investigadora, quien recuerda además los beneficios económicos que el sistema prostitucional "reportaba a determinadas instituciones del país", como alcaldías y gobiernos civiles.
El Gobierno de la II República, sin embargo, busca una ruptura, en parte porque persigue "dignificar a la mujer", pero también debido a la pretensión de "poner a España al nivel de Europa". Habla Isabel Escobedo, historiadora y autora del artículo El movimiento abolicionista de la prostitución durante la II República. Entonces se hacen hueco tesis que encajan más bien en una suerte de "abolicionismo mixto o no puro" y que aplica conceptos como la lucha por la igualdad y la no criminalización de las prostitutas, pero que incorpora de igual manera muchos otros elementos discriminatorios, como el control sanitario de las prostitutas. El abolicionismo va ganando adeptos en ese contexto y entran en juego las medidas que apuestan por esa vía, con el llamado decreto abolicionista como punto de inflexión.
Pero el texto resultante no fue todo lo ambicioso que se esperaba. El decreto mantiene preceptos como la vigilancia y tratamiento obligado de cualquier persona con enfermedades venéreas, o la hospitalización forzosa de las personas contagiadas. Las voces críticas emergen con fuerza, hasta el punto de que el Gobierno de la II República se vio obligado a emitir varias órdenes aclaratorias del decreto, la última precisando que no se pretendía instaurar un abolicionismo rígido, sino que el propósito del texto legal era "mucho más modesto, reduciéndose tan solo a constituir un régimen transitorio", en palabras de la investigadora Rivas Arjona. El Gobierno dijo entonces estar preparando una nueva ley de sanidad que nunca vio la luz. En marzo de 1941, un decreto devolvió el regulacionismo de la prostitución en España. Duró poco: el régimen franquista viró a mediados de siglo hacia el prohibicionismo extremo, articulado en sus años finales a través de herramientas como la ley de peligrosidad social. A las prostitutas solo les esperó marginalidad, represión y cárcel.
"No pretendemos resolver el debate"
La prostitución prosiguió como debate abierto dentro del movimiento feminista, pero quedó a un lado en la esfera política. Desde 1995, el Gobierno ha "despenalizado casi todas las conductas relativas a la prostitución y ha centrado esta política pública en la lucha contra el tráfico de personas para su explotación sexual", resume la investigadora Celia Valiente Fernández. Incluso durante el debate parlamentario previo a la modificación del Código Penal que acometió el Gobierno de Felipe González, las referencias a la prostitución fueron casi inexistentes.
Justo lo contrario a lo que ocurre hoy. De nuevo, otra reforma del Código Penal habrá de ser debatida en las Cortes, la que prevé desarrollar la Ley de Libertad Sexual. Y esta vez, la prostitución sí se presenta como una de las patas del debate. El anteproyecto incluye dos artículos relativos a la prostitución: la introducción de la tercería locativa y del proxenetismo no coactivo. El PSOE ha presentado enmiendas al articulado, con el fin de esculpir una redacción más rígida y un contenido "bastante más ambicioso", defiende el partido. En el envés, formaciones como Esquerra, Junts pel Cat y la CUP se inclinan por eliminar de la norma toda referencia a la prostitución.
Para Laura Berja, la abolición de la prostitución es "un modelo que trasciende lo estrictamente legislativo", por lo que requiere del "compromiso de todas las instituciones, las administraciones públicas y también de la sociedad civil". La portavoz socialista de Igualdad defiende trabajar por una legislación que penalice al proxenetismo e impulse la creación de recursos para atender a las mujeres, todo ello aderezado por una educación sexual igualitaria desde las etapas más tempranas. Pero algo más: "Sin demandantes de prostitución, no habría explotación sexual", por lo que su partido pide también sanciones a los varones que pagan por consumir prostitución. "En esta legislatura, los grupos parlamentarios tendrán que decidir de qué lado se posicionan", esgrime la socialista. Su partido dice tenerlo claro: "Abolicionismo, aunque nos quedemos solas".
Pilar Vallugera, diputada de ERC y portavoz del grupo en la Comisión de Igualdad, está bien familiarizada con el debate: como militante feminista, dice en conversación con infoLibre, pero también como parte de la genealogía de la política institucional catalana. Durante su etapa como concejala del Ayuntamiento de Barcelona, el asunto ocupó parte de la agenda política y llenó titulares. Hoy, Vallugera trata de encarar el debate desde los puntos de encuentro: "Intentamos escapar del enfrentamiento y llegar a acuerdos", como la lucha contra la trata y la explotación o la asistencia a las mujeres en contextos de prostitución.
Las voces consultadas reconocen la complejidad del debate y ni siquiera aspiran a resolverlo. "Siempre va a estar, es bueno y es natural", sostiene Isa Serra, portavoz de Podemos. Su partido defiende que la responsabilidad de las instituciones no es dar respuesta a la discusión "ni optar por una posición", sino actuar para "acabar con la impunidad de la industria proxeneta y conceder derechos a las mujeres". Si el feminismo avanza sosteniéndose en consensos, el mandato de las instituciones es preguntarse "qué se puede hacer hoy", defiende Serra. "Nos toca afrontar el debate, pero huyendo de eslóganes y yendo a soluciones reales".
Escepticismo
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¿Y cómo asisten al debate quienes llevan años estudiándolo? Isabel Escobedo aplaude su entrada en las instituciones, aunque se reconoce escéptica: "Si la pretensión es abolir la prostitución, tiene que haber sobre la mesa una serie de medidas concretas", defiende.
Cristina Garaizabal, cofundadora del colectivo proderechos Hetaira, contempla atónita los términos en los que se ha desarrollado. "Las posiciones se han polarizado y el abolicionismo se trata como una señal identitaria, con el problema que conlleva de impedir una discusión", sostiene la activista. Es, a su juicio, un mal caldo de cultivo para acciones legislativas.
Garaizabal censura que el debate, planteado en los términos actuales, excluya a las trabajadoras sexuales y busque "legislar a golpe de ideología sin tener en cuenta las consecuencias". La feminista lamenta que el abordaje de la prostitución se plantee desde una perspectiva "electoralista" y siempre enmarcada en "la riña constante entre el PSOE y Unidas Podemos". Es una sensación compartida por todas las voces pulsadas. La socióloga Águeda Gómez, autora del libro El putero español, admite la sensación de oportunidad perdida. "La bandera del feminismo está en disputa y la prostitución parece un problema partidista para reclutar potenciales votantes", lanza. Si el compromiso es real y si dará sus frutos, es algo que las expertas no son quienes de acertar.
Caminar hacia su regulación o apostar por la abolición. El debate, con sus muchas aristas, sobrevuela hoy entre las bancadas del Congreso de los Diputados. Pero la misma cámara ya lo discutió hace décadas. España se preparaba para encarar el primer tercio del siglo, ajena al golpe de Estado y al régimen que echaría por tierra cualquier aspiración de progreso. En 1935, nace el primer decreto abolicionista: "Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida".