Derechos laborales
18 imputados por el derrumbe del edificio de Bangladesh que producía ropa para marcas españolas
La Comisión Anticorrupción de Bangladesh ha presentado este miércoles cargos contra 18 personas acusadas de irregularidades en la construcción del edificio Rana Plaza, cuyo derrumbe causó la muerte de 1.130 personas en abril de 2013. Entre los acusados figuran el propietario del inmueble, Mohamad Sohel Rana, así como sus padres, un alcalde, ingenieros y tres propietarios de las empresas textiles que tenían talleres en el edificio.
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Un portavoz de la agencia anticorrupción, Pranab Kumar Bhattachajee, ha explicado que los 18 acusados "incumplieron gravemente la normativa de edificación". Así, por ejemplo, las autoridades municipales concedieron permisos para añadir plantas adicionales en el edificio sin tener competencias al respecto.
El propietario del Rana Plaza se encuentra detenido desde el año pasado, tras permanecer cuatro días huido de las autoridades y supuestamente intentar cruzar la frontera hacia India. El derrumbe, uno de los más mortíferos a nivel mundial, volvió a poner de manifiesto las condiciones laborales en que trabajan miles de empleados del sector textil en Bangladesh. El año pasado, el Gobierno elevó el sueldo mínimo para estos trabajadores un 77 por ciento –hasta los 68 dólares– y revisó la normativa para reforzar los derechos laborales.
En el edificio que se derrumbó se ubicaban las subcontratas de gran cantidad de compañías textiles occidentales, entre las cuales se encontraban tres españolas: El Corte Inglés, Inditex y Mango. Junto a otras, estas empresas se comprometieron a colaborar con un fondo de solidaridad de carácter voluntario para indemnizar a las víctimas, aunque no especificaron qué cantidad aportaría cada una. Y tampoco concretaron cuándo se efectuarán los pagos, porque más de un año después los afectados aún no han visto un sólo dólar.