La respuesta política y social a los incendios del Amazonas ha ido variando desde que a finales de agosto el fuego empezara a hacerse viral por redes y a generar preocupación entre los más concienciados con los problemas medioambientales. Empezó vinculándose al cambio climático, para luego seguir repartiendo las culpas entre la deforestación, las políticas ecocidas de Jair Bolsonaro, el impacto de la agroindustria… y ahora, las miradas se dirigen al tratado de libre comercio entre Mercosur (Mercado Común del Sur, alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Las organizaciones ecologistas exigen su retirada, los países amagan con dar un paso atrás… y la peor noticia es que todos esos factores, en apariencia desconectados, tienen su papel y parte de culpa en el desastre ecológico en la Amazonía, la mayor y más preciada joya natural del planeta.
No es fácil entender cuáles son las causas de que el Amazonas esté ardiendo con especial intensidad este año, ni el alcance del desastre natural, muchas veces distorsionado por cierto sensacionalismo al otro lado del charco. Ni está ardiendo todo el ecosistema, ni ha llegado a un punto de no retorno, ni es el primer incendio que se declara en la zona, ni será el último: la cultura del fuego, el uso de las llamas como herramienta agropecuaria, es común entre lo que trabajan la tierra, ninguna masa arbolada está a salvo del fuego en todo el planeta y en la temporada seca siempre ha ardido la Amazonía. Lo que sí es preocupante es que los incendios forestales han aumentado en la cuenca del río más largo del mundo un 83%, la deforestación creció hasta un cuádruple el último año, y ambos eventos están relacionados en un contexto de cambio climático que convierte los fuegos en superfuegos.
Para entender cómo un tratado de libre comercio agrava las llamas en un ecosistema hay que acudir a dicha deforestación. El origen no está ni en “terroristas incendiarios” ni en el azar de la naturaleza, sino en los procesos extractivistas que esquilman los recursos naturales de la Amazonía. En los países que comparten este tesoro natural lleva décadas impuesto un modelo de agricultura y ganadería industrial que exporta a toneladas soja, aceite de palma, maíz para piensos, carne de pollo y de ternera, explica Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción, destacado activista en contra de los tratados de libre comercio. “Es una política que ya existe, sin necesidad de acuerdos comerciales”, destaca.
La soja, el maíz y otros cultivos son necesarios para abastecer a la industria cárnica europea, que “se lleva yendo de rositas muchos años”, según denuncia Miguel Ángel Soto, de Greenpeace. Para crear hectáreas de nuevos cultivos es necesario, evidentemente, acabar con la vegetación, pulmón del planeta y sumidero de carbono. La propia actividad ganadera que se desarrolla en los países de la cuenca del Amazonas, y que surte a medio mundo de carne de pollo y de ternera, también necesita de este alimento. Los biocombustibles, falsamente reconocidos como sostenibles, son producto de la mezcla de diésel con aceites de soja o palma. No es un tratado, ni un reaccionario populista al frente del país que alberga el 60% de la Amazonía, sino las consecuencias del libre mercado y la globalización.
Con Bolsonaro todo se ha agravado. Los indígenas lamentan que desde que es presidente de Brasil, los blancos se sienten más legitimados para acometer talas ilegales e, incluso, asesinar a los líderes locales que protestan. El dirigente de extrema derecha rechaza ayuda antiincendios, desmantela las políticas ambientales del país, promete abrir las reservas al desarrollo comercial e industrial… “Cuando ganó Bolsonaro, fue muy evidente que las multinacionales elogiaron al nuevo presidente porque prometió la venta de sectores muy lucrativos”, asegura Kucharz, que habla del “neocolonialismo” de empresas españolas, como ACS o Dragados, que han hecho negocio del extractivismo y que seguirán haciéndolo. Eso sí, “la agroindustria tristemente también creció en las épocas de los Gobiernos de Lula y Rouseff”, señala.
En este contexto se instala el acuerdo comercial entre los países de Mercosur y la Unión Europea. Negociado durante décadas, los esfuerzos se intensificaron en los últimos años debido al proteccionismo de los Estados Unidos de Donald Trump y sus tensiones arancelarias con China. En julio se anunció un principio de acuerdo entre los países. El tratado, en esencia, reduce impuestos y trabas para la importación y exportación. Los europeos, entre ellos España, exportan principalmente maquinaria pesada y automóviles, por lo que la industria recibe el pacto como agua de mayo. Y de lo que importan los sudamericanos, más de un 70% son alimentos y materias primas, según Eurostat. Mercosur, denuncian los ecologistas, fomenta la producción a gran escala que deforesta el Amazonas, enciende los superincendios, mata la biodiversidad y acorrala a los indígenas.
Y, como consecuencia final y derivada del resto, el agravamiento de la crisis climática. La agricultura emite, la ganadería emite, los incendios emiten y los bosques, que absorben buena parte de ese CO2 de más, desaparecen. “Nuestro principal argumento en contra del tratado de Mercosur ante la Comisión Europea es que es incompatible con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París”, denuncia Soto.
El papel de España
“Las importaciones de soja, carne, minerales y otros productos son el resultado del expolio de la selva, de la cual se lucran algunas empresas españolas. Esto solo es posible gracias a regulaciones laxas, que convierten a España en cómplice de estos crímenes contra la naturaleza y la humanidad. Por ello, condenamos el tratado comercial con Mercosur”, aseguraba este martes la organización climática Extinction Rebellion en una carta abierta al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. El Gobierno, sin embargo, está lejos de condenarlo. “Se trata de un acuerdo ambicioso, amplio y equilibrado. El Acuerdo UE-Mercosur tiene gran importancia para España desde el punto de vista político, económico-comercial y estratégico”, apuntaba el pasado lunes el Ejecutivo en funciones en una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Eva García Sempere.
Con una rebaja arancelaria de más del 90% en los productos, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) aplaudió el acuerdo por la eliminación de hasta 4.000 millones de euros en tasas. Su modelo de negocio, atenazado por la caída en picado del diésel y la transición energética, a la que la industria automovilística se suma mal y tarde, encuentra así una salida de emergencia.
Los agricultores opinan justo lo contrario: el sector primario está en serio peligro si el tratado de libre comercio con Mercosur, finalmente, sale adelante. Los sindicatos agrarios escribieron una carta a Sánchez el pasado julio en la que denunciaban que a partir de la puesta en marcha del acuerdo tendrían que competir, sobre todo en cuanto a carne de vaca y cítricos, con una agroindustria gigante y, según denuncian los ecologistas, sin muchos escrúpulos. El Gobierno, sin embargo, defiende que la Comisión Europea está negociando protección a estos sectores. “Se prevé una limitación a las importaciones de Mercosur para los productos más sensibles, tales como la carne de vacuno y de ave, el etanol, el arroz o la miel, para los que se han negociado contingentes arancelarios. Dada la sensibilidad de los sectores afectados, las cantidades de estos contingentes han sido calibradas por la Comisión, así como la aplicación gradual de los mismos”, afirma el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria.
Los españoles son de los europeos más preocupados por el cambio climático
¿Se aprobará?
Todo parecía ir sobre ruedas en julio con la proclamación provisional del acuerdo. Pero, como ha pasado en otras ocasiones, en la negociación por los detalles todo el proceso se puede tirar por la borda. Francia está encabezando un grupo de países de la Unión Europea que barajan retirarse del tratado, como medida de presión a Brasil por su catastrófica gestión ambiental antes, durante y tras los incendios del Amazonas. “Todavía no están todos los textos. Y con el tratado con Canadá tardaron dos años entre el fin de las negociaciones y el cierre. Falta mucho”, explica Kucharz, que no se cree los alegatos del Gobierno de Macron, en plena pelea diplomática con Bolsonaro. “Luego estas cosas desaparecen de la agenda mediática” y los gobiernos acatan y firman, muchas veces sin ni siquiera pasar por el Parlamento, resume, lamentándose, el activista.
El papel de los consumidores, destaca Soto, es muy limitado. Las pequeñas acciones individuales son poco efectivas para frenar el expolio del Amazonas que, creen los ecologistas, se agravará con el tratado con Mercosur. “Ninguna de las grandes cadenas de hamburguesería se ha comprometido a importar carne sostenible. Productos derivados de la soja y del aceite de palma están en muchos alimentos”, explica. Y prácticamente toda la carne que consumimos se alimentan de estos productos. “La única solución”, dice el activista, el único mecanismo útil como ciudadanos de a pie y que ya está siendo apuntado por la ONU, es reducir paulatinamente el consumo de carne en los países occidentales.
La respuesta política y social a los incendios del Amazonas ha ido variando desde que a finales de agosto el fuego empezara a hacerse viral por redes y a generar preocupación entre los más concienciados con los problemas medioambientales. Empezó vinculándose al cambio climático, para luego seguir repartiendo las culpas entre la deforestación, las políticas ecocidas de Jair Bolsonaro, el impacto de la agroindustria… y ahora, las miradas se dirigen al tratado de libre comercio entre Mercosur (Mercado Común del Sur, alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Las organizaciones ecologistas exigen su retirada, los países amagan con dar un paso atrás… y la peor noticia es que todos esos factores, en apariencia desconectados, tienen su papel y parte de culpa en el desastre ecológico en la Amazonía, la mayor y más preciada joya natural del planeta.