Los ahorcamientos masivos en una cárcel de Al Asad constituyen crímenes que no prescriben

Amnistía Internacional publicó este martes un informe en el que denuncia el presunto asesinato de hasta 13.000 personas, ahorcadas entre los años 2011 y 2015 en la prisión siria de Saydnaya. Los presos, según denuncia la organización, eran seleccionados en grupos de hasta 50 personas para ser ejecutadas. Los crímenes se cometían con una periodicidad de una o incluso dos veces por semana.

En su informe El matadero humano: ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión siria de Saydnaya ahorcamientos masivos y exterminio[consultar el documento aquí], Amnistía acusa al Gobierno sirio de imponer deliberadamente "condiciones inhumanas" a los reclusos de Saydnaya mediante torturas reiteradas y la privación sistemática de alimentos, agua, medicinas y atención médica.

La organización –que ha realizado entrevistas directas a 84 testigos, entre los que se encuentran exguardias y funcionarios de Saydnaya, presos, jueces y abogados, así como expertos nacionales e internacionales– denunció que estas prácticas, que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, son autorizadas por las máximas instancias del Gobierno de Bashar Al Assad.

La plataforma ya ha reclamado medidas sancionadoras por parte de la comunidad internacional, pero ¿qué consecuencias puede tener un informe de estas características para el país árabe?

Amnistía pide respuestas

"Esperamos que tenga un impacto". Son palabras de Yolanda Vega, responsable del trabajo de Amnistía Internacional sobre Siria. Vega subraya, en conversación con infoLibre, la importancia de una respuesta internacional que, en base a la investigación de la ONG, tome acciones concretas sobre el país.

"Pedimos que los gobiernos de EEUU y Rusia ejerzan su influencia sobre el Gobierno sirio para que permita el acceso de observadores internacionales en las cárceles sirias, con el fin de que comprueben e investiguen qué es lo que está pasando", destaca la activista, quien además reclama esta misma influencia para que el Gobierno de Siria "proporcione información sobre todas las personas que tiene bajo su custodia, para conocer su paradero y situación actual".

La organización hace, además, una llamada directa a las Naciones Unidas. "Pensamos que tiene que empezar por abrir una investigación sobre lo que está pasando en las cárceles sirias con estos datos", reivindica Vega. También considera que es la institución internacional la que debe impulsar "una resolución para que puedan entrar estos observadores" en el país.

Por otra parte, aboga por que el Consejo de Seguridad remita la situación a la Corte Penal Internacional, como vía para "poder hacer justicia y obtener reparación".

A nivel político, y respecto a las conversaciones de paz sobre Siria que se celebrarán este mes en Ginebra, Vega incide en que resulta "impensable" que la comunidad internacional inicie un proceso de negociaciones sabiendo "que se ha ejecutado o se han llevado a cabo políticas de exterminio, sin que pase nada".

La inmutabilidad internacional

Pese a las reclamaciones de la organización, los expertos admiten tener escasas expectativas respecto a la actuación de los actores políticos y los organismos internacionales.

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) se muestra tajante: políticamente no habrá "ninguna" consecuencia. "Al Asad tiene el tiempo a su favor sobre el terreno, siente que va ganando posiciones y tiene apoyos externos con Rusia –que respalda a Bashar Al Asad– para vetar cualquier medida" que pudiera acordar la ONU.

Con él coincide Pedro Rojo, presidente de la fundación Al Fanar para el conocimiento árabe. "Hace mucho tiempo que la comunidad internacional ha tomado una decisión, y poco importan 13.000 muertos más cuando EEUU, Rusia y el resto han permitido que caiga Alepo y se siga bombardeando a la sociedad civil", critica el experto.

A su juicio, "estamos hablando de cómplices, directos en el caso de Rusia e indirectos como EEUU". Además, recalca, tampoco existe "alternativa o solución distinta al status quo o la victoria de la fuerza".

Aunque reconoce que "el papel de Amnistía Internacional es pedir presión", matiza que el sirio se trata de "un sistema que está podrido". Por ello, entiende, toda iniciativa que llegue al Consejo de Seguridad será vetada por Rusia, resultando "tácticamente imposible" impulsar acciones concretas. Incluso en caso de lograr un envío de observadores internacionales a las prisiones, añade, "no serviría absolutamente para nada porque el régimen de Al Asad está respaldado internacionalmente a todos los niveles, y no existe ningún tipo de presión para que cesen las atrocidades que lleva cometiendo durante 40 años", concluye.

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Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain, destaca la existencia de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, y que se dedica a vigilar y denunciar las violaciones del derecho internacional cometidas por las partes en el conflicto. "En el contexto de la ONU ya existe este mecanismo, que se ocupa de recabar datos, investigar y emitir informes", señala Vicente, "pero no hay un mecanismo que se encargue de ejecutar operaciones". En este sentido, añade, "lo único que cabría es una resolución del Consejo de Seguridad, remitiendo la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, que es la organización que se ocupa de establecer responsabilidades individuales".

Con ella coincide Jesús Núñez, quien entiende que a corto plazo existe escaso margen de actuación jurídica, pero que "una vez termine el conflicto, cuando esté documentado con testimonios y pruebas, pueden ser exigidas responsabilidades a los gobernantes". Apunta también a la Corte Penal Internacional, "o a un tribunal ad hoc, que a día de hoy no existe, por lo que se trata de una hipótesis ciertamente forzada para arrojar algo de luz al asunto", sentencia.

Lydia Vicente apunta como factor clave a la no prescripción de los crímenes de guerra. "Toda documentación y recopilación de datos es tremendamente valiosa, porque aunque a día de hoy no se puedan abrir investigaciones, los crímenes de guerra y lesa humanidad no prescriben". Vicente reconoce que "cuando hay una situación de pleno conflicto es muy difícil que haya justicia en ese momento, pero cuando ha acabado el conflicto, cuando el día de mañana los propios tribunales de Siria o un tribunal internacional puedan investigar, todo lo que queda documentado hoy sobre esas violaciones puede ser de utilidad", zanja.