El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre migraciones en el Mediterráneo central señala a Italia y a Malta como responsables de parte de las muertes en el mar durante junio y julio de 2018. En esos dos meses, han perdido la vida 721 personas. El ratio de fallecidos en relación con los que logran sobrevivir en la peligrosa travesía ha aumentado a uno de cada 16 en esos dos meses, frente al 1 de cada 64 que se registró en los primeros siete meses del año; Amnistía, sin embargo, no ha facilitado cuántos muertos hubo en el Mediterráneo en julio y junio de 2017 o anteriores años. En la presentación del informe, su responsable, Matteo de Bellis, ha afirmado que "la responsabilidad de este aumento en el número de muertos recae directamente en unos gobiernos europeos más preocupados por mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas", señalando a Italia y a Malta, a los que el documento dedica sendos capítulos, y también a una política comunitaria que insiste en sobredimensionar el problema, a juicio de la organización, y en seguir pensando y actuando en términos de "amenaza".
Amnistía Internacional baja de las nubes el discurso y las medidas del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini: no solo son xenófobas, sino que tienen consecuencias directas en la labor de salvamento en el Mediterráneo de los barcos de distintos países y las ONG. Tienen y tendrán, por tanto, consecuencias directas en las vidas que se logran rescatar. Según cifra la ONG, los migrantes que desembarcaron en el país en los dos primeros meses del verano de 2018 representan un 80% menos en comparación a los que llegaron en 2017 y 2016. El número es susceptible de ser vendido por el Gobierno italiano como un éxito de sus políticas de cierre de fronteras, pero como explica Amnistía, es un desastre para los derechos humanos.
En primer lugar, la negativa de Italia –y, en menor medida, de Malta– a recibir a barcos cargados de personas que han sido rescatadas de una muerte prácticamente anunciada en el mar es contraria a las obligaciones internacionales, recuerda Amnistía Internacional. "Es una tradición marítima antigua, aceptada como ley e incluida en diversos tratados, que los capitanes de barco deben asistir a personas en peligro en el mar, independientemente de su estatus o circunstancias", afirma el informe, que añade que los países deben asegurar que los barcos pueden desembarcar a los asistidos sin desviar demasiado su camino. La organización cree que Italia está en su derecho de pedir que la carga migratoria se reparta entre todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, "negar el desembarco como una herramienta de presión para lograr compartir responsabilidades en el ámbito del asilo y la migración es, como poco, irresponsable", critica.
Italia ha cerrado sus puertos y ha criminalizado la actuación de las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo. Traducido a la realidad de las migraciones en la ruta del Mediterráneo central, las nuevas políticas del país "han convertido el sistema de salvamento en inseguro, impredecible y peligroso". Los rescatados, enfermos, cansados, muchas veces recién salidos de situaciones de tortura y abuso en Libia, están durante días a la deriva, sin destino: como ha estado esta semana el barco de Proactiva Open Arms. Las organizaciones, que hasta mayo de 2018 protagonizaban el 40% de las actuaciones, ahora se enfrentan a amenazas e intimidación por hacer su trabajo. Y los barcos que transitan la ruta temen que, al cumplir sus obligaciones marítimas y salvar a pateras o botes en situación precaria, no tengan donde desembarcarlos y rehúyen, por tanto, la actuación. Las 721 muertes de junio y julio de 2018 en el Mediterráneo central tienen relación con estas políticas, considera Amnistía. Hacen mucho más difícil evitar los fallecimientos, aunque, como reconoce la organización, no se puede obviar que muchas pérdidas son "inevitables" debido al lamentable estado en el que viajan estas personas y lo inestable de las embarcaciones.
El papel de Malta también es puesto en duda por Amnistía Internacional, que señala que, hasta ahora, el pequeño país insular había descargado en Italia sus responsabilidades de rescate. Malta, bajo el criterio de la organización, no cumple sus responsabilidades correspondientes a su zona SAR (siglas en inglés de búsqueda y rescate), es decir, los kilómetros cuadrados en los que un país tiene la obligación de intervenir según el convenio de la Organización Internacional Marítima (OIM). El país no ha ratificado dicho convenio, por lo que se guarda el derecho de no otorgar puerto seguro a las embarcaciones rescatadas en su área de influencia. Antes las derivaba a Italia: ahora, el golpe sobre la mesa de Salvini no ha hecho cambiar de postura al país, una actitud que AI considera contraria a derecho internacional. El documento refleja el ejemplo de 40 personas que estuvieron más de 15 días varadas a bordo de un buque tunecino entre julio y agosto tras ser rescatadas en aguas maltesas, y que Túnez finalmente aceptó acoger tras encontrarse con la negativa del país insular.
El papel de Libia
Al menos 35 muertos tras desplomarse un puente en una autopista en Génova
El informe dedica un capítulo a las intercepciones de la guardia costera libia "y sus consecuencias para migrantes y refugiados". Libia no es considerado un puerto seguro para las personas que cruzan el Mediterráneo, por los documentados casos de tortura y detenciones que practica el país, según refleja Amnistía Internacional. Las "políticas europeas" de este verano, cifra la organización, han provocado que a finales de junio se eleven a 10.000 las personas detenidas en centros libios, frente a los 4.400 de marzo. "Las instituciones y los gobiernos europeos han decidido continuar y mejorar la cooperación con las autoridades libias" pese a su nulo respeto por los derechos humanos, denuncia la ONG. No hay un control mínimo de la actuación del país africano con migrantes y refugiados, lo que no impide a Italia donar recursos y medios para que sean ellos quienes se encarguen de desembarcar a los rescatados en el Mediterráneo. Proactiva Open Arms señalaba este pasado fin de semana que los hombres y mujeres que salvaron –y que llegan este jueves a Algeciras– estaban traumatizados por lo vivido allí.
Amnistía Internacional, en definitiva, exige un respeto integral y continuado de los derechos humanos de migrantes y refugiados que hacen la ruta del Mediterráneo central en busca de un futuro mejor. La Convención de Dublín, defienden, debe reformarse de cara a que el asilo y la acogida de las personas que desembarcan en la frontera sur de la Unión Europea se reparta entre todos los países miembro, y los “centros cerrados de migrantes”, dentro y fuera de Europa, deben descartarse como solución, ni transitoria ni definitiva. El Consejo Europeo de septiembre es una buena oportunidad. La cooperación con Libia tiene que efectuarse, a juicio de la organización, "poniendo el foco sobre la protección de los derechos humanos", otorgando recursos humanos, técnicos y materiales al país y vigilando de cerca la actuación de sus guardacostas. E Italia y Malta deben frenar su política de criminalización de las ONG.
Salvini y el Ejecutivo italiano, sin embargo, están lejos de dar marcha atrás. Este mismo martes el Gobierno respondía a las acusaciones del ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmando que España favorece una "inmigración fuera de control" y remarcando que Italia defiende "la seguridad, la cultura y la identidad de los pueblos europeos". De la seguridad de las 721 personas que fallecieron entre junio y julio de 2018 en el Mediterráneo central no mencionó nada.
El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre migraciones en el Mediterráneo central señala a Italia y a Malta como responsables de parte de las muertes en el mar durante junio y julio de 2018. En esos dos meses, han perdido la vida 721 personas. El ratio de fallecidos en relación con los que logran sobrevivir en la peligrosa travesía ha aumentado a uno de cada 16 en esos dos meses, frente al 1 de cada 64 que se registró en los primeros siete meses del año; Amnistía, sin embargo, no ha facilitado cuántos muertos hubo en el Mediterráneo en julio y junio de 2017 o anteriores años. En la presentación del informe, su responsable, Matteo de Bellis, ha afirmado que "la responsabilidad de este aumento en el número de muertos recae directamente en unos gobiernos europeos más preocupados por mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas", señalando a Italia y a Malta, a los que el documento dedica sendos capítulos, y también a una política comunitaria que insiste en sobredimensionar el problema, a juicio de la organización, y en seguir pensando y actuando en términos de "amenaza".