Honduras

Un año sin respuestas: la ONU insiste en la necesidad de investigar el asesinato de Berta Cáceres

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sostienen una imagen de Berta Cáceres

infoLibre

El sistema de Naciones Unidas en Honduras ha instado este jueves al gobierno hondureño a investigar de manera "eficaz e imparcial" el asesinato de la ecologista Berta Cáceres, en el primer aniversario de su muerte.

En un comunicado que recoge Europa Press, la organización ha insistido en la necesidad de llevar a los responsables de su asesinato ante la Justicia y de garantizar que se sepa la verdad de lo que sucedió, además de que se repare a las víctimas. Asimismo, han pedido que las autoridades aclaren y condenen el intento de asesinato del también ecologista Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Cáceres.

Un petición a la que se ha unido la hija de la activista, Olivia Zúniga, que acusa a funcionarios y a la empresa DESA de ser los autores intelectuales del asesinato de su madre. "Hay ocho personas encarceladas como autores materiales del asesinato, la mayoría son exmilitares, militares en activo e integrantes de grupos paramilitares, pero su captura es una forma de enmascarar la impunidad que hay detrás de este crimen" porque los "autores intelectuales" siguen libres, ha dicho Zúniga en una entrevista concedida a Sputnik.

Zúniga también ha lamentado que "ni si siquiera se han abierto líneas de investigación contra la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima", responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que luchaba Cáceres.

Las autoridades hondureñas tampoco han investigado a los funcionarios a los que la líder ecologista denunció en 2015 por "amenazas de muerte, de secuestro e intentos de soborno". Para Zúniga, la muerte de su madre es resultado de "una guerra mediática y jurídica en su contra" y por eso exige la creación de una comisión internacional de expertos que se encargue de buscar a los verdaderos responsables.

La familia de Cáceres denuncia que el proceso judicial está plagado de irregularidades. El pasado septiembre, una magistrada del Tribunal Supremo fue asaltada por cuatro hombres que le robaron el expediente del caso cuando iba hacia su casa para seguir trabajando. "Lo denunciamos", ha contado Zúniga, pero "no se averiguó quién lo robó", ha lamentado. En su opinión, este hecho "demuestra la inseguridad judicial y el colapso del sistema de justicia" en la nación centroamericana.

En este contexto, la ONU celebra la detención de esas ocho personas, pero ha exhortado a redoblar esfuerzos para averiguar la verdad del caso de Cáceres y a garantizar que no se repita.

Asimismo, la organización ha indicado que es necesario que el Gobierno abra un espacio de diálogo con las víctimas, sugiriendo la creación de una mesa de trabajo en la que participen las principales partes del caso.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros cuando se disponía a entrar en su vivienda el 3 de marzo de 2016, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares a su favor. Junto a ella se encontraba Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, y único testigo del asesinato, que tuvo lugar justo una semana después de que denunciara ante la prensa local la ejecución de cuatro dirigentes comunitarios.

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La líder ecologista se hizo acreedora en 2015 del premio Goldman –considerado el Nobel de medio ambiente–, después de que paralizara la construcción de una presa que amenzaba con desplazar a cientos de indígenas de etnia lenca.

Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales. Según el informe de Global Witness En Terreno Peligroso, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, lo que supuso un drástico aumento del 59% con respecto al año anterior. La última en unirse a la lista, la líder social y activista ecologista Alicia López Guisao, ha sido asesinada a tiros este jueves en una comuna ubicada al oeste de la ciudad colombiana de Medellín. El ataque contra la activista, de 32 años, ha tenido lugar mientras visitaba a unos familiares en esta comuna. López también había recibido amenzas por parte de grupos paramilitares.

 

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