Existe un Estado donde se aplica la justicia hammurabiana del “ojo por ojo”; un régimen donde se condena a latigazos a una persona por tener un blog que fomenta el debate religioso y político, donde los ajusticiados son ahorcados en grúas como señal de advertencia para el resto de la población, donde ser mujer y víctima de una violación es delito. Y ese Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Arabia Saudí entró a formar parte del Consejo en el 2014; desde entonces, el Gobierno saudí ha ejecutado a 350 personas.
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) exigen la expulsión del reino saudí del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según denuncian ambas organizaciones, la coalición liderada por Arabia Saudí es responsable de la gran mayoría de las muertes de civiles en el conflicto en Yemen, que ya ha dejado, según sus cifras, más de 3.500 muertos y más de 6.200 heridos. El coordinador de Amnistía Internacional en Oriente Medio, Miguel Ángel Ramos, asegura que “se han cometido al menos 33 ataques de la coalición, en diferentes regiones de Yemen, que incumplen la normativa internacional”. Además, según denuncia Ramos, “lo peor no es que sean víctimas o daños colaterales de guerra, sino que el número de civiles asesinados y el hecho de que los objetivos de los ataques sean infraestructuras como escuelas, ermitas u hospitales hace sospechar que Arabia Saudí ataca deliberadamente a la población civil”.
Otro de los motivos por los que las organizaciones defensoras de los derechos humanos condenan la actividad de la coalición liderada por el reino saudí en Yemen es el tipo de armamento utilizado, la munición de racimo, algo que, según Ramos, “está prohibido expresamente por la normativa internacional”. El activista también subraya al respecto que “muchas de estas municiones están fabricadas en Estados Unidos y Reino Unido, los dos principales vendedores de armas a Arabia Saudí.
Diez años de cárcel y 1.000 latigazos por abrir un blog
Raif Badawi, un joven saudí, fue condenado en el año 2014 a una pena de 10 años de prisión, 1.000 latigazos y una multa de un millón de riales (unos 191.000 euros). Badawi creó la página web Red Liberal Saudí, un foro cibernético de debate político y religioso. Las autoridades saudíes culparon al joven de insultar al Islam y fue acusado de apostasía, algo que hubiera implicado la pena de muerte si no hubiera sido exculpado de este último 'delito'.
En enero de 2015 Badawi recibió los primeros 50 latigazos. La justicia saudí decidió que el bloguero recibiría 50 latigazos semanales hasta completar la condena. Sin embargo, el del bloguero no es el único caso que demuestra que la libertad de expresión es un delito en el reino arábigo, sino que, tal y como denuncia Amnistía Internacional, existen muchos activistas perseguidos por expresar sus opiniones. El propio abogado de Badawi, Waleed Abu al Khair, fue condenado en 2015 a 15 años de cárcel mediante una ley antiterrorista que ha enviado a prisión a muchos defensores de los derechos humanos, la mayoría miembros de la ya disuelta Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA).
Según denuncia Ramos, “una de las violaciones de la legalidad internacional que se comete con más asiduidad es la de apresar y condenar a activistas que intentan que se respeten los derechos humanos en su país”. Este es el caso de Ali Mohammed al-Nimr, un joven detenido en 2012 por participar en una protesta. El responsable de Amnistía Internacional defiende que, en este caso, el Gobierno saudí viola tres de los derechos humanos reconocidos por la justicia internacional, ya que “fue condenado a raíz de unas confesiones sacadas mediante torturas y malos tratos y, además, cuando se cometieron los supuestos delitos, el activista era menor de edad; eso por no hablar de que, de entrada, al-Nimr es un preso político”.
Condenada después de ser violada y la justicia del “ojo por ojo”
En diciembre de 2015 una joven de 19 años fue violada por siete hombres. Dos de los agresores la asaltaron mientras se encontraba en el coche de un compañero de estudios y la llevaron a una zona aislada, donde los cinco hombres restantes la esperaban para violarla.
La justicia saudí condenó a la víctima a seis meses de cárcel y 200 latigazos por romper la norma que exige que las mujeres deben ser acompañadas a los lugares públicos por “los hombres de la familia”. En un principio, la condena consistía en 90 latigazos, pero la pena se incrementó porque la víctima relató en medios de comunicación la violación sufrida. Además se le prohibió a su abogado ejercer como tal, por lo que su defensa quedó prácticamente inutilizada.Organizaciones, como Human Rights Watch, y activistas defensores de los derechos humanos condenaron la sentencia y denunciaron a Arabia Saudí por dotar de impunidad a los delincuentes que ejercen violencia sexual.
En el año 2003 Ali Al Khawahir apuñaló en la espalda a uno de sus amigos, dejándolo paralítico de cintura para abajo. Diez años después, un tribunal saudí dictaminó que, si el agresor no era capaz de pagarle a la víctima una indemnización de 208.000 euros, sería condenado a quedarse parapléjico.
La ley saudí contempla la figura del qisas, un procedimiento legal que consiste en aplicar una represalia idéntica al delito cometido sobre otra persona. Esta normativa ha sido utilizada al amparo de la sharia o ley islámica en numerosas ocasiones, donde ha producido la extracción de ojos, dientes o, incluso, la muerte en caso de asesinato.
Un socio influyente
El pasado mes de junio, la ONU incluyó a Arabia Saudí dentro de una lista negra de países que habían violado los derechos de la infancia. Una semana después, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, rectificó la decisión del organismo internacional y sacó al Gobierno saudí de la lista. El propio Ban reconoció que habían existido fuertes presiones por parte del reino saudí para excluirlo de la lista, y afirmó que sus autoridades amenazaron con retirar los fondos que destinan cada año a los diferentes proyectos de la ONU.
Aunque el secretario general de Naciones Unidas calificó la decisión como una de las “más dolorosas” de toda su carrera política, aseguró que la supresión de los fondos saudíes se traduciría en que “todos los niños que se encuentran actualmente en situación de riesgo en Palestina, Sudán del Sur, Siria, Yemen y otros muchos lugares caerían aún más en la desesperación”.
En octubre de 2015, según denuncian AI y HRW en su documento, Arabia Saudí logró eludir una investigación sobre los crímenes cometidos en el conflicto en Yemen. El gobierno yemení en el exilio y el reino arábigo consiguieron bloquear en el Consejo de Derechos Humanos una resolución del Alto Comisionado de la ONU, surgida como resultado de una petición de la delegación de Países Bajos, que recomendaba investigar las acciones cometidas por ambos bandos en el conflicto.
Miguel Ángel Ramos destaca al respecto que “hay que tener en cuenta que lo que pedimos desde Amnistía Internacional y Human Rights Watch es la expulsión de un país del Consejo de Derechos Humanos, algo bastante grave”, ya que, según reconoce, “el caso de Arabia Saudí es particular a la vez que vergonzoso”. Ramos destaca que "a diferencia de otros países, que aunque no han sufrido acciones concretas contra ellos por parte del Consejo por lo menos sufren críticas y se los condena, como Rusia en Ucrania, en el caso de Arabia Saudí no es sometido a estas críticas, sino que el Consejo mira para otro lado”.
Para el responsable de AI en Oriente Medio, esto se debe a que Arabia Saudí “es un aliado político muy favorable, especialmente por su posición en la llamada lucha contra el terror". "Y también un aliado económico, porque es un demandante de armas y uno de los principales compradores de armas de Reino Unido y Estados Unidos”, concluye.
Existe un Estado donde se aplica la justicia hammurabiana del “ojo por ojo”; un régimen donde se condena a latigazos a una persona por tener un blog que fomenta el debate religioso y político, donde los ajusticiados son ahorcados en grúas como señal de advertencia para el resto de la población, donde ser mujer y víctima de una violación es delito. Y ese Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Arabia Saudí entró a formar parte del Consejo en el 2014; desde entonces, el Gobierno saudí ha ejecutado a 350 personas.