Los asistentes de velocidad inteligentes en los vehículos a partir de 2022, las nuevas medidas contra la proliferación de los contenidos terroristas en Internet o el emotivo discurso de la activista ecologista Greta Thunberg ponen fin a una de las legislaturas más convulsas que se recuerdan en el Viejo Continente. El Parlamento Europeo se disolvió esta semana a la espera de que los 751 escaños vuelvan a ocuparse de nuevo tras las elecciones del próximo 26 de mayo, en las que tendrá que participar Reino Unido después de que Londres y Bruselas no consiguiesen cristalizar el Brexit dentro del plazo fijado inicialmente. Unos comicios en los que se espera una caída de los dos principales grupos políticos –EPP y S&D– y un ligero repunte de la extrema derecha y los euroescépticos. Según la última proyección de voto publicada por la Eurocámara, realizada en base a sondeos hechos en diferentes países, los conservadores seguirán liderando el hemiciclo con 180 asientos, seguidos por los socialdemócratas –149 escaños–, los liberales –76 eurodiputados– y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos –66 asientos–.
Los cinco últimos años han sido especialmente tensos en la Unión Europea. La legislatura ha estado plagada, de principio a fin, de sobresaltos en materia política, económica o migratoria. La crisis griega provocó durante meses un preocupante terremoto en la Eurozona que estuvo a punto de culminar con la salida del país heleno del euro. El aluvión de refugiados de 2015 evidenció los enormes problemas de la UE para gestionar los grandes flujos migratorios. Y el Brexit ha puesto a prueba la solidez de los Estados miembro a la hora de afrontar la primera salida de un país del proyecto comunitario. Un lustro de “policrisis”, como llegó a apuntar en su momento el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, que también ha estado marcado por importantes avances legislativos. Desde la mejora en la protección de los datos personales hasta el apoyo normativo a los denunciantes de corrupción o las nuevas medidas en materia medioambiental. Y, por supuesto, la famosa directiva del copyright, alabada por unos y criticada por otros.
De Grecia a Reino Unido pasando por Trump
No han sido pocos los obstáculos que ha tenido que sortear la Unión Europea a lo largo de esta última legislatura. El primer problema llegó a los pocos meses de iniciarse el mandato, con la llegada de Alexis Tsipras al Gobierno. Con Syriza en el Ejecutivo heleno, y el economista Yanis Varoufakis al frente del Ministerio de Finanzas, las negociaciones sobre un tercer rescate en suelo griego se tornaron harto complicadas. Todas las reuniones para abordar la crisis finalizaban sin acuerdo y los temores a una posible salida de Grecia de la Eurozona no paraban de aumentar. Tras varios días de corralito, una consulta ciudadana y la dimisión de Varoufakis, Atenas terminó capitulando ante los acreedores. A cambio de 86.000 millones, el Ejecutivo heleno tuvo que aplicar varios paquetes de recortes, entre los que se encontraba la reforma de las pensiones y del mercado laboral y un fondo de privatizaciones. Un movimiento al que la ciudadanía respondió con huelgas y que terminó provocando una crisis interna en Syriza que obligó a Tsipras a convocar nuevas elecciones.
Mientras la Unión Europea lidiaba con la crisis griega, cientos de miles de refugiados intentaban alcanzar el Viejo Continente. Sólo entre enero y agosto de 2015, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), llegaron a Europa a través del Mediterráneo 292.000 personas, de las cuales 181.000 recalaron en Grecia y 108.000 en Italia. La descomunal crisis migratoria obligó a la Unión Europea a buscar fórmulas para intentar gestionarla. Por un lado, en septiembre, los Estados miembro se comprometieron a reubicar en dos años a 160.000 solicitantes de asilo, una medida que fracasó estrepitosamente –menos de 45.000 habían sido reasentados cuando se cumplió el plazo fijado–. Por otro, Bruselas cerró en 2016 un acuerdo con Ankara para devolver a Turquía a los migrantes que se encontrasen en suelo comunitario. Un pacto que generó importantes dudas entre algunos de los miembros de la Eurocámara, que pidieron no dar un “cheque en blanco” a Recep Tayyip Erdogan.
Tras las crisis griega y migratoria, llegó la zozobra política. En junio de 2016, el 52% de los ciudadanos de Reino Unido votaron a favor de la salida del club comunitario. Comenzó así el hasta ese momento inexplorado procedimiento de divorcio. El 29 de marzo de 2017, la primera ministra, Theresa May, activó formalmente el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y comenzaron los dos años de cuenta atrás hasta la salida efectiva. Los dos bloques consiguieron cerrar la primera fase de las negociaciones en tiempo y forma con un acuerdo bajo el brazo. Pero a May se le atragantó la convalidación del pacto en Londres. Ante la imposibilidad de desbloquear la situación, y con el plazo oficial de salida superado, Bruselas aprobó la semana pasada una prórroga larga hasta el próximo 31 de octubre –aunque Reino Unido puede salirse en cualquier momento si logra ratificar el Acuerdo de Retirada–. Extensión que obliga a Reino Unido a participar en los próximos comicios europeos.
Pero la victoria del Brexit sólo fue el pistoletazo de salida de un annus horribilis en el Viejo Continente. “La Unión Europea no se encuentra actualmente en su mejor forma. (…) Hay indicios que apuntan a que nos encontramos en parte ante una crisis existencial”, señaló Jean Claude-Juncker durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2016. Lo que no sabía el líder del Ejecutivo comunitario era que sólo un par de meses después triunfarían en Estados Unidos las tesis antiestablishment y proteccionistas de Donald Trump. La llegada del magnate a la Casa Blanca ha tensado enormemente las relaciones entre la Unión Europea y la primera potencia del mundo. Los enfrentamientos, que arrancaron con la decisión del magnate de poner fin a las negociaciones del TTIP, han sido constantes. La decisión de la Administración Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo, ha obligado a Bruselas a idear mecanismos para que sus empresas puedan esquivar las sanciones estadounidenses por seguir operando en suelo iraní. Y las amenazas de una guerra comercial son constantes.
Tras la victoria de Trump y el éxito del Brexit, la Unión Europea consiguió esquivar el fantasma del euroescepticismo en las elecciones francesas, holandesas y alemanas de 2017. Sin embargo, todas las alarmas saltaron de nuevo en Bruselas tras las generales italianas, que desembocaron en un gobierno de coalición – Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha de la Liga Norte– con el que la Comisión Europea ya ha tenido su primer encontronazo con motivo de los presupuestos. Del mismo modo, las autoridades comunitarias han tenido también agrios enfrentamientos con la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Jaroslaw Kaczynski por sus derivas autoritarias. Ahora, con el auge y consolidación de las fuerzas euroescépticas y ultraderechistas por toda la UE, todas las miradas están puestas en la Eurocámara que saldrá las elecciones del próximo mes de mayo. De momento, las últimas encuestas publicadas dan a los grupos en los que se integran estos partidos más de un centenar de escaños.
Medio ambiente, protección de datos y conciliación
Pero mientras se maniobraba para esquivar los temporales, también se iban cerrando importantes avances legislativos. Uno de ellos ha sido el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos (GDRP, por sus siglas en inglés), que fue aprobado en 2016 y que entró en vigor dos meses después de que se revelara que la consultora Cambridge Analytica recopiló información de millones de usuarios de Facebook que fue utilizada en la campaña presidencial de Donald Trump y en la del Brexit. Este nuevo reglamento cubre el tratamiento de datos que realicen tanto empresas asentadas en la UE como aquellas firmas de terceros países que oferten bienes y servicios en suelo comunitario. Entre las novedades, el texto incluye, por ejemplo, el derecho al olvido –que el interesado pueda solicitar la supresión de sus datos personales– o la obligación de las compañías de recibir el consentimiento “claro afirmativo” del usuario para poder llevar a cabo el tratamiento de datos de carácter personal.
En materia digital, Bruselas también ha conseguido sacar adelante la polémica directiva de derechos de autor. Tras dos años de intensas negociaciones y enmiendas constantes, la Eurocámara dio luz verde el pasado mes de marzo con 348 votos a favor la nueva norma sobre el copyright. La reforma prevé la obligación para las grandes plataformas como Google, Youtube o Facebook de vigilar y filtrar los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores –los contenidos satíricos quedan exentos–. Además, contempla que los editores de prensa puedan reclamar a los agregadores de noticias compensaciones por utilizar sus contenidos, aunque la norma prevé que dichas plataformas puedan seguir compartiendo fragmentos “muy breves” de dichos artículos de prensa. Los detractores de la directiva alertan de que recortará “libertades” y censurará “a destajo”. Los defensores sostienen que fortalecerá las industrias culturales y creativas europeas.
Los riesgos que afronta la futura Eurocámara ante el auge de las formaciones euroescépticas
La Unión Europea también ha dado pasos importantes en materia medioambiental. Después de dejar claro su compromiso en la lucha contra el cambio climático con la ratificación en octubre de 2016 del Acuerdo de París, y tras el escándalo Volkswagen, el pleno de la Eurocámara dio luz verde a finales de marzo al acuerdo alcanzado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los coches nuevos un 37,5% en 2030 y que obliga a los fabricantes que superen esos límites a pagar por tales excesos. Otra de las medidas relevantes adoptadas en materia medioambiental ha sido la prohibición, para el año 2021, de vender e importar productos de plástico de un solo uso. Así, en los próximos dos años, deberán desaparecer del mercado todos aquellos que ya cuentan con alternativas biodegradables, como las pajitas, las bolsas, los cubiertos de plástico o los bastoncillos. Además, obliga a los Estados miembro a hacer una recogida selectiva para reciclar el 90% de las botellas de plástico de cara al año 2025.
Otro de los pasos importantes dados por Bruselas en esta legislatura ha sido en materia anticorrupción. Tras un último lustro marcado por diferentes escándalos –desde los Papeles de Panamá a Luxleaks–, la Eurocámara aprobó con 591 votos a favor la directiva de protección de los alertadores, un texto que ahora deberá ser trasladado a las legislaciones de los Veintisiete y que protege a los denunciantes de casos de corrupción de posibles represalias. Entre las diferentes medidas, la normativa establece un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que tenga información sobre prácticas ilícitas denunciarlas en el seno de las empresas o instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada o coaccionada. El paso dado desde Bruselas no es una mera ocurrencia. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes.
Sólo unos días antes de que el Parlamento Europeo diese el visto bueno a la protección a los alertadores, los eurodiputados avalaron otra directiva para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. La nueva norma trata de incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral reforzando el papel del padre o segundo progenitor dentro del núcleo familiar. Así, la directiva incluye, entre las nuevas medidas, un permiso retribuido de diez días laborables para los padres en las fechas previas al nacimiento de un hijo. Además, establece también un permiso parental de dos meses pagado e intransferible. Los Estados miembro tienen ahora tres años para cumplir con todas las novedades de esta nueva directiva.
Los asistentes de velocidad inteligentes en los vehículos a partir de 2022, las nuevas medidas contra la proliferación de los contenidos terroristas en Internet o el emotivo discurso de la activista ecologista Greta Thunberg ponen fin a una de las legislaturas más convulsas que se recuerdan en el Viejo Continente. El Parlamento Europeo se disolvió esta semana a la espera de que los 751 escaños vuelvan a ocuparse de nuevo tras las elecciones del próximo 26 de mayo, en las que tendrá que participar Reino Unido después de que Londres y Bruselas no consiguiesen cristalizar el Brexit dentro del plazo fijado inicialmente. Unos comicios en los que se espera una caída de los dos principales grupos políticos –EPP y S&D– y un ligero repunte de la extrema derecha y los euroescépticos. Según la última proyección de voto publicada por la Eurocámara, realizada en base a sondeos hechos en diferentes países, los conservadores seguirán liderando el hemiciclo con 180 asientos, seguidos por los socialdemócratas –149 escaños–, los liberales –76 eurodiputados– y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos –66 asientos–.