Bruselas saca a Portugal y Croacia del procedimiento de déficit excesivo y mantiene a España

La Comisión Europea ha propuesto sacar a Portugal y Croacia del procedimiento de déficit excesivo, al haber reducido ambos países sus déficit por debajo del 3% que marca la legislación europea, de forma que únicamente cuatro Estados miembro (España, Francia, Grecia y Reino Unido) seguirán bajo el "brazo correctivo" de Bruselas.

Según ha indicado Europa Press, el Ejecutivo comunitario ha publicado este lunes sus recomendaciones específicas por país en el que también revisa la situación presupuestaria de los Estados miembros que cuentan con desequilibrios presupuestarios y macroeconómicas.

Dentro de este análisis, Bruselas ha propuesto cerrar el procedimiento abierto a Lisboa después de que cerrase 2016 con un desvío en las cuentas públicas del 2% del PIB. La Comisión estima además que el déficit público será del 1,8% y del 1,9% en 2018.

En el caso de Croacia, la institución comunitaria recomienda también sacar al país del procedimiento por no haber cerrado el año pasado con un déficit público del 0,8% (frente a un objetivo del 2,7%) y calcular que se mantendrá por debajo del 3% de forma "duradera", con proyecciones del 1,1% en 2017 y del 0,9% en 2018.

De esta forma, si el Consejo de la UE, la institución que representa a los países, siguiera las recomendaciones de Bruselas, Portugal y Croacia entrarían en el "brazo preventivo" y únicamente cuatro países se mantendrían dentro del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, una cifra que contrasta con los 24 países que había bajo este procedimiento en 2011.

La Comisión también ha informado sobre su seguimiento a los países en los que identificó en febrero desequilibrios macroeconómicos excesivos. Bruselas ha concluido a la luz de las reformas anunciadas que "no hay base" para seguir avanzando en el procedimiento "siempre y cuando haya una rápida y completa implementación" de sus recomendaciones. No obstante, Bruselas mantiene a Francia como único país con desequilibrios macroeconómicos "excesivos".

Con respecto a Italia, el Ejecutivo comunitario ha determinado que ha cumplido con los ajustes fiscales adicionales para este año y por tanto no considera necesarios "más pasos" para asegurar el cumplimiento del criterio de deuda establecido en el Pacto, que establece que el nivel de deuda pública no supere el 60% del PIB. También ha concluido que Bélgica y Finlandia cumplen con este criterio.

Por último, Bruselas ha propuesto pedir a Rumanía las "medidas apropiadas" este año para corregir el "desvío significativo" de sus cuentas públicas registrado en 2016. El objetivo de esta recomendación es que las autoridades rumanas toman las medidas necesarias para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Mejorar la eficiencia del gasto público

La Comisión Europea ha recomendado a España llevar a cabo un análisis "amplio" sobre el gasto público con el objetivo de identificar áreas de mejora para incrementar su eficiencia, al mismo tiempo que ha insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la senda fiscal marcada el año pasado, que establece un objetivo de déficit público del 3,1% del PIB este año.

Con respecto al mercado laboral, Bruselas insta a España a adoptar medidas para impulsar la contratación indefinida, así como a reforzar la coordinación entre servicios regionales de empleo, servicios sociales y empresarios para "responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores".

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También propone incrementar la "relevancia" en el mercado laboral de la formación universitaria y hacer frente a las diferencias de los resultados educativos entre las comunidades autónomas, a través principalmente de un "fortalecimiento" de la formación de profesores y del apoyo a estudiantes individuales.

Además, las recomendaciones dirigidas a España recogen la necesidad de "abordar las disparidades regionales y la fragmentación" de los regímenes de renta mínima en el país y de mejorar el apoyo a las familias, incluyendo el acceso a una atención infantil de calidad.

La última de las recomendaciones insta al Ejecutivo español a asegurar una inversión "adecuada y sostenida" en investigación y desarrollo y a garantizar una "profunda y completa implementación de la ley de mercado único".