El cáncer financiero que carcome a Argelia
En Argelia, el Tesoro Público, incapaz de hacerse cargo de las ayudas de todo tipo que se acumularon a través de los años, tampoco puede soportar la carga del déficit. En consecuencia, el Estado improvisa haciendo recaer sobre otros actores el financiamiento de las prestaciones sociales y de sus regalos, así como del déficit global que eso genera. Los subsidios incorporados en el presupuesto y por lo tanto visibles por la opinión pública –6 billones de dinares para un producto interior bruto estimado en 2022 en aproximadamente 24 billones de Dinares Argelinos (DA, 168.000 millones de dólares)– solo son una parte minoritaria del total. Cabe decir que reina el clientelismo y que no le faltan candidatos, por lo general con justa razón. Los sin techo quieren que los alojen, los más desfavorecidos quieren ser alimentados; los enfermos, curados; los agricultores, apremiados por una naturaleza ingrata, quieren que los protejan; los jubilados quieren gozar de una verdadera jubilación; los industriales, ser apoyados en sus empresas; las regiones atrasadas, recibir ayuda para dejar atrás su atraso…
Un Estado social que se basa en tres instituciones
El Estado “social”, tan ensalzado por los gobernantes, que lo utilizan como una marca de fábrica del régimen, pero también por la opinión pública, que lo ve como una especie de deber, aumenta año tras año, pero el presidente Abdelmadjid Tebboune, que en el mes de diciembre festejó su tercer aniversario en el poder, lo repite hasta el hartazgo: “Argelia seguirá siendo un Estado social”. En realidad, su futuro descansa sobre tres instituciones: el presupuesto del Estado, la empresa petrolera nacional y el sector bancario. La población, sobre todo fuera de las grandes metrópolis, padece escasez, retrasos, aumentos de precios debido a las fallas del sistema y, como si eso fuera poco, una pauperización sin precedentes.
El Estado destina cerca de 2 billones de DA para las “transferencias sociales presupuestarias” –según la terminología oficial–, que se inscriben en las cuentas oficiales. Tres cuartos de ese monto van a la vivienda, la salud y la familia. Contrariamente a una idea muy propagada, los productos de base (sémola, pan, azúcar, aceite, leche) ocupan un lugar modesto (apenas 1% del PIB) … Y con razón, porque el precio del pan está congelado desde hace 20 años y las panaderías se encuentran asfixiadas. Las jubilaciones (1,45% del PIB en 2022) tienen un reparto muy poco social. El Fondo Social de los funcionarios de alto rango se lleva más del 80% y los ingresos más bajos se las arreglan con el resto, de modo que 900.000 jubilados reciben menos de 40 euros por mes. Esta parsimonia extrema no impide que el déficit anual de la Caja Nacional de Jubilaciones (CNR, según sus siglas en francés) rompa récords y roce los 7.000 millones de euros.
Segunda institución obligada a contribuir: la empresa nacional Sonatrach, que destina al mercado interior por lo menos el 40% de su producción a precios regalados. En total, su volumen de negocios “nacional” representa apenas el 6% de sus ventas para exportación. ¿Quién se beneficia con esta gigantesca pérdida de beneficios, estimada por un exministro de Energía, Sadek Boussena, en 13.000 millones de dólares por año? Los automovilistas, los que poseen aires acondicionados y los mayores consumidores de electricidad, que en su mayoría pertenecen a las clases medias y superiores urbanas. El proyecto de aumentar las tarifas reaparece cada año sin que nunca pase nada. Los combustibles y el gas natural que alimenta las centrales eléctricas de Sonelgaz siguen siendo cedidos gratuitamente o casi. Por último, las pocas exportaciones que no son hidrocarburos y de las cuales se jacta el régimen gozan de un acceso a la energía tan barato que podemos preguntarnos con total legitimidad: ¿no sería mejor exportar directamente el combustible?
La generosidad del sector bancario
El sector bancario financia otro tipo de regalo, las bonificaciones de tasa de interés ya negativas en tiempos corrientes. El alza de los precios es dos a tres veces más elevado que el interés, lo que equivale a aligerar sensiblemente la carga del prestatario. Actualmente, la inflación roza el 10% anual y las tasas de interés giran en torno al 3%. El poder otorga facilidades con una gran generosidad a casi todo el mundo: empresas públicas, industriales privados, promotores inmobiliarios, agricultores con contactos, jóvenes en busca de liquidez… El Tesoro es más discreto respecto a estos “gastos fiscales”, cuya última estimación pública remonta a 2014 (954.4000 millones de DA), una cifra que “olvida” a todos los que ignoran honrar los vencimientos o pagar los intereses. A eso se agregan las pérdidas anuales de las empresas públicas (más de 600.000 empleados, según el último informe de la Corte de Cuentas), las garantías del Tesoro a innumerables deudores (el equivalente del 25% del PIB en 2016) y finalmente la distribución gratuita de terrenos pertenecientes al Estado. Las dos primeras cargas acumuladas superan por lejos los recursos bancarios y excluyen del crédito a otros actores deseosos de invertir.
En junio de 2021, para reflotar a los banqueros, se implementó un extraño montaje: el Estado pagó las deudas de los deudores de siete establecimientos públicos acreedores de unos 2,1 billones de DA. ¿Cómo? El dinero es totalmente creado por el banco central, el Banco de Argelia. En su última reseña de la economía argelina, en 2021, el Fondo Monetario Internacional no ocultó sus inquietudes respecto a este montaje poco ortodoxo que “amenaza la estabilidad monetaria del país, coloca las finanzas públicas en un gran peligro y compromete las capacidades del Banco de Argelia para financiar la economía nacional”.
Los privilegios del Ministerio de Defensa
En esta orgía de subsidios, profundizada por gastos corrientes que mostraron un aumento irracional (+27%), los gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa nacional crecieron más del 90% en la Ley de Finanzas 2023 en relación con 2022. Nadie sabe a qué corresponde eso, sobre todo porque la nueva presentación de la Ley de Finanzas tal vez reintrodujo en el presupuesto del Ministerio de Defensa gastos otrora disimulados en otra parte.
A eso se agregan las compras de armas, cuyo monto nunca es publicado, un gigantesco pero incompleto déficit presupuestario de 6,5 billones de DA, es decir, el 23,7% del PIB. La proporción es gigantesca, sin precedentes en el mundo o casi, excepto en los estados fallidos, a pesar del modo de cálculo de la fiscalidad petrolera, que subestima, por convención, el precio fiscal del barril y sobrestima un poco el déficit. Argelia amasó entre 2002 y 2013 un tesoro de guerra consecuente, situado en el Fondo de Regulación de Ingresos (FRR), que permitió financiar cuatro ejercicios fuertemente deficitarios entre 2014 y 2018. Luego, a falta de un mercado financiero capaz de tomar la posta, le siguió el financiamiento llamado “no convencional” o monetario, para decirlo más claramente. El préstamo obligatorio lanzado en 2016 por el Tesoro y desdeñado por los ahorradores desalentados por las tasas de interés negativas propuestas demostró su inexistencia. Los pocos establecimientos públicos rentables (principalmente el Banco de Argelia y Sonatrach) no generan lo suficiente para financiar el déficit. Como resultado, la creación monetaria reemplazó al FFR como medio principal de financiamiento del déficit público.
Esta situación anormal impide que el Estado equipe al país de escuelas y hospitales, que la empresa nacional de hidrocarburos haga exploraciones para remplazar yacimientos que se agotan y que los bancos financien a los emprendedores del futuro.
Eso no puede durar mucho tiempo. Su consecuencia más esperada, la inflación, no aparece sin embargo actualmente en las estadísticas. El alza de los precios –incluso en 2022, año de fuerte inflación mundial– se mantuvo oficialmente debajo de la marca del 10%. Esto tiene varias explicaciones. El índice, anticuado, solo comprende la ciudad de Argel y su estructura no cambia desde hace medio siglo; el sector informal, que ocupa del 30 al 40% de la economía, escapa por definición a los pronosticadores de la Organización Nacional de Estadísticas (ONS). Por último, la escasez, crónica, hace desaparecer los productos… ¡y sus precios se vuelven imposibles de rastrear! Con un termómetro tan tendencioso, no se puede realizar ninguna estadística seria.
Preparar la elección presidencial de 2024
“Los precios aumentaron en nombre de la libertad del comercio, los ingresos del ciudadano se estancaron y el valor del dinar cayó, ¿hacia dónde vamos?”, reconoció, sin dar cifras, el presidente de la república, Abdelmadjid Tebboune, en una de sus pocas entrevistas televisadas, el jueves 22 de diciembre de 2022. Tres días más tarde, anunció un conjunto de aumentos consecuente de los sueldos de los 2,8 millones de empleados públicos, congelados desde 2012, de los jubilados y del subsidio por desempleo del 1,8 millón de jóvenes diplomados sin empleo. El aumento prometido sería cercano al 47% entre 2022-2024, prometió el presidente, quien sin embargo no anunció una fecha precisa para la aplicación de esas medidas. Como por casualidad, el año en que finaliza ese plan también es el de la próxima elección presidencial, para la cual Tebboune aparece, por el momento, como favorito.
El gasto público, y con él los déficits, aumentarán en igual proporción. Respecto a los ingresos, a Sonatrach le ruegan duplicar su producción de gas en 2023, una hazaña inalcanzable para la empresa nacional, que suele tardar por lo menos una década en empezar a explotar un yacimiento. No hay ningún aumento a la vista de las tarifas del combustible y del gas natural, casi regalados en el mercado interno, ni ningún intento de refrenar un poco su consumo. El cáncer seguirá proliferando en la indiferencia de los responsables del país, tan avaros en la gestión de su colchón de dólares y tan ciegos frente a la tragedia de la moneda nacional, el dinar.
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Jean-Pierre Sereni es periodista, fue director de Le Nouvel Économiste y redactor jefe de L’Express.
Traducido del francés por Ignacio Mackinze
Texto en francés aquí.