Declarada ilegal la ley británica que permite recopilar y retener datos privados de usuarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera ilegal la Ley de Poderes de Investigación de Reino Unido, ya que afirma que la norma prescribe una "recopilación general indiscriminada de datos" que solo estaría justificada en "casos de delincuencia grave", según publica el diario The Guardian.

Los diputados británicos David Davis, secretario de Estado para la Salida de Reino Unido de la Unión Europea y miembro del Partido Conservador, y Tom Watson, del Partido Laborista, denunciaron que la Ley de Retención de Datos y Poderes de Investigación aprobada en 2014 era ilegal, un argumento que fue admitido por la Corte Suprema Británica, pero que tras la apelación del Gobierno fue remitida por los jueces al TJUE.

Tras declararla ilegal, fue reemplazada por la Ley de Poderes de Investigación, vigente desde otoño de este año. A pesar de que Davis, uno de los principales críticos con el espionaje del Gobierno a sus ciudadanos,  llegó a viajar a Luxemburgo esta primavera para escuchar el criterio del tribunal europeo, se retiró del caso cuando pasó a formar parte del Ejecutivo de Theresa May.

"El hecho de que se conserven los datos sin que los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas estén informados del hecho provoca que los usuarios puedan sentir que su vida privada está sometida a una vigilancia constante. Por consiguiente, solo el objetivo de combatir la delincuencia grave es capaz de justificar dicha injerencia", declara el tribunal.

El TJUE también denuncia que la ley británica prescribe una retención "general e indiscriminada de datos que no requiere que exista ninguna relación entre los datos que deben conservarse y una amenaza para la seguridad pública y que no se limita, entre otras cosas, a la retención de datos relativos a un momento determinado, período, zona geográfica o grupo de personas que puedan estar involucradas en un delito grave".

En la sentencia, el máximo órgano de justicia de la Unión Europea asegura que con los datos retenidos y su consideración en conjunto pueden permitir al Estado "sacar conclusiones muy precisas" sobre la vida privada de los ciudadanos objeto de las retenciones. Por lo tanto, "la legislación nacional que prevé la retención de datos de tráfico y datos de localización con ese derecho debe considerarse particularmente grave y supera los límites de lo estrictamente necesario", por lo que "no puede considerarse justificada en el seno de una sociedad democrática".

Clinton propone más espionaje contra el terrorismo

Ver más

Durante la audiencia de Luxemburgo, los abogados del gobierno del Reino Unido sostuvieron que las comunicaciones interceptadas habían estado en el centro de todos los casos de terrorismo investigados por la policía y los servicios de seguridad en los últimos años.

Un portavoz del Ministerio del Interior aseguró estar  "decepcionados con la sentencia del tribunal de justicia europeo"  y advirtió que considerarían "sus implicaciones potenciales".

"El Gobierno presentará argumentos sólidos a la corte de apelación sobre la fortaleza de nuestro actual régimen de retención y acceso a datos de comunicaciones", defendió el portavoz. "Dada la importancia de los datos de comunicación para prevenir y detectar la delincuencia, garantizamos que existan planes para que la policía y otras autoridades públicas puedan seguir adquiriendo dichos datos de manera coherente con la legislación de la UE y nuestra obligación de proteger al público", zanjó.