El Defensor del Pueblo Europeo pide "reforzar" el proceso para contratar a los asesores especiales de la Comisión

La defensora del pueblo de la UE, Emily O'Reilly, se pronunció el pasado mes de junio sobre el procedimiento de contratación y selección de asesores especiales. Y lo hizo dando una de cal y otra de arena a la Comisión Europea. Tras más de un año de investigación sobre este asunto, el órgano comunitario concluyó que, si bien las normas establecidas para estos puestos de apoyo a los comisarios "representan una base satisfactoria" para evitar posibles conflictos de intereses, es posible "reforzar" e incluir mejoras en los "procedimientos" que aplica para la designación de estos trabajadores. Actualmente, nueve de estos asesores especiales trabajan al mismo tiempo para el Ejecutivo comunitario y para empresas con intereses privados, tal y como desveló este lunes infoLibre.

En un dictamen firmado el pasado día 16 de junio, el Defensor del Pueblo de la UE recuerda la importancia de que "todos los actores" que intervienen en el proceso de selección "sean conscientes y se comprometan a abordar" los riesgos de confiar dicho asesoramiento a personas "que puedan tener intereses en conflicto", algo que puede "surgir y persistir" en ausencia de una "verdadera transparencia". Y felicita a la Comisión Europea por las mejoras experimentadas en este sentido en los últimos años. "[El Ejecutivo comunitario] se ha vuelto más prudente en la elaboración de los mandatos y en las medidas a adoptar para mitigar los riesgos", señala O'Reilly.

Sin embargo, la defensora del pueblo cierra sus conclusiones afirmando que la Comisión puede "reforzar" estos procedimientos con medidas de mitigación más eficaces, con un enfoque más proactivo de evaluación de los conflictos de interés o a través de un aumento de transparencia con la publicación de "más información" en su página web. En total, puso sobre la mesa del Ejecutivo de la UE un decálogo de sugerencias que incluía, además de las anteriores, la elaboración de un cuadro no exhaustivo con ejemplos de situaciones que podrían impedir la designación o ser "más específicos" en los "futuros deberes" que tendrán que realizar mientras permanezcan en el puesto.

"Asesoramiento independiente"

La Comisión tiene actualmente 52 asesores especiales en plantilla, que normalmente trabajan entre 10 y 40 días al año y que, tal y como recuerda el organismo de control de la UE, pueden ser "institucionales" –asisten a comités o servicios específicos, como el de Apoyo a la Reforma Estructural– o "no institucionales" –aconsejan a los comisarios sobre cuestiones concretas que son de su competencia–, grupo sobre el que se centra la investigación de O'Reilly. "Pueden ser pagados o no pagados", apunta el dictamen, que añade que "a menudo trabajan fuera de la Comisión" ya que sólo lo hacen para el Ejecutivo comunitario "a tiempo parcial". 

Estos trabajadores tienen la obligación de prestar "asesoramiento independiente" a los comisarios, algo que puede verse comprometido si tienen "intereses profesionales" en los mismos ámbitos en los que trabajan para el órgano ejecutivo europeo. Por eso, a la hora de la contratación, el defensor del pueblo de la UE señala que la Comisión tiene que disponer de "procedimientos para identificar" los conflictos de interés y de "medidas de mitigación" para hacerles frente. "Las normas y prácticas sólidas sirven no sólo para proteger a la Comisión y su reputación, sino también para proteger la de los propios asesores especiales", apunta el documento.

El Defensor del Pueblo es consciente de la dificultad de dilucidar, en algunas ocasiones, si existe conflicto de interés. Por ello, recomienda elaborar "un cuadro no exhaustivo" con ejemplos de situaciones que podrían impedir una determinada designación. Algo que ayudaría al Ejecutivo comunitario, dicen, "a estructurar mejor el razonamiento, a permitir una evaluación más coherente y a proporcionar una justificación convincente de sus decisiones". "Las instituciones no deberían limitarse a reaccionar ante situaciones que ya se han desarrollado", asevera.

En este sentido, también recuerda que sólo el hecho de que una persona trabaje en el mismo área general que en el que asesora al mismo tiempo a la Comisión "no significa necesariamente" que "esté en conflicto". Por ello, pide evitar los "supuestos simplistas" y reitera la importancia de que el órgano ejecutivo de la Unión Europea obtenga "información completa y clara" sobre todas las actividades externas de estos asesores, analizando con detenimiento caso a caso. Durante su investigación, O'Reilly comprobó que previamente a la contratación de estos asesores en 2016 se hizo "un examen detallado".

Detalles vagos de sus tareas

Con el objetivo de mantener el mayor control posible, el Defensor del Pueblo Europeo también solicita que se sea "lo más específico posible" a la hora de señalar "los futuros deberes" que tendrán estos asesores para poder identificar "los posibles riesgos". "Si bien puede ser tentador formular un mandato muy vagamente con el objetivo de maximizar la flexibilidad y que pueda así adaptarse a las necesidades cambiantes, hacerlo sería problemático e imprudente", apostilla el dictamen. La claridad y concreción en este sentido es otra de las tareas pendientes del Ejecutivo comunitario.

Entre las medidas de mitigación "realistas y aplicables" que plantea O'Reilly, destaca la referida al tratamiento de la información confidencial obtenida por estos trabajadores en el desempeño de sus funciones. Así, recuerda que todos esos detalles pueden ser cedidos a un tercero o, incluso, utilizados por el propio asesor en su trabajo fuera del órgano ejecutivo europeo. Por ello, el defensor del pueblo cree que la única manera de evitarlo es asegurándose de que estas personas "nunca obtengan información confidencial de uso específico en su puesto fuera de la Comisión".

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El papel del Corporate Europe Observatory

La investigación de O'Reilly se inició tras las reiteradas quejas del Corporate Europe Observatory (CEO) ante casos como el de Jan Eric Frydman, el diplomático sueco y asesor en materia comercial de la Comisión Europea que fue socio hasta marzo de 2017 de la firma jurídica sueca Ekenberg&Andersson, en la que dirigía la práctica transatlántica. Margarida Silva, investigadora de la organización, celebra que la investigación no se haya centrado sólo en los casos concretos que se han puesto sobre el tapete en los últimos años. "Hace sugerencias sobre el proceso en general", señala en conversación con infoLibre. 

El Corporate Europe Observatory, que lleva presentando quejas sobre este asunto desde el año 2009, acoge con buenos ojos el dictamen del organismo europeo porque muchas de las recomendaciones que hace "están en línea" con lo que ellos mismos defienden. "Pero recibimos con especial satisfacción el apunte de que la Comisión Europea debe ser más proactiva en todo el proceso y la reclamación de más claridad y transparencia", afirma Silva, que señala como otro de los puntos claves la petición de que se establezcan medidas de mitigación apropiadas. "Todavía quedan muchos problemas", sentencia.