Silbidos y gritos de "¡Fuera, fuera!". Ese fue el recibimiento que parte de los manifestantes que participaron en la marcha contra el terrorismo en Barcelona tenían reservado para el rey, Felipe VI, y el Gobierno de Mariano Rajoy. La presencia del monarca y el Ejecutivo en la manifestación no era plato de buen gusto para más de un centenar de colectivos sociales, que en las horas previas firmaron un manifiesto en el que tildaron la asistencia de "hipócrita". "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas" o "Vuestras políticas, nuestras muertes" fueron algunas de las pancartas utilizadas para recordar la relación de amistad entre las familias reales de España y Arabia Saudí, dictadura que alimenta el wahabismo, una visión extremista del Islam con fuerte influencia para organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda.
De hecho, la presencia en la marcha de partidos como la CUP estuvo en duda hasta el último momento. Cinco días antes, la formación anticapitalista señaló que se planteaba no acudir si iban tanto el monarca como el Gobierno de España. "Todo el mundo sabe cuáles son las relaciones de amistad y económicas de la monarquía española, sus relaciones con las monarquías pérsicas, como Catar y Emiratos, que financian al Dáesh –también denominado Estado Islámico– y que son culpables de lo que sucedió el jueves en Barcelona. Es una hipocresía enorme que el rey venga a pasearse", afirmó en una entrevista con Catalunya Ràdio Mireia Boya, diputada del partido en el Parlament.
Estas relaciones de amistad también se pusieron sobre la mesa en la comisión de seguimiento del Pacto antiyihadista, reunida tras el doble atentado en Barcelona y Cambrils en el que fueron asesinadas una quincena de personas. Un día después de la reunión, el secretario general de Podemos –que no se ha sumado al pacto pero asiste a las reuniones como observador–, Pablo Iglesias, señaló que "para avanzar en la lucha contra el terrorismo es necesario que algunos partidos asuman lo que ha significado Arabia Saudí para el desarrollo de los mantras de los que se nutren las redes terroristas". "Los intereses empresariales españoles en Arabia Saudí y Catar no pueden condicionar nuestra política de Estado", añadió.
Las monarquías del Golfo, bajo la lupa
No es la primera vez que se culpa a las monarquías del Golfo de contribuir a la expansión de grupos yihadistas. La acusación más contundente en este sentido fue la que hizo en 2014 la rival de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton, en un correo electrónico enviado a John Podesta –su exdirector de campaña– y revelado por Wikileaks. "Necesitamos usar nuestra diplomacia y más activos de inteligencia tradicional para añadir presión sobre los gobiernos de Catar y Arabia Saudí, que están dando apoyo financiero y logístico de forma clandestina al ISIL –Estado Islámico, por sus siglas en inglés– y a otros grupos radicales sunís en la región", decía la que fuera secretaria de Estado de EEUU durante la Administración Obama.
Actualmente no existen pruebas que pongan de manifiesto una financiación directa de los grupos yihadistas por parte de las monarquías del Golfo. Sin embargo, los expertos en terrorismo internacional sí que ponen el foco en el dinero que estos grupos reciben de donantes privados y organizaciones sin ánimo de lucro de países como Arabia Saudí, Kuwait y Catar, principalmente. En junio de 2014, un mes antes de que Al Baghdadi se autoproclamase califa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se mostró contundente al respecto: "Jahbat Al Nusra –filial de Al Qaeda en Siria– y el Estado Islámico continúan recibiendo donaciones de ciudadanos privados ubicados en la Península Arábiga para financiar sus operaciones".
En el caso de la organización terrorista que reivindicó el doble atentado en la Ciudad Condal y el municipio tarraconense, los donativos privados "han sido una fuente de ingresos durante casi una década", desde que se presentaba como Al Qaeda en Irak, señala Matthew Levit, investigador del Washington Intitute for Near East Policy, en su estudio Terrorist financing and the Islamic State. De hecho, una investigación de Newsweek calculó que en 2012 y 2013 el grupo terrorista podía haber acumulado unos 40 millones de dólares procedentes de donantes saudíes, cataríes y kuwaitíes.
Arabia Saudí, base de apoyo financiero
Las relaciones entre España y Arabia Saudí, y sobre todo entre las casas reales de ambos países, siempre han sido muy fluidas. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), sólo en 2016 las exportaciones españolas al país ascendieron a un total de 2.363,5 millones de euros. Entre ellas, destaca la venta de material militar, algo muy criticado por las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Entre 2013 y 2016, según datos oficiales, España –cuyo Gobierno tiene que autorizar cada venta de material bélico por parte de las compañías– exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros, nada menos que 29 veces más que en el periodo 2009-2012.
La monarquía absoluta árabe ha sido muy criticada por impulsar la difusión del wahabismo, una visión rigorista del islam de cuya ideología se alimentan buena parte de los grupos yihadistas. Sin embargo, Arabia Saudí también ha sido señalada como "la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo", según las palabras utilizadas en diciembre de 2009 por la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, en una comunicación remitida a las embajadas estadounidenses de Riad (Arabia Saudí), Abu Dabi, Kuwait, Islamabad (Pakistán) y Doha (Catar) que desveló Wikileaks.
"Es una base de apoyo financiero crítico para Al Qaeda, los talibán, Lashkar-e-Tayba –que opera principalmente en Pakistán– y otros grupos terroristas, incluidos Hamás, que probablemente recaudan millones de dólares anuales de fuentes saudíes, a menudo durante el hach [la peregrinación a La Meca] y el Ramadán", agregaba la secretaria de Estado. Sin embargo, Clinton celebraba que el reino se hubiese tomado "en serio" la amenaza del terrorismo en los últimos años: "Ha comenzado a hacer importantes avances en este frente (...) mediante la investigación y la detención de facilitadores de financiación".
No obstante, a pesar de haber promulgado "importantes reformas para castigar la financiación y frenar el flujo de fondos de organizaciones benéficas saudíes", la secretaria de Estado consideraba que la monarquía todavía tenía que dar más pasos al frente. En este sentido, lamentaba que las restricciones no afectaran a organizaciones multilaterales como la Liga Musulmana Mundial (MWL), la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana (WAMY) o la Organización Internacional de Socorro Islámico (IIRO), algo que había prometido Riad. "Inteligencia sugiere que estos grupos continúan enviando dinero al extranjero y, en ocasiones, financian el extremismo", sostenía en el cable diplomático.
Catar, "jurisdicción permisiva"
Catar, por su parte, fue señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2014 como una de las dos monarquías del Golfo con las jurisdicciones más permisivas en la lucha contra el terrorismo. Algo que también reflejó la secretaria de Estado norteamericana en la comunicación de 2009 con las diferentes embajadas, en la que criticó el "enfoque pasivo" del país a la hora de colaborar con Estados Unidos contra la financiación del terrorismo yihadista. En este sentido, la excandidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales llegó a apuntar que el nivel de cooperación de la monarquía catarí en esta materia era "uno de los peores" de toda la región.
"Al Qaeda, los talibanes, Lashkar-e-Toiba y otros grupos explotan Catar como una localidad para recaudar fondos", explicaba la secretaria de Estado en el cable diplomático, en el que se quejaba de que los servicios de seguridad cataríes, con "capacidad para hacer frente a amenazas directas", hayan sido "reacios" a la hora de actuar "contra terroristas conocidos". Algo que la secretaria de Estado atribuía a la "preocupación" del reino de aparecer "alineado" con Estados Unidos "y provocar así represalias".
Así, se pueden recopilar casos como el de Khalifa al-Subaiy y Abdulrahman al-Nu'aymi, dos individuos bajo sanciones de Estados Unidos y la ONU por financiar el terrorismo que, según revelaron las autoridades estadounidenses, se encontraban viviendo en Catar pero "sin ser sometidos a la ley catarí". Nu'aymi ha sido acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de financiar con más de dos millones de dólares al Estado Islámico cuando todavía era Al Qaeda en Irak. Al-Subaiy, por su parte, ha sido señalado por Estados Unidos como un financiador de Khalid Sheikh Muhammad, considerado uno de los "arquitectos" del 11-S.
Pero no son los únicos ejemplos. La Foundation for Defense of Democracies contabiliza en su informe Qatar and terror finance. Part II: private funders of al-Qaeda in Syria otros seis casos más que evidencian la inacción de la monarquía a la hora de frenar y castigar estos flujos de dinero hacia organizaciones terroristas. David Andrew Weinberg, autor del informe, califica esta falta de movimiento como "negligencia inexcusable" que "socava la seguridad internacional". Una pasividad a la que podría ponerse fin con el acuerdo que la monarquía del Golfo y EEUU firmaron el pasado mes de julio, justo después del bloqueo a Catar de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto.
Kuwait, fuente principal
Kuwait, al igual que Catar, también ha sido definido por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno de los países del Golfo con "jurisdicciones permisivas". De hecho, según se recoge en el informe Terrorist financing: kidnapping, antiquities trafficking and private donations, el departamento de EEUU reveló en 2013 que el reino se había convertido en la principal fuente de donaciones privadas a terroristas vinculados a Al Qaeda en Siria. "Sin embargo, a diferencia de Catar, desde entonces ha abierto cargos criminales contra varios presuntos financiadores del terrorismo, aunque esos esfuerzos han sido inconsistentes", señala el informe.
Los negocios entre Cataluña y las monarquías del Golfo Pérsico
Las críticas contra Kuwait también eran contundentes en la comunicación diplomática de Clinton revelada por la organización de Julian Assange. "Si bien el Gobierno se ha mostrado dispuesto a actuar cuando los ataques sean en Kuwait, ha estado más inactivo a la hora de tomar medidas contra los financiadores y facilitadores afincados en Kuwait que planean ataques fuera", aseveraba la secretaria de Estado, que lamentaba entonces que la ley kuwaití prohibiera "los esfuerzos para socavar o atacar a vecinos árabes, una base para el enjuiciamiento de facilitadores de Al Qaeda". Además, criticaba que el país fuese "el único" del Consejo de Cooperación del Golfo que no tenía tipificado como delito la financiación del terrorismo.
"Al Qaeda y otros grupos terroristas continúan explotando Kuwait como una fuente de fondos y un punto clave de tránsito", aseguraba Clinton. Sin embargo, celebraba algunas medidas que habían sido adoptadas por la monarquía para tratar de poner fin al descontrol. Así, EEUU veía con buenos ojos la decisión de poner punto y final a las donaciones en efectivo en el sector caritativo, así como la supervisión y el monitoreo de las mezquitas y organizaciones benéficas. No obstante, consideraba que era "demasiado pronto" para valorar si estos pasos suponían un cambio de la política kuwaití.
Sin embargo, en los últimos años se han conocido otros casos que muestran que la financiación de grupos terroristas en las monarquías del Golfo es una práctica normalizada. Sin ir más lejos, en 2014 el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Cohen, acusó al nuevo ministro de Justicia y Asuntos Islámicos kuwaití, Nayef al Ajmi, de financiar actividades terroristas en Siria. En concreto, se le relacionó con Jabhat al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria. Nada más conocerse el nombramiento, el departamento del Tesoro lo calificó como "un paso en la mala dirección" al tener Al Ajmi "un pasado como promotor de la yihad" en suelo sirio". La presión estadounidense, al final, provocó la caída del ministro.
Silbidos y gritos de "¡Fuera, fuera!". Ese fue el recibimiento que parte de los manifestantes que participaron en la marcha contra el terrorismo en Barcelona tenían reservado para el rey, Felipe VI, y el Gobierno de Mariano Rajoy. La presencia del monarca y el Ejecutivo en la manifestación no era plato de buen gusto para más de un centenar de colectivos sociales, que en las horas previas firmaron un manifiesto en el que tildaron la asistencia de "hipócrita". "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas" o "Vuestras políticas, nuestras muertes" fueron algunas de las pancartas utilizadas para recordar la relación de amistad entre las familias reales de España y Arabia Saudí, dictadura que alimenta el wahabismo, una visión extremista del Islam con fuerte influencia para organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda.