El 12 de septiembre de 2016, un tribunal de Sevilla condenó a los tres principales directivos de la empresa minera Cobre Las Cruces a un año de cárcel y 293.000 euros de indemnización. Los tres se confesaron culpables de un delito contra el medio ambiente, al contaminar con arsénico un acuífero próximo a la mina de cobre, y otro delito de daños al dominio público, puesto que la compañía extrajo de manera ilegal mucha más agua de la que tenía autorizada. La confesión formó parte de un acuerdo de los tres directivos de la compañía con la Fiscalía, que pedía inicialmente más de cinco años de cárcel, pero al final aceptó reducir la condena a un año, en parte por lo mucho que se había alargado un procedimiento judicial iniciado en 2008.
En febrero de aquel mismo 2016, a pesar de que era público que estaba abierta una causa penal contra Cobre Las Cruces por delitos contra el medio ambiente, esta compañía actuó como coordinadora de un proyecto denominado Inmet, cuyo objetivo era “maximizar el rendimiento de la recuperación de metales y minimizar el consumo de energía y la huella medioambiental”. Inmet formaba parte del programa Horizon y estaba financiado por la Unión Europea con 7,8 millones de euros, de los que 2,73 se quedaron en la caja de Cobre Las Cruces. Esta empresa, que tiene la sede en España pero cuyo propietario es la sociedad canadiense First Quantum Minerals, ha sido elegida para participar en siete proyectos del programa Horizon relacionados con lo que se conoce como materias primas críticas, que son esenciales para la transición energética y la digitalización. En total, se embolsará 5,53 millones de dinero público, lo que convierte a Cobre Las Cruces en la segunda empresa de toda Europa que más fondos recibe en proyectos de Horizon relacionados con materias primas críticas.
A menos de 20 kilómetros de la mina de Cobre Las Cruces, también en la provincia de Sevilla, está la localidad de Aznalcóllar. Allí se produjo en 1998 una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en los últimos 50 años. La rotura de la balsa de la mina de pirita de Aznalcóllar causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. El río tóxico se quedó a las puertas de Doñana, el principal parque nacional de Europa. La dueña de la mina era la multinacional sueca Boliden, que abonó unos 40 millones en indemnizaciones, pero dejó otras facturas sin pagar. La filial española de Boliden se declaró insolvente y el Gobierno español no pudo cobrar los 43 millones que gastó en limpiar los lodos tóxicos. El intento de la Junta de Andalucía de cobrar a Boliden los 89 millones que costó la restauración de la zona también ha fracasado de momento, en este caso por una resolución judicial que exime a la compañía sueca del pago, aunque la sentencia aún no es firme.
Boliden no paga lo que debe por el desastre medioambiental que causó en España, pero cobra sin problema dinero de los contribuyentes europeos. La multinacional sueca ha participado en ocho proyectos del programa Horizon relacionados con materias primas críticas en los últimos diez años, por los que ha recibido 2,7 millones de la UE. Varios de ellos tienen entre sus objetivos “minimizar el impacto medioambiental de las operaciones mineras”.
Investigate Europe ha analizado todos los proyectos financiados por los programas Horizon 2020, iniciativa de la UE que contó con un presupuesto de 80.000 millones entre 2014 y 2020 para impulsar la investigación e innovación, y Horizon Europe, sucesor del anterior que prevé distribuir 95.500 millones entre 2021 y 2027. Entre los miles de proyectos impulsados por los dos programas Horizon –que goza de amplio prestigio entre los científicos del continente– hay 95 que están directamente relacionados con las materias primas críticas. Esos 95 proyectos recibieron en total 667 millones de euros de financiación de la UE y en ellos participaron 1.043 entidades, entre empresas, universidades y centros de investigación.
Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].
Una larga lista negra
Esos ataques al medio ambiente por parte de empresas que reciben fondos de la UE no solo se han producido en suelo europeo. Boliden, la causante de la catástrofe de Aznalcóllar, aparece en un informe sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas europeas en terceros países, solicitado por el Parlamento Europeo. La multinacional sueca fue acusada de exportar residuos mineros a Chile, donde un subcontratista se deshizo de ellos sin tratarlos adecuadamente y perjudicando así a la salud de las comunidades locales. La francesa Eramet, que recibió 1,9 millones para cuatro proyectos Horizon, afronta denuncias por destruir los bosques y tierras de tribus locales de Indonesia afectados por la explotación de Weda Bay, la principal mina de níquel del mundo. Otra filial de Eramet, Société Le Nickel, está bajo la lupa por los presuntos daños medioambientales causados en Nueva Caledonia. La británica Anglo American, que recibió algo más de 200.000 euros de un proyecto Horizon, se enfrenta a demandas colectivas en los tribunales por el presunto envenenamiento masivo de niños con plomo en Zambia y acumula denuncias por contaminación en otros lugares como Brasil.
La lista sigue y sigue, con más de una decena de empresas mineras que cumplen esa doble condición de perceptoras de fondos de los programas Horizon relacionados con la transición verde y al mismo tiempo presuntas autoras de abusos medioambientales por todo el planeta.
Investigate Europe preguntó a la Comisión Europea si ser responsable de delitos medioambientales no es incompatible con la percepción de subvenciones. “La Comisión tiene muy en cuenta los factores medioambientales en los proyectos financiados por la UE”, aseguró una portavoz oficial, quien destacó que con el Pacto Verde Europeo se introdujo el principio de “no causar daños significativos”. Además, añadió que en Horizon Europe los participantes deben demostrar que sus proyectos respetan las prioridades climáticas y medioambientales fijadas por la UE. La portavoz evitó pronunciarse sobre el hecho de que esta financiación de empresas acusadas de daños medioambientales se ha producido con frecuencia, a pesar de que en sus preguntas los periodistas señalaron específicamente los casos de Cobre Las Cruces y Boliden.
China, Rusia, Islas Vírgenes Británicas
El análisis sobre quién termina beneficiándose de los fondos Horizon guarda más sorpresas. La UE defiende la necesidad imperiosa de reducir su actual dependencia en materias primas críticas, que es especialmente significativa en el caso de China, pero también importante en el caso de Rusia. Como desveló Investigate Europe, ninguno de los 11 paquetes de sanciones a empresas y oligarcas rusos han afectado a las materias primas críticas, de forma que Europa le sigue comprando sin problemas níquel, cobre, vanadio o titanio.
Lo cierto es que dinero público de Horizon también ha terminado en manos chinas o rusas.
Soil Machine Dynamics Ltd. es una de las principales empresas de robótica submarina del mundo, que pertenece al grupo SMD (Specialist Machine Developments Ltd.), con sede en el Reino Unido. Soil Machine Dynamics recibió 3,53 millones del presupuesto de Horizon para el proyecto Vamos, cuyo objetivo era desarrollar una nueva técnica minera para extraer yacimientos minerales hasta ahora inalcanzables al encontrarse a una profundidad de más de 500 metros. El proyecto se inició el 1 de febrero de 2015 y, cinco días más tarde, el fondo de inversión Inflexion hizo público que había vendido SMD a la compañía Zhuzhou CSR Times Electric, cuyo accionista mayoritario es el Estado chino. Vamos se desarrolló hasta enero de 2019.
Aughinish Alumina es una empresa con sede en Irlanda que refina bauxita, roca de la que se extrae la alúmina utilizada para producir aluminio. La compañía irlandesa pertenece desde 2007 a Rusal, grupo ruso que es líder mundial de la industria del aluminio y uno de cuyos accionistas clave es Oleg Deripaska, que está incluido en la lista de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Aughinish Alumina también está incluida en otra lista, la de beneficiarios del programa Horizon. En concreto, recibió 563.500 euros por su participación en el proyecto RemovAL, que investigó cómo incrementar la utilización de los residuos industriales de bauxita.
Un accionista minoritario de Rusal es otro conocido oligarca ruso, Viktor Vekselberg, multimillonario que agrupa parte de sus inversiones en un holding llamado Renova. Hasta 2018, Renova tenía la mayoría absoluta del capital de la compañía sudafricana Transalloys, dedicada a la producción de ferrroaleciones de manganeso, aunque aquel año redujo su participación por debajo del 25%. La inmensa mayoría de las entidades que han recibido dinero público de Horizon son de la UE, pero también hay alguna de terceros países. Es precisamente el caso de Transalloys. Desde el 1 de enero de 2023 participa en el proyecto HalMan, que pretende desarrollar un proceso para extraer manganeso de forma más sostenible utilizando hidrógeno. La empresa sudafricana recibirá algo más de 73.000 euros del presupuesto de la UE. Los periodistas preguntaron a Transalloys y Renova cuál es la participación accionarial actual de la sociedad de Vekselberg, pero ambas se negaron a responder.
China, Rusia… y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero de los contribuyentes europeos también puede terminar en una sociedad con sede en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Desde allí opera Lancaster Exploration Limited, participante en el proyecto HiTech AlkCarb, cuyo objetivo era aportar a la industria europea de alta tecnología nuevos “modelos de exploración de las zonas alcalinas y carbonatitas”. Lancaster está especializada en la exploración de tierras raras en África y recibió más de 168.000 euros de la UE.
Los periodistas preguntaron a la Comisión Europea si operar desde paraísos fiscales no supone ningún obstáculo a la hora de recibir dinero público de la UE, citando el ejemplo de Lancaster Exploration Limited. “Como norma general, las personas jurídicas deben cumplir toda la legislación aplicable, incluida la fiscal”, respondió la portavoz de la Comisión, sin referirse al caso concreto planteado. Dicha portavoz recordó que “la autoridad otorgante de la subvención de la UE puede poner fin a la participación de un beneficiario” cuando incumple las obligaciones fiscales o de seguridad social o cuando “ha sido creado en una jurisdicción diferente con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro tipo en el país de origen".
El destino de las subvenciones ‘verdes’
El análisis del dinero destinado por la UE a investigación e innovación a través de los programas Horizon demuestra que la preocupación por las materias primas críticas no es algo nuevo, aunque es cierto que se ha intensificado durante los últimos años. Si nos fijamos en el año de inicio y el importe de los 95 proyectos subvencionados, vemos que 2021, 2022 y 2023 son los únicos en que se superan los 100 millones de euros en total. Pero 2015 también fue un año de gran actividad, con la puesta en marcha de 16 proyectos –el récord desde 2014 a falta de conocer los datos finales de 2023–, que recibieron más de 88 millones del presupuesto comunitario.
El único proyecto que arrancó en 2014 se titulaba Optimore y estaba coordinado por Josep Oliva, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. “El objetivo era desarrollar modelos matemáticos para optimizar procesos, desde la trituración hasta la separación, de tántalo y wolframio mediante inteligencia artificial”, explica Oliva en conversación con IE. El profesor destaca que “la participación de la industria en estos proyectos es clave. La UE no apoya proyectos de investigación que no estén apoyados por empresas, donde no se vaya a producir una transferencia de resultados”. En su caso, señala Oliva, las empresas mineras aportaron dos cuestiones: “Nosotros necesitábamos materias primas para trabajar. Y esto lo facilitaron las empresas. Trabajamos con minas de Austria, Reino Unido y España. Y luego es importante trabajar con las empresas para realizar la transferencia de resultados”.
De acuerdo con la clasificación de la propia UE sobre el tipo de entidad perceptora de fondos Horizon para proyectos de materias primas críticas, el 45% del dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro, el 28% a universidades o instituciones educativos y el 20% a centros de investigación.
En cuanto a la distribución por países de los proyectos financiados por Horizon, entidades con sede en Alemania, España, Finlandia y Francia son las que más dinero han recibido.
En el caso de España, hay 122 entidades diferentes que han participado en alguno de los 95 proyectos. Es el país que más tiene. Esas entidades recibieron en total 88,3 millones. Quince de ellas lograron más de dos millones. La lista la encabeza el centro vasco de investigación Tecnalia, con 7,3 millones, seguida de la minera Cobre Las Cruces, con 5,5 millones. Entre las empresas subvencionadas están dos del grupo Maxam, que tiene actividades mineras, pero sobre todo es conocida por ser fabricante de armas. Como desveló infoLibre, el Gobierno español autorizó en 2021 que pasase a estar controlada por accionistas ocultos en las Islas Caimán. Maxam se embolsó 1,8 millones procedentes de proyectos Horizon.
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Casi el 90% de los fondos se queda en entidades registradas en los Estados miembros de la UE –incluido Reino Unido en el caso del dinero de Horizon 2020–, algo más del 7,5% lo perciben miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –Noruega es el quinto país que más dinero recibe–, mientras que el 2,5% restante se va a terceros Estados. En total, entidades de 57 países han contado con algún tipo de financiación del programa Horizon.
El lobby minero, aprovechando la preocupación de la UE por incrementar la autonomía europea en materias primas críticas, presiona para lograr que se incremente la financiación pública. Una premisa que ya han asumido las instituciones comunitarias en su propuesta de Reglamento de Materias Primas Críticas, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024. El objetivo de las patronales es que no solo se financie la investigación científica básica, como ocurre con el programa Horizon, sino también la exploración minera.
Lo cierto es que, más allá de Horizon, ya existe más dinero público para la minería, a través de los presupuestos estatales y regionales de los Estados miembro. El pasado 9 de agosto, por ejemplo, la Comisión Europea dio luz verde a una subvención de 26,7 millones concedida por España a la empresa Cobre Las Cruces para que modernice su refinería en el complejo minero de Sevilla. La Comisión cree que esa ayuda estatal contribuirá a los objetivos del Pacto Verde europeo. Y todo ello a pesar de que Cobre Las Cruces no siempre es ejemplo de prácticas “verdes”. Después de los hechos que llevaron a la condena de sus tres principales directivos por delito contra el medio ambiente, el Gobierno español ha sancionado en dos ocasiones a la compañía por quedarse agua ilegalmente en su explotación minera.