El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se redoble la presión sobre los gobiernos de Polonia y Hungría tras constatar que ninguno de los dos países ha atajado las deficiencias detectadas en el respeto del Estado de Derecho, a pesar de los procedimientos abiertos en los dos casos.
En una resolución aprobada con 446 votos a favor, 178 en contra y 41 abstenciones, los eurodiputados denuncian que la situación en estos dos estados miembro ha incluso "empeorado", tal y como constatan la Comisión Europea, Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE, desde que se activaran en ambos casos el artículo 7 del Tratado, que podría suponer la retirada de su derecho a voto.
La Eurocámara ha criticado que las audiencias organizadas en virtud de este procedimiento para encontrar soluciones no han sido "ni regulares ni estructuradas". Por eso, piden a los gobiernos de la UE que fijen "recomendaciones concretas" con plazos de cumplimiento para Varsovia y Budapest con vistas a "garantizar que le legislación de la UE sea respetada".
El texto también denuncia que estas plataformas de diálogo se han realizado entre las veintiocho capitales de la UE y han dejado fuera a los eurodiputados, al tiempo que han reclamado que se les deje presentar "formalmente" una propuesta "razonada" para atajar la situación.
"El fracaso por parte del Consejo para hacer efectivo el uso del artículo 7 sigue perjudicando la integridad de los valores comunes europeos, la confianza mutua y la credibilidad de la UE en su conjunto", remarcan los eurodiputados.
Además, el texto urge a la Comisión Europea a utilizar "todas las herramientas a su disposición" para prevenir una "violación grave" de los valores europeos, como procedimientos acelerados de infracción y medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
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Por último, el Parlamento Europeo destaca en la resolución que estos dos casos demuestran la "necesidad inminente" de que la UE se dote de un mecanismo en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que analice todos los años y bajo criterios objetivos el cumplimiento de los valores europeos por parte de todos los estados miembro.
En el caso de Polonia, la Comisión Europea activó el llamado 'botón nuclear' tras la polémica reforma del sistema judicial que, sobre todo, minó la independencia de los jueces del Tribunal Supremo a través de un adelantamiento de su edad de jubilación.
Con respecto a Hungría, fue la propia Eurocámara la institución que activó el procedimiento por los casos de corrupción, las trabas a la independencia del Poder Judicial, las restricciones al derecho al asilo de los refugiados o la puesta en riesgo de la libertad de expresión e información.
El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se redoble la presión sobre los gobiernos de Polonia y Hungría tras constatar que ninguno de los dos países ha atajado las deficiencias detectadas en el respeto del Estado de Derecho, a pesar de los procedimientos abiertos en los dos casos.