El fiscal ante el Tribunal Supremo se ha opuesto a investigar las torturas denunciadas por Hamed Abderrahaman Ahmed, conocido como el talibán español, durante su detención en Guantánamo porque considera que la última reforma de la justicia universal imposibilita atender a esta demanda sustentada en el interrogatorio en el penal de dos funcionarios españoles que, sostiene el Ministerio Público, no participaron en "ninguna irregularidad", informó Europa Press.
El expreso de Guantánamo, de 41 años, fue detenido de nuevo el pasado 23 de febrero por liderar presuntamente una célula desarticulada por la Policía Nacional. Hamed Abderrahaman Ahmed es conocido como el talibán español por ser el único de esta nacionalidad que pasó por el penal estadounidense de Cuba tras ser detenido en Pakistán huyendo de Afganistán.
El talibán español fue condenado en octubre de 2005 por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por un delito de integración en la organización terrorista Al Qaeda. Su defensa presentó ante el Supremo un recurso después de que, el 8 de enero de 2016, la Audiencia Nacional sobreseyera su denuncia por un delito de torturas e integración moral.
El representante del Ministerio Público argumenta su posición aludiendo a la última reforma de la justicia universal, citando para ello lo establecido por el alto tribunal: "La nueva regulación del principio de justicia universal respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España".
El fiscal advierte un cambio de estrategia de la defensa de Abderrahaman Ahmed al señalar ante el Supremo que en los delitos de torturas en Guantánamo pudieron haber participado por acción u omisión ciudadanos españoles, lo que abriría la puerta a una investigación de la Justicia española. Sin embargo, considera que este argumento "no es de recibo".
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Interrogatorio voluntario
"Es obvio que el objetivo de la investigación es lo ocurrido en un campo de prisioneros localizado en una isla muy alejada del territorio nacional, sobre la que España no tiene ningún tipo de jurisdicción", sostiene el fiscal sobre Guantánamo, oponiéndose así a atender a la petición del talibán español de investigar las posibles torturas por la presunta participación en el penal estadounidense de dos funcionarios españoles al menos durante los días 22 y 23 de julio de 2002.
"No existe, pues, la mínima sospecha de que los funcionarios españoles desplazados a Guantánamo", dice el Ministerio Pública tras calificar esta presencia como cierta, "cometieran en dicho espacio temporal ningún atisbo de irregularidad". Además, subraya que se trata de unos hechos ya juzgados y con una sentencia firme que reconoce que Abderrahaman Ahmed y otros seis querellantes "se sometieron a un interrogatorio voluntariamente aceptado".
El fiscal ante el Tribunal Supremo se ha opuesto a investigar las torturas denunciadas por Hamed Abderrahaman Ahmed, conocido como el talibán español, durante su detención en Guantánamo porque considera que la última reforma de la justicia universal imposibilita atender a esta demanda sustentada en el interrogatorio en el penal de dos funcionarios españoles que, sostiene el Ministerio Público, no participaron en "ninguna irregularidad", informó Europa Press.