El debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de bulos, más allá de publicaciones penalmente perseguibles por delitos ya tipificados en el Código Penal, tiene un precedente en Francia. El 20 de noviembre de 2018 el Parlamento francés aprobó, a propuesta del Gobierno de un Emmanuel Macron al inicio de su primer mandato, dos leyes polémicas que una parte de la oposición consideró “peligrosas” pero que desde entonces se aplican sin más aspavientos. Una ley orgánica que ordenaba el papel de los poderes públicos en la información y otra, la más controvertida, que permite que un grupo de jueces obliguen a eliminar un contenido informativo en un plazo máximo de 48 horas si consideran que es “información falsa”. Esa parte se aplica sólo en los tres meses antes de elecciones a nivel nacional: presidenciales, legislativas, senatoriales o europeas. Con elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio, ahora mismo está en vigor.
Macron tenía mayoría absoluta en esa primera legislatura y su grupo sacó adelante las normas con pocos apoyos. Por eso la segunda ley, conocida coloquialmente como “ley infox”, recibió 347 votos a favor y 204 en contra. La oposición dijo que era “inútil”, “un riesgo” y que abría la puerta a la “censura”. El ministro de Cultura de la época, Franck Riester, que heredó el dossier de su predecesora Françoise Nyssen, quien había lanzado el proyecto legislativo, lo defendió diciendo que los poderes públicos debían luchar contra la desinformación. Macron dijo que quería “proteger la vida democrática de las noticias falsas”.
La ley permite que un candidato a unas elecciones o un partido acudan al juez y pidan que ordene la eliminación de “noticias falsas”. El juez es el responsable de tomar esa decisión, que afecta desde a las grandes plataformas de internet como X, Tik Tok o Facebook hasta los medios de comunicación tradicionales y cualquier digital que supere los cinco millones de visitantes únicos al mes. En España, con esos baremos, sería de aplicación a decenas de digitales, según las audiencias de las que ellos mismos presumen.
La ley impone al juez los límites de su decisión. El bulo debe ser “manifiesto”, ser “masivamente difundido” y “conducir a alterar la paz pública o la sinceridad de un escrutinio”. No puede aplicarse a columnas de opinión (que deben diferenciarse claramente de las informaciones), ni a la parodia ni a “inexactitudes parciales o simples exageraciones”.
La ley también da poderes al Consejo Superior de lo Audiovisual para suspender las emisiones en Francia de canales de televisión “controlados o bajo influencia de un Estado extranjero” si difunden “de forma deliberada informaciones falsas que puedan alterar la sinceridad del escrutinio”. Macron había sido víctima de varios bulos durante la campaña electoral que lo llevó por primera vez al Elíseo.
La mayoría de los directores de medios de comunicación criticaron la ley. Muchos pasaron por la comisión del Senado que la estudió y aseguraron que la ley no respondía a los problemas reales de los medios. Los medios audiovisuales franceses están controlados por ese Consejo Superior de lo Audiovisual desde hace décadas y algunos de sus directores defendieron la ley diciendo que mientras ellos debían verificar cada información para no incurrir en faltas administrativas, los diarios digitales hacían lo que les daba la gana. Stéphane Gendarme, director de Información del canal M6, dijo en el Senado que la ley era necesaria para que todos los medios jugaran con las mismas reglas.
Organizaciones como Reporteros sin Fronteras o el Sindicato Nacional de Periodistas franceses se opusieron a la ley. La ley nunca se ha aplicado en el sentido de ordenar la supresión de una información, pero en Francia no hay la cantidad de medios digitales de extrema derecha lanzando bulos como hay en España. Los franceses sufren a cambio más intoxicación informativa en lo que ellos llaman la fachosphere, que engloba, más que a medios, a una amalgama de webs pequeñas, con poca difusión y sobre todo a cuentas anónimas en redes sociales.
Grecia, Naciones Unidas y la Unión Europea
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En diciembre de 2021, con el conservador Kyriakos Mitsotakis ya en el poder, Grecia aprobó una ley contra las “noticias falsas”, en realidad una modificación del Código Penal que busca perseguir a los ciudadanos o medios que difundían informaciones falsas durante la pandemia del covid. Aquella modificación legal decía que cualquiera que difundiera informaciones falsas sobre salud pública podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. La Comisión Europea tiene a Grecia en su punto de mira por esa norma, que ha servido para criminalizar investigaciones sobre corrupción. Es el país europeo que peor evoluciona en los índices de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.
En marzo de 2017 las Naciones Unidas publicaron una Declaración sobre la libertad de expresión y las noticias falsas, la desinformación y la propaganda. Esa declaración decía que criminalizar la difusión de informaciones basadas en ideas vagas o ambiguas, como “las noticias falsas”, era incompatible con la libertad de expresión.
El Parlamento Europeo aprobó a principios de marzo pasado de forma definitiva la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, que había sido propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2022. Se sostiene en dos grandes patas: más protección para medios y periodistas a cambio de más transparencia. Así, los gobiernos tendrán que proteger mejor a los medios de las injerencias externas y a los periodistas de ser espiados. Estos, a su vez, tendrán que revelar de forma transparente quiénes son sus propietarios reales, su financiación y toda la publicidad institucional que reciben. La norma prevé la creación de un Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación que velará por la aplicación que hagan los gobiernos. Para Reporteros sin Fronteras este sí es “un gran paso adelante para el derecho a la información en la Unión Europea”.
El debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de bulos, más allá de publicaciones penalmente perseguibles por delitos ya tipificados en el Código Penal, tiene un precedente en Francia. El 20 de noviembre de 2018 el Parlamento francés aprobó, a propuesta del Gobierno de un Emmanuel Macron al inicio de su primer mandato, dos leyes polémicas que una parte de la oposición consideró “peligrosas” pero que desde entonces se aplican sin más aspavientos. Una ley orgánica que ordenaba el papel de los poderes públicos en la información y otra, la más controvertida, que permite que un grupo de jueces obliguen a eliminar un contenido informativo en un plazo máximo de 48 horas si consideran que es “información falsa”. Esa parte se aplica sólo en los tres meses antes de elecciones a nivel nacional: presidenciales, legislativas, senatoriales o europeas. Con elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio, ahora mismo está en vigor.