Greenpeace denunció, en la víspera del sexto aniversario de terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daiichi, que Japón está presionando a la población afectada por el accidente para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas y, entre otras medidas retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según la ONG está aún "fuera de control", informa Europa Press.
Además, la ONG denuncia violaciones a los derechos humanos a los supervivientes de Fukushima y este sábado entregará una carta detallando esta cuestión a las Embajadas de Japón en Helsinki, París, Bruselas, San Petesburgo, Viena, Berna y Berlín.
La ONG advierte de que cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear "de manera significativa", algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable.
Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.
En este aniversario, el director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, recuerda a las víctimas y denuncia que esta medida es "un intento" del Gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, por ayudar a la industria nulcear y dar "una sensación falsa de normalidad", pese a que los muestreos de la ONG dicen "lo contrario".
Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, manifestó que estaría "encantada" de volver a Fukushima e invitar al ministro de Energía "que apuesta por las viejas nucleares en España, para mostrarle lo que está pasando allí".
"La gente está atrapada. Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta en su día y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca en vez de defender los derechos humanos de las víctimas, especialmente las mujeres y la infancia", reprobó.
Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y encontró dosis de radiación que están "muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan.
De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax cada semana.
Sin embargo, advierte de que el Gobierno de Japón confirmó en febrero que todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver a esta localidad.
En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos.
La amenaza nuclear persiste en Fukushima diez años después de la catástrofe
En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España "que coquetea con reabrir" la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear "envejecido" que deje de apostar por esta tecnología y avance "con urgencia" las energías renovables.
Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información "transparente" sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad.
Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.
Greenpeace denunció, en la víspera del sexto aniversario de terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daiichi, que Japón está presionando a la población afectada por el accidente para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas y, entre otras medidas retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según la ONG está aún "fuera de control", informa Europa Press.