Enrique Alcoba se queja amargamente. “Te confiscan hasta un par de zapatos nuevos o una botella de agua mineral cerrada”, dice, indignado. Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y denuncia a viva voz que los agentes marroquíes en la frontera de Beni Enzar, entre su ciudad y Marruecos, no aplican el régimen aduanero de los pasajeros en vigor, por ejemplo, en los aeropuertos de Marrakech o Casablanca.
Por lo tanto, los pocos turistas marroquíes que visitan su ciudad no pueden llevarse souvenirs. Y sobre todo los españoles musulmanes de Melilla, que son mayoritarios en la ciudad, según una investigación del Observatorio Andalusí (Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a la fecha 31/12/2022-2023), un organismo que depende de la Conferencia Islámica de España, no pueden cruzar la frontera con regalos para sus parientes que viven en Marruecos. A la inversa, en el sentido Marruecos-España, estas restricciones no se aplican. Pero sea en un sentido o en otro, cruzar estas fronteras, reabiertas en mayo de 2022 tras la pandemia, es un verdadero calvario debido a los controles lentos y exageradamente minuciosos del lado marroquí.
Renunciar a la neutralidad
Catorce meses después, la reconciliación entre Marruecos y España sellada en Rabat el 7 de abril de 2022 durante una cena entre el rey Mohamed VI y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está lejos de haber alcanzado los efectos esperados por España. Para terminar con la crisis bilateral iniciada por Rabat el 10 de diciembre de 2020, Sánchez había hecho una concesión mayor en una carta dirigida al soberano el 14 de marzo de 2022. El plan de autonomía que propone Marruecos es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” del Sáhara Occidental, escribió Sánchez al soberano en una carta que el gobierno español no quiso que tomara carácter público. Pero algunos fragmentos de la carta fueron revelados el 18 de marzo de 2022 por un comunicado del gabinete real marroquí. España, antigua potencia colonial, renunciaba así a un enfoque teóricamente equidistante, pero que desde hace casi veinte años se inclina, a escondidas, a favor de Marruecos.
Entre todas las formulaciones utilizadas por los diversos países de la Unión Europea, las palabras de Sánchez son las que más satisficieron a Rabat. Entonces, en la primavera boreal de 2022, la diplomacia marroquí comenzó a presionar a Francia para que al menos fuera igual de lejos que España en su apoyo. Ese es uno de los motivos, no el único, que agravó la crisis entre París y Rabat que remonta al verano boreal de 2021 y al escándalo del software Pegasus. España también sufrió la piratería de teléfonos celulares con ese software de espionaje israelí empleado por los servicios marroquíes, comenzando por el del jefe del gobierno, pero prefirió olvidar lo sucedido para no poner en riesgo el encuentro previsto con Marruecos.
De la conferencia de prensa que dio Sánchez después del iftar, los medios españoles retuvieron sobre todo que se abriría un puesto aduanero entre Ceuta y Marruecos, y que se reabriría el de Melilla, que Rabat había cerrado el 1 de agosto de 2018 sin siquiera informar oficialmente a las autoridades españolas. Ese puesto había sido inaugurado a mediados del siglo XIX y siguió funcionando tras la independencia de Marruecos, en 1956. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluso anticipó la fecha de esa doble apertura: comienzos de febrero de 2023, en coincidencia con la celebración de la cumbre en Rabat entre ambos gobiernos. España y Europa podrían así exportar a Marruecos e incluso a otros países a través de esas dos aduanas.
Promesas incumplidas
Catorce meses después del anuncio de Pedro Sánchez, las aduanas siguen sin abrir. El diario El País reveló el 12 de junio de 2023 un intercambio de correspondencia entre las direcciones generales aduaneras de España y de Marruecos que ilustra las reticencias, al parecer técnicas, de Rabat. En realidad, Marruecos no quiere esas aduanas por dos razones: primero, porque sigue buscando asfixiar económicamente a ambas ciudades, y segundo, porque aceptar la apertura de esos puestos podría ser interpretado como un primer paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre esos “presidios ocupados”, como los describe con frecuencia la prensa marroquí.
Además de la cuestión de las aduanas, la declaración conjunta suscrita por ambas partes después del iftar contenía otros quince puntos. En gran parte de ellos no ha habido ningún avance. Las conversaciones sobre la delimitación de las aguas territoriales entre el archipiélago de las Islas Canarias y Marruecos no avanzaron en absoluto porque Rabat quiere incluir las del Sáhara Occidental. Tampoco avanzaron las negociaciones relativas a una mejor coordinación de la gestión del espacio aéreo. Esta se realiza, al menos para los vuelos civiles, desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas, pero Rabat exige que se la transfieran por completo. Cuando la relación se tensa, a veces sus pilotos ignoran las instrucciones de los controladores aéreos españoles.
Es difícil que España ceda mientras se esperan, en principio para fin de año, los dos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deberían confirmar los pronunciados en septiembre de 2021 por el Tribunal General, la instancia inferior. Esos fallos habían anulado los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos porque incluían el Sáhara Occidental y sus aguas sin que hubiera dado su consentimiento la población saharaui, representada por el Frente Polisario. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y los abogados del Estado español habían recurrido las sentencias en el otoño de 2021.
Reducción de los flujos migratorios
En realidad, el único capítulo de la declaración conjunta implementado hasta el momento es el de la cooperación en materia migratoria. Desde abril de 2022, las autoridades marroquíes hacen un esfuerzo para contener los arribos. En los tres primeros meses de este año, cayeron un 51% en el conjunto de España en relación al mismo período de 2022, cuando Marruecos hacía la vista gorda ante las partidas.
Según el Ministerio del Interior de España, la reducción (-63,3%) ha sido más pronunciada sobre todo en las Islas Canarias, donde es más difícil de controlar. En el primer trimestre de este año, solo desembarcaron allí 2.178 “harragas”, en comparación con los 5.940 durante el mismo período en 2022. La primera quincena del mes de junio, con 1.508 arribos, parece marcar un cambio de tendencia, y más aún la segunda quincena, con picos de 227 migrantes rescatados en el mar el domingo 19 y el jueves 22. Sin embargo, el gobierno español exhibe orgullosamente estas estadísticas, que demuestran, en realidad, que el vecino marroquí utilizó la inmigración hasta el mes de marzo de 2022 para doblegar a Madrid. Y sin preocuparse por el costo humano.
Durante la cumbre de Rabat, el 2 de febrero, Sánchez, que no fue recibido por el rey –estaba en Gabón y no regresó para la ocasión– agregó otro acuerdo de su propia creación: “El compromiso a respetarnos mutuamente y a evitar, en nuestro discurso y en nuestra práctica política, todo lo que pueda ofender a la otra parte, en particular cuando afecta nuestras esferas de soberanía respectivas”. En pocas palabras, Madrid no se referiría al Sáhara Occidental con términos que pudieran disgustar a Rabat, y los responsables marroquíes, por su parte, no repetirían a cada momento que Ceuta y Melilla estaban “ocupadas”.
Sin embargo, la parte marroquí no se sintió obligada a respetar ese compromiso. Durante esta primavera, el presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) marroquí, Enaam Mayara, y el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, no dejaron de describir las ciudades como “ocupadas”. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Nasser Bourita le entregó el 17 de mayo una nota verbal a la delegación de la Unión Europea en Rabat en protesta contra las “declaraciones hostiles” de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios, que repetía que las ciudades de Ceuta y Melilla eran españolas.
A pesar de estos sinsabores, los socialistas españoles siguieron luchando por defender los intereses de Marruecos. Un ejemplo entre muchos otros: el 19 de enero de 2021, los eurodiputados socialistas españoles fueron los únicos que votaron –junto con los del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional– contra la primera resolución del Parlamento Europeo en un cuarto de siglo sobre los derechos humanos en Marruecos. La misma exigía, entre otras cosas, la liberación y un juicio justo para periodistas marroquíes encarcelados. Fue aprobada por amplia mayoría. Una vez más, en España arreciaron las críticas contra los socialistas, que no explicaron su votación salvo uno de ellos, Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia. En la relación con Marruecos, reconoció, para sorpresa general, López Aguilar, “a veces es necesario tragar sapos”.
Jorge Dezcallar, exembajador de España en Rabat y luego director del Centro Nacional de Inteligencia, el principal servicio secreto, no comparte esa opinión. “No entiendo qué ha hecho este gobierno al cambiar nuestra posición sobre el Sáhara”, decía, indignado, el 21 de junio, durante una conferencia en Barcelona. “No veo qué ventajas hemos conseguido (…) Pienso que es un error muy grave”, agregó. “Observo fundamentalmente que la iniciativa de Sánchez nos colocó en el centro mismo de la guerra entre Argelia y Marruecos, y que nos tiran piedras de todos lados”.
Llamado a consultas del embajador argelino
España pagó un precio elevado por su alineamiento con la posición marroquí: una cuasiruptura con Argelia. A través del comunicado real, las autoridades argelinas se enteraron del giro brusco de la diplomacia española. Al día siguiente, el 19 de abril de 2022, su embajador en Madrid, Said Moussi, fue llamado a consultas, y desde entonces su puesto quedó vacante. Poco tiempo después, Moussi fue nombrado en París. Un mes más tarde, Argel dio otra vuelta de tuerca. Terminó con la repatriación de los inmigrantes argelinos que hubieran arribado de manera irregular en España, y los vuelos regulares entre ambos países también quedaron reducidos al mínimo. Luego, el 8 de junio de 2022, el presidente Abdelmadjid Tebboune suspendió el tratado de amistad y de cooperación entre ambos países que estaba en vigor desde 2002.
Inmediatamente, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (APBEF), un organismo semipúblico argelino, ordenó a sus miembros congelar “las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España”. En realidad, eso equivalía a prohibir el comercio con España. Tres semanas más tarde, la APBEF derogó esa circular, pero en la práctica, el comercio con el vecino español sigue estando prohibido. Las exportaciones españolas cayeron más de 90%, y las empresas españolas perdieron más de 1.500 millones de euros en ventas en diez meses. Por si fuera poco, las empresas españolas están excluidas de todas las licitaciones públicas en Argelia. Ni siquiera pueden disponer de un stand durante las ferias comerciales y agrícolas que se desarrollan en Argel.
Poca solidaridad de la Unión Europea
Apenas se publicó la circular de la APBEF, el ministro de Asuntos Exteriores español se trasladó a Bruselas para intentar activar la solidaridad europea. Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Comercio, firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaban lo que “parecía ser discriminación” hacia un Estado miembro y por lo tanto una violación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, que entró en vigor en 2005. En febrero, Denis Redonnet, director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, visitó la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, la más afectada por las sanciones argelinas, donde denunció la “coerción económica” de Argelia y se comprometió a lograr el retiro de esas medidas discriminatorias. Pero hasta el momento no ha tenido éxito.
En realidad, la solidaridad europea con España solo fue verbal. Madrid podría haber denunciado el boicot e invocar el artículo 104.2 del Acuerdo de Asociación con Argelia para exigir un arbitraje. Si el mismo le hubiera dado la razón a la parte española, podría haber solicitado que la Comisión tomara medidas de represalia tras haber obtenido el aval del Consejo Europeo. Eso no sucedió por dos motivos. Al derogar la circular de la APBEF, Argel se tomó el cuidado de impedir que la parte española pudiera presentar un documento legal sobre el cual fundamentar su denuncia. Es cierto que la Comisión podría haber abierto una investigación para demostrar esta discriminación, pero existían pocas posibilidades de convencer al Consejo Europeo, interesado en mantener buenas relaciones con Argelia. “Sus hidrocarburos son una alternativa a los de Rusia, y muchos Estados miembros, empezando por los que más los aprovechan, como Italia y Francia, no quieren de ninguna manera tener un problema con Argelia”, explica un alto funcionario de la Comisión que prefiere mantener el anonimato.
Así que Madrid se tuvo que contentar en 2022 con presentar su veto a la celebración del Consejo de Asociación anual entre la Unión Europea y Argelia, que deseaba realizar algunas modificaciones al acuerdo de asociación. Y hará lo mismo este año. Preocupado por atenuar las críticas de la oposición parlamentaria, José Manuel Albares también hizo correr el rumor de que Moscú llevó a Argel a enemistarse con España para debilitar el flanco sur de la OTAN, pero resultó una estrategia demasiado burda.
La ambigüedad de la extrema derecha en vísperas de las elecciones
El gobierno español no esperaba una reacción tan virulenta de Argelia, así como esperaba que Marruecos respetara sus compromisos. ¡Qué ingenuidad de la presidencia del gobierno! Asuntos Exteriores, más experimentados, quedaron totalmente al margen en aras de la discreción. En cambio, participaron exministros socialistas con vínculos con las autoridades de Marruecos, como Miguel Ángel Moratinos.
El 23 de julio se celebrarán elecciones legislativas en España y casi todas las encuestas dan ganador al Partido Popular, pero para gobernar tendrá que contar con el apoyo de la extrema derecha de Vox, una formación hostil al vecino marroquí. ¿España va a rectificarse y a volver a una posición equidistante, para restablecer sus relaciones con Argelia? En Argel, y más aún en Rabat, siguen de cerca la campaña electoral. Todas las intervenciones en relación al Magreb de Alberto Nuñez Feijóo, el líder de la derecha, circulan en las redes sociales con traducción al árabe. En general, sus declaraciones son ambiguas.
Los asesores de política exterior del líder conservador divergen sobre los pasos a seguir. Núñez Feijóo carece de experiencia internacional. Es probable que, si llega al poder, intentará evitar comenzar su mandato con una crisis con el vecino marroquí. Rabat no dudaría en desatarla si Feijóo se desviara del camino trazado por su antecesor socialista.
Los períodos de distensión en las relaciones entre Marruecos y España solo son excepcionales, y a veces llegan a durar bastante tiempo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español, lo repite en sus informes, como el del 28 de mayo de 2021, justo durante la irrupción de más de 10.000 inmigrantes marroquíes, 20% de ellos menores, en la ciudad de Ceuta. El informe, que fue publicado por El País, dice en esencia que, para las autoridades marroquíes, España sigue siendo un obstáculo para lograr la “integridad territorial”: hacia el sur, donde mantiene el control del espacio aéreo del Sáhara, y hacia el Norte, en tanto y en cuanto siga ocupando Ceuta y Melilla, así como algunas otras islas e islotes minúsculos a lo largo de la costa marroquí.
Las desapariciones forzadas, el arma oculta del ejército francés durante la 'batalla de Argel'
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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.
Texto en francés aquí.
Enrique Alcoba se queja amargamente. “Te confiscan hasta un par de zapatos nuevos o una botella de agua mineral cerrada”, dice, indignado. Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y denuncia a viva voz que los agentes marroquíes en la frontera de Beni Enzar, entre su ciudad y Marruecos, no aplican el régimen aduanero de los pasajeros en vigor, por ejemplo, en los aeropuertos de Marrakech o Casablanca.