Nueve de los 52 asesores especiales contratados por la Comisión Europea para aconsejar al presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y a los 27 comisarios en sus respectivas áreas combinan sus labores en la institución con empleos en diferentes compañías con intereses privados, según se desprende del análisis que infoLibre ha hecho de sus currículos. La gran mayoría lo hacen, además, ocupando puestos directivos o de responsabilidad. Aunque no es una práctica habitual, pues suponen el 17,3% del total de perfiles analizados, compatibilizar este puesto con otros en el sector privado está permitido por las instituciones comunitarias.
Actualmente, la Comisión Europea cuenta con 52 de estos consejeros en plantillaconsejeros . 44 de ellos están contratados como "no institucionales" –aconsejan a los comisarios sobre cuestiones concretas que son de su competencia– y los 8 restantes como asesores "institucionales" –asisten a comités o servicios específicos, como el de Apoyo a la Reforma Estructural–. Günther Oettinger, comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, y Valdis Dombrovskis, comisario del Euro y Diálogo Social, son los que más asesores tienen dándoles apoyo: 10 cada uno. Mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dispone sólo de la ayuda de 3.
Según la investigación de la defensora del pueblo, Emily O'Reilly, normalmente trabajan entre 10 y 40 días al año y su contrato es por un periodo de tiempo no superior a dos años. Además, "pueden ser pagados o no pagados". Algo que, sin embargo, no desvela el Ejecutivo comunitario y que exige el Defensor del Pueblo de la UE. Tampoco se concreta ni en las Staff Regulations, donde sólo se señala que será acordado por el asesor y la autoridad, ni en las Rules Governing Special Adviser, la normativa específica para estos cargos, donde se concreta que los pagados son mediante cuotas específicas por cada día trabajado.
Empresas energéticas
Dos de los asesores ocupan cargos de responsabilidad en el sector energético. Es el caso, por ejemplo, de la italiana Nathalie Tocci, consejera de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. La asesora especial, que según el Ejecutivo comunitario se encarga de "coordinar la aplicación de la estrategia global de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa", es también directora independiente de la eléctrica italiana Edison, una de las más importantes del país. Con 5.000 empleados y propiedad en un 99,4% de la francesa EDF, la compañía energética está inscrita en el registro de lobbies de la Unión Europea, una actividad para la que dedicó en 2016 entre 300.000 y 399.999 euros.
Más controvertido resulta el caso del luxemburgués Guy Lentz, asesor del comisario de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete. Mientras asesora al conservador sobre "cuestiones energéticas", tal y como expresa Bruselas, es también miembro del equipo directivo de Enovos Luxembourg, propiedad de Enovos International y principal proveedor energético del Gran Ducado. Si bien en 2015 la mayor parte de la empresa estaba en manos privadas –en concreto el 56,56%–, una restructuración en 2016 redujo ese porcentaje al 30,19%.
El negocio de las consultoras
El sector de la consultoría es otro de los favoritos. Tres de los asesores que compatibilizan sus labores en la Comisión con empleos en el sector privado lo hacen para compañías de este tipo. En este grupo encontramos a Graham Meadows, que aconseja "sobre comunicación e implementación de políticas" al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. El ex director general de Política Regional de la Unión Europea (UE) es fundador y empleado único de MC+TS-Europe Sprl, una firma que presta, según indica en su currículo, "servicios de consultoría en desarrollo socioeconómico a las administraciones públicas y empresas y servicios de asesoramiento y gestión de proyectos".
Un sector en el que también trabaja Franz Schausberger, asesor del comisario de Ampliación, Johannes Hahn. El austriaco, cuyo papel en la Comisión se basa en "proporcionar conocimientos especializados sobre las regiones y ciudades de los países de ampliación, así como de los cubiertos por la política de vecindad", es también miembro de la Junta Asesora de GalCap Europe, una consultoría "especializada en inversiones en el mercado inmobiliario, energía, infraestructura e industria". La actividad de la compañía se focaliza en el centro, este y sudeste de Europa, pero también en EEUU, China, Rusia, Israel y Turquía.
El tercer caso es el de la española Anna Terrón Cusí, encargada de "diseñar una cooperación más estrecha con los vecinos del Sur" a las órdenes de la comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmström. La que fuera secretaria de Estado de Inmigración y Emigración entre 2010 y 2011, compatibiliza su trabajo en la Comisión con el que desarrolla para la firma Inclusive Strategies, de la que es presidenta y socia fundadora. La empresa se define en su página web como un "think and do focalizado en movilidad, migraciones y gestión de la diversidad" que ofrece "apoyo estratégico" a instituciones, compañías u organizaciones "que deseen desarrollar políticas, estrategias o proyectos vinculados a dichos ámbitos o deseen optimizar su presencia europea e internacional".
La firma, que también se dedica a la investigación y elaboración de estudios, cuenta entre sus clientes con ONG, como Save the Children, e instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona. En declaraciones a infoLibre, Terrón explica que su misión en el Ejecutivo comunitario es la de mejorar la cooperación "con los países del área mediterránea, con un foco especial en el apoyo a Túnez". "La remuneración por esta actividad es de cero euros. La Comisión cubre el reembolso, que no las dietas, de los gastos efectuados durante los desplazamientos previstos, y sólo de éstos", aclara la asesora, que deja claro que "la aceptación" de la misión incluye "la firma de una declaración de honor" en la que se compromete "más allá del cumplimiento de las normas aplicables, a evitar todo conflicto de interés y cualquier uso de esta misión en beneficio propio o de terceros".
'Startup' y aseguradora
El listado de asesores que trabajan al mismo tiempo para la institución comunitaria y el sector privado continúa con Taavi Kotka, consejero "sobre cuestiones digitales del mercado único y administración electrónica" del comisario de Mercado Único Digital, Andrus Ansip. El informático, que entre 2013 y 2017 fue el responsable de Infraestructura Común de Telecomunicaciones del Gobierno de Estonia, fue fichado el pasado mes de abril como vicepresidente de ventas de Plumbr, una startup del país báltico que permite a sus usuarios monitorizar y hacer un seguimiento del "rendimiento Java", detectando los fallos y facilitando su reparación. Entre sus clientes, la NASA o empresas como HBO y Dell.
También cobra del sector privado la que entre 2013 y 2015 fuera directora general adjunta del Tesoro de Francia, Sandrine Duchêne. La economista gala es desde el pasado mes de octubre miembro de la Junta Fiscal Europea, un cargo que compatibiliza con el de secretaria general de AXA Francia. La multinacional francesa, una de las aseguradoras más grandes del mundo, aparece inscrita en el registro de lobbies de la Unión Europea con el objetivo de "desempeñar un papel constructivo en la formulación de políticas que afecten a la industria aseguradora y, en términos generales, a la de los servicios financieros –otra de sus actividades principales–". Para ello, según la información publicada por Bruselas, destinó en 2016 entre 600.000 y 699.999 euros.
Firmas de inversión
Sin embargo, el caso de Duchêne no es el único dentro de la Junta Fiscal Europea, órgano que asesora al comisario para el Euro, Valdis Dombrovskis, en materia fiscal. Su compañero Roel Beetsma compatibiliza su puesto en la Comisión Europea con el que desempeña en el Consejo de Supervisión del fondo de pensiones holandés Pensioenfonds Detailhandel. Es, según el Investment & Pensions Europe (IPE), uno de los cien más potentes del Viejo Continente. En septiembre de 2016, cuando el IPE sacó su último informe, gestionaba activos por valor de 18,75 billones de euros, 5 billones más que en 2015. Una gestión que, según informan en su página web, tienen subcontratada a BlackRock Investment.
Inversiones que también son el punto fuerte de Constantinos Neophytou, asesor del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, al que aconseja, según la Comisión Europea, "sobre las asociaciones público privadas". Un trabajo que compatibiliza con su cargo como director ejecutivo de la firma chipriota Emergo Wealth, una compañía que ofrece a sus clientes "asesoramiento transparente y de alto nivel" sobre "gestión financiera e inversión", y como director general de Bionanature E.A., empresa de investigación biomédica centrada en tecnologías de diagnóstico para campos como la oncología o la terapia antitumoral.
Legalidad y proceso de selección
"Dado que los asesores especiales trabajan sólo a tiempo parcial, a menudo siguen trabajando fuera (por ejemplo, en consultorías, bufetes de abogados o universidades) durante el mismo periodo", recordaba O'Reilly en junio. Las autoridades comunitarias permiten a estos empleados de la Comisión compatibilizar sus tareas en la institución con otros trabajos fuera de ella, da igual en el sector público que privado, siempre y cuando no se detecte un conflicto de intereses. "Se tienen que adoptar todas las medidas para que no se ocupe de los temas en los que tenga intereses externos", apuntaba el Defensor del Pueblo de la UE.
Por ello, el proceso de selección de este personal, que aunque no tome decisiones puede influir sobre los comisarios, es largo. Los aspirantes propuestos tienen que facilitar al Departamento de Recursos Humanos y Seguridad (DG HR) tres documentos distintos, además del currículo: una declaración de honor, una declaración de actividades y una declaración de fiabilidad en la que aseguran que no existen conflictos de interés entre las funciones que van a tener y sus empleos externos. El comisario –o jefe de su gabinete– debe completar también un formulario en el que exprese si el futuro trabajador es o no "un riesgo potencial para el buen nombre de la Comisión".
Tras esto, tal y como viene detallado en las Rules Governing Special Adviser, el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad analiza toda la documentación recibida sobre el nombre propuesto por el comisario en busca de conflictos de interés, pudiendo solicitar más información si lo considera necesario. Con todas estas comprobaciones realizadas, envía su valoración definitiva. Un proceso que para el Defensor del Pueblo Europeo representa "una base satisfactoria" para evitar posibles conflictos de interés siempre que se aplique correctamente y por el que felicitó el pasado mes de junio al Ejecutivo comunitario.
"Muy débil"
Para el Corporate Europe Observatory, una organización que busca una mayor transparencia en las instituciones europeas, es imprescindible que todos estos asesores especiales aconsejen de forma independiente. "Hay que recordar que son personas que pueden tener acceso directo a los comisarios y un grado de influencia difícil de igualar", señala Margarida Silva, investigadora del CEO, en conversación con este diario. En este sentido, considera fundamental un buen control y muestra su preocupación por la posibilidad de que asesores que también trabajan para el sector privado puedan tener acceso a información confidencial, un asunto que también inquieta al Defensor del Pueblo.
A pesar de la buena valoración de O'Railly en el dictamen de junio, en el que aseguró que para los contratados en 2016 se hizo "un examen detallado", Silva cree que el proceso de control "es muy débil". La investigadora del CEO critica que los documentos que se entregan firmados "dependen de la autoevaluación del asesor especial" y lamenta que el Departamento de Recursos Humanos y Seguridad sólo utilice "fuentes de información accesibles al público" en lugar de solicitar a los aspirantes "información complementaria, términos de referencia e, incluso, una lista de clientes". "La falta de transparencia y claridad de los criterios ha sido un tema principal de esta saga", sentencia.
Para la elaboración de este reportaje infoLibre intentó ponerse en contacto con los nueve asesores que se incluyen en la información. Para ello, envió a los correos de prensa de todas las empresas citadas un email con las siguientes 7 preguntas. La única asesora que respondió a este periódico fue Anna Terrón Cusí:
1.- ¿Sigue trabajando a día de hoy en (nombre de la empresa)? De no ser así, ¿cuándo dejó su puesto en la compañía?
2.- ¿Qué cargo ocupa a día de hoy en la citada empresa y cuáles son sus tareas?
3.- ¿A qué se dedica la empresa privada en la que se encuentra actualmente trabajando?
4.- ¿Sigue siendo asesor/a especial del/la comisario/a? De no ser así, ¿cuándo dejó el puesto?
La defensora del pueblo europea presiona para mejorar la transparencia del Consejo de la UE
5.- ¿Qué tareas tiene encomendadas como asesor/a especial de la Comisión Europea?
6.- ¿Cuántas horas trabaja para la Comisión? ¿Percibe alguna remuneración por sus labores como asesor especial?
7.- La legislación europea no prohíbe que los asesores especiales trabajen al mismo tiempo para la Comisión y para una empresa privada. No obstante, ¿cree usted que puede compatibilizar ambos trabajos sin incurrir en conflicto de intereses? ¿Por qué?
Nueve de los 52 asesores especiales contratados por la Comisión Europea para aconsejar al presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y a los 27 comisarios en sus respectivas áreas combinan sus labores en la institución con empleos en diferentes compañías con intereses privados, según se desprende del análisis que infoLibre ha hecho de sus currículos. La gran mayoría lo hacen, además, ocupando puestos directivos o de responsabilidad. Aunque no es una práctica habitual, pues suponen el 17,3% del total de perfiles analizados, compatibilizar este puesto con otros en el sector privado está permitido por las instituciones comunitarias.