BRASIL
Simpatizantes de Bolsonaro asaltan el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo de Brasil
Dos años y dos días después del asalto al Capitolio de EEUU, el mundo asiste a otro ataque a la democracia. Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro superaron las barreras policiales y asaltaron la sede del Congreso brasileño, palacio presidencial, el Palacio de Planalto, y a la sede del Tribunal Supremo Federal en Brasilia en el marco de una manifestación contra el nuevo presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informa Europa Press.
Los manifestantes tenía como objetivo declarado de derrocar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Los participantes en la protesta superaron las barreras policiales y arrancaron alambradas a pesar de que la Policía ha empleado gas pimienta y otros medios antidisturbios.
El presidente se encontraba este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo. Desde esta localidad, Lula firmó un decreto para que el Gobierno federal asumiera las competencias de seguridad en el distrito federal de Brasilia, después del asalto de "vándalos". "Nunca se ha hecho en la historia de este país", ha lamentado durante un discurso en el que ha recordado sus propias derrotas electorales.
"Todos los vándalos serán encontrados y castigados", ha dicho el mandatario, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le competen a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital.
Manifestación previa frente al Cuartel General del Ejército
Los manifestantes se habían concentrado este domingo frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y marcharon hasta la Explanada de los Ministerios, donde decenas de participantes se han encaramado al edificio sede del Congreso.
Más tarde se dirigieron a la sede presidencial y a la del Supremo, donde invadieron el plenario del tribunal. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a manifestantes vestidos de verde y amarillo irrumpiendo en la sala principal de audiencias del Tribunal Supremo Federal y rompiendo cristales y mesas. La llegada de efectivos de la Policía Militar fue aplaudida por los manifestantes.
Minutos después, efectivos de la seguridad del Tribunal Supremo Federal y de fuerzas de choque de la Policía Militar del Distrito Federal consiguieron recuperar el control de la sede del TSF. Fuentes del TSF citadas por la cadena O Globo afirmaron que algunos de los asaltantes estaban retenidos en el garaje del edificio y la sede está totalmente bajo control de las autoridades, que evalúan ya los daños.
Tres horas después del inicio del asalto, las fuerzas de seguridad brasileñas lograron recuperar también el control del Congreso y del Palacio de Planalto, por lo que los simpatizantes de Jair Bolsonaro fueorn expulsados de las sedes de los tres poderes del Estado.
Los agentes de la Policía Militar lograron recuperar el control del Congreso a primera hora de la noche empleando medios antidisturbios y granadas aturdidoras. También desplazaron a los asaltantes del Palacio de Planalto, el palacio presidencial, y aunque los manifestantes continuaron concentrados en la conocida como Explanada de los Ministerios durante más tiempo, las autoridades brasileñan han afirmado que hay "aproximadamente 200 personas detenidas", aunque continúan las labores por encontrar a los sospechosos. El ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino, ha agregado que hay al menos 40 buses incautados, "porque son instrumentos para perpetuar los delitos". "Ya identificamos todos los buses que fueron a Brasilia y todos los financiadores de esos buses", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión brasileña O Globo.
Apertura de una investigación penal por los "actos violentos"
El Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación penal por los "actos violentos" en las manifestaciones que han derivado en la ocupación de las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el palacio presidencial. "El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo", ha informado el MPF en un comunicado.
Posteriormente, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, ha anunciado la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, tras el asalto protagonizado este domingo por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal en la capital brasileña. "He decidido destituir al secretario de Seguridad del D.F. y he ordenado poner en la calle a todas las fuerzas de seguridad con la determinación de detener y castigar a los responsables", ha publicado Rocha en Twitter.
Asmismo, Rocha ha solicitado el apoyo del Gobierno federal y ha puesto a las fuerzas de seguridad estatales a disposición del Ejecutivo. "Estoy en Brasilia supervisando las manifestaciones y tomando todas las medidas para contener los disturbios antidemocráticos de la Explanada de los Ministerios", había publicado previamente.
Los simpatizantes de Bolsonaro han acampado frente a diferentes cuarteles de las Fuerzas Armadas brasileñas para exigir un golpe de Estado para "salvar Brasil" y deponer a Lula, vencedor de las elecciones de octubre de 2022. Las fuerzas de seguridad no han disuelto estas concentraciones tampoco frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, punto de partida de la manifestación que ha terminado con la toma del Congreso. Las acampadas comenzaron tras confirmarse la derrota electoral de Jair Bolsonaro frente a Lula.
"Ese absurdo intento de imponer su voluntad por la fuerza no se impondrá"
Tras estos incidentes, Fávio Dino, el ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que los intentos "absurdos" de imponer por la fuerza un intento de golpe de Estado "no se impondrán" en respuesta a la toma por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de la sede del Congreso en Brasilia. "Ese absurdo intento de imponer su voluntad por la fuerza no se impondrá. El Gobierno del Distrito Federal afirma que habrá refuerzos y las fuerzas de que disponemos están trabajando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia", ha afirmado Dino.
También el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha criticado las acciones de los manifestantes y ha advertido de que "deben sufrir con urgencia el rigor de la ley". "He hablado hace poco por teléfono con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, con quien mantengo un contacto permanente. El gobernador me ha informado de que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación", ha publicado Pacheco en redes sociales. "En esta acción están participando las fuerzas de seguridad del Distrito Federal y la Policía Legislativa del Congreso. Condeno vehementemente esos actos antidemocráticos que deben sufrir el rigor de la ley con urgencia", ha añadido.
Mientras, el portavoz del bloque del Gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, ha abogado por la unión de los demócratas ante este ataque de "terroristas". "Los antidemócratas criminales no pueden andar libremente. No hay que tolerar a los intolerantes. Esperamos la dura aplicación de la ley a todos los implicados en esas acciones", ha indicado.
El caldo de cultivo: los resultados de las elecciones
El caldo de cultivo de lo que ha acontecido este domingo deriva del pasado proceso electoral, cuando Bolsonaro y Lula se enfrentaron a dos vueltas por una Presidencia que el primero de ellos entendía que sólo podía ser suya. Así, agitó sin pruebas sospechas de fraude electoral y guardó un inédito silencio cuando cerraron los colegios el 30 de octubre y las urnas no le dieron la razón.
Hubo menos de dos puntos de diferencia entre ambos candidatos y el mandatario saliente obtuvo 58,2 millones de votos, más de los logrados cuatro años antes, lo que daba cuenta de hasta qué punto seguía siendo un dirigente popular entre un amplio sector de votantes; bien por convencimiento de sus dogmas ultraconservadores o por animadversión hacia Lula y todo lo que representa el Partido de los Trabajadores (PT).
El silencio de Bolsonaro tras el cierre de los colegios electorales dio pie a una ola de protestas marcadas por el bloqueo de carreteras. Pasaron varios días hasta que el presidente saliente se comprometió a iniciar la transición, aunque lo hizo con la boca pequeña y sin reconocer abiertamente que había sido derrotado -sigue sin hacerlo a día de hoy-.
Lula prometió que en los primeros compases de su mandato tomaría medidas contra quienes siguen negándose a reconocer su victoria, en un momento en que grupos de bolsonaristas seguían reclamando frente a los cuarteles una potencial intervención de las Fuerzas Armadas. También se han llevado a cabo operaciones para desarticular supuestos planes violentos.
El propio Bolsonaro salió del país antes del cambio de mando el 1 de enero, en un desplante que medios de comunicación locales atribuyeron al posible temor a una posible medida contra él. Viajó rodeado de asesores a Florida, donde continúa a día de hoy, y no ha dado muestras de volver a corto plazo.
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Este asalto coincide además en el tiempo con el segundo aniversario del asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021. Este viernes se cumplieron dos años desde que una pintoresca y violenta turba de partidarios de Donald Trump decidió irrumpir a la fuerza en el Capitolio siguiendo las directrices del expresidente, quien a día de hoy sigue insistiendo en las teorías infundadas de fraude electoral que provocaron uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente del país.
Aquel ataque para detener la confirmación del triunfo de Joe Biden dejó 140 heridos y cinco muertos, dos de ellos policías del Capitolio.
Como entonces, este domingo también ha habido silencio por parte del principal instigador de estas movilizaciones, bien por acción o por omisión. Bolsonaro sí intentó desmarcarse antes de irse de Brasil de complots terroristas atribuidos a algunos simpatizantes radicales, pero también criticó que se quisiera demonizar a su base política. Fueron sus últimas declaraciones, pronunciadas el 30 de diciembre y por Internet.