Un tribunal chileno pone en jaque el proyecto de Bachelet sobre gratuidad de la educación

Uno de los máximos tribunales de Chile declaró este jueves inconstitucional parte de un proyecto que impulsa el Gobierno sobre gratuidad en la educación superior por considerarlo discriminatorio en las instituciones seleccionadas, lo que obligaría al Ejecutivo a buscar opciones para sortear este contratiempo.

Un día después de que la presidenta, Michelle Bachelet, dijera en un acto público que más de 200.000 familias serían beneficiadas en el próximo mes de marzo con educación superior gratuita –una de sus promesas de campaña–, el Tribunal Constitucional (TC) puso en duda sus palabras.

El TC cuestionó los requisitos exigidos, así como que sólo se haya escogido a las entidades públicas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) y en tres entidades privadas.

Tras una denuncia de diputados opositores, el tribunal acogió por seis votos contra cuatro "la alegación de discriminación arbitraria formulada por los requirentes" en cuanto a los requisitos de elegibilidad para que accedan a la gratuidad estudiantes de centros de estudios privados no agrupados en el Cruch.

"El TC le dijo al Gobierno que no puede discriminar y que busque una fórmula para que el beneficio de la gratuidad no sólo sea para los centros del Cruch", ha explicado el diputado opositor Felipe Kast a la salida del tribunal.

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La medida obligaría al Gobierno a modificar esta política que en el 2016 implicaría desembolsos por unos 765 millones de dólares, enfocados en el 50% de los estudiantes más vulnerables pertenecientes a las universidades agrupadas en el Cruch y en tres privadas.

Bachelet, que atraviesa por una fuerte caída en su popularidad, deberá trabajar contrarreloj para encontrar en las próximas semanas alternativas que le permitan sortear las objeciones dictaminadas por el Tribunal Constitucional.

Entre las fórmulas que barajaría el Gobierno estaría ampliar el beneficio de gratuidad a más instituciones, realizar aportes directos a las universidades del Cruch o entregar becas, algo que el Gobierno había descartado inicialmente.