Un colectivo de ONG le reclama a la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, en un correo hecho público el martes 20 de febrero, que reabra el caso del fichaje de José Manuel DurãoBarroso por Goldman Sachs. El contrato con el gigante de las finanzas, tras diez años como máximo responsable del Ejecutivo europeo (2004-2014), desencadenó una ardua polémica en el verano de 2016. El caso reabrió la preocupación por la influencia de los lobbies financieros en la capital belga.
Ahora, el caso suma un nuevo elemento: la entrevista, que pretendía ser secreta, entre Barroso y el conservador finlandés Jyrki Katainen, actual vicepresidente de la Comisión y entonces titular de la cartera de Empleo y de Crecimiento. Los dos hombres se reunieron en un hotel de lujo del barrio europeo, el antiguo Berlaymont Silken, el 25 de octubre de 2017. La web de información Politico ya adelantó en octubre que esta entrevista se había producido. Tras ser interpelado a través de las redes sociales, Katainen se ha visto obligado a incluir dicha entrevista en su registro de transparencia.
Los comisarios del Ejecutivo de Juncker deben hacer pública su agenda semanalmente antes de que se celebren las reuniones, pero en la práctica resulta muy difícil controlar el grado de transparencia a la que se someten.
Preguntado por diferentes ONG a comienzos de año, Katainen confirmaba, en un correo con fecha del 31 de enero de 2018, la existencia de la entrevista. Sobre todo, aportó precisiones que no dejan en buen lugar las argumentaciones ofrecidas por Barroso en 2016. Katainen explicaba que esta reunión se celebró por petición expresa de José Manuel Durão Barroso, en llamada telefónica, sin que estuviese presente ningún asesor. “Barroso y yo éramos los únicos presentes en esta reunión, durante la cual hablamos de asuntos relacionados con el comercio y la defensa”, escribe el finlandés, quien también fuera un efímero comisario europeo, durante el segundo mandato de Barroso (en 2014).
En resumen, el encuentro se asemeja bastante a una reunión de lobbying de alto rango. Claro que José Manuel Barroso había explicado en una carta remitida en septiembre de 2016 a Jean-Claude Juncker, que el cargo no tenía nada que ver con hacer lobby. Tampoco, en su opinión, iba a ser asesorar a Goldman Sachs en lo relativo a las consecuencias del Brexit, como dijo en julio de 2016. Se “limitó” a aceptar la presidencia no ejecutiva del consejo de administración de Goldman Sachs International (GSI). “No me han contratado para hacer lobbying para Goldman Sachs y no tengo intención de hacerlo”, escribió el portugués.
Esta defensa permitió, en parte, bajar la presión y acallar el escándalo. “La carta del comisario Katainen lleva a pensar que Barroso se sirve de su posición privilegiada para ejercer lobbying a favor de Goldman Sachs”, señala Margarida Silva, activista de Corporate Europe Observatory (CEO), una de las ONG que reclaman más transparencia en Bruselas y que está detrás de la demanda.
“Esta reunión es el ejemplo perfecto del modo en que las puertas giratorias entre la política y el mundo de la empresa sirven a los intereses de los grandes grupos privado. Barroso fue capaz de organizar una cita privada con un comisario en ejercicio con sólo levantar el teléfono. Se reunieron en un hotel y no existe constancia escrita de lo hablado, lo que permitiría de reproducir todo o parte de la conversación”, apunta por su parte Myriam Douo, de Amigos de la Tierra-Europa.
Casi un mes después de hacerse público el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, Jean-Claude Juncker, en agosto de 2016, y desautorizaba a su predecesor. “Personalmente, no lo habría hecho”, dijo entonces. “El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta en exceso, pero en este caso me supone un problema. […] Hay que elegir al empleador”.
Pero la Comisión insistía también en que el fichaje se ajustaba a la legalidad. Después de todo, el famoso código de conducta que obliga al Ejecutivo a dar el visto bueno de los fichajes de los excomisarios, caso a caso, y bloquear eventuales conflictos de intereses sólo era de aplicación en los 18 meses posteriores a la salida del comisario en cuestión. El fichaje de Barroso se produjo 20 meses después de salir de la Comisión.
Pero esta defensa no ha bastado para calmar los ánimos. Funcionarios europeos, sorprendidos, han dado un paso al frente. En una petición, firmada por más de 150.000 personas, reclaman “sanciones ejemplares” contra Barroso, como por ejemplo, la suspensión del pago de su pensión de jubilación como presidente de la Comisión. Entienden que Barroso quizás respetase el código de conducta interna en la Comisión, pero infringido un texto bastante más importante: los tratados europeos (el artículo 245).
Este debate relativo sobre el no respeto de los tratados sigue su curso. Y, en especial, porque las propias ONG ya han pedido el dictamen de la mediadora de la UE, al considerar que la Comisión no investigó suficientemente para saber si, sí o no, el fichaje de Barroso contradecía a los tratados. El proceso sigue en curso.
Tras la confirmación de la reunión personal entre Barroso y Katainen, las ONG reclaman a la Presidencia de la Comisión que reúna, de nuevo, su comité de ética interna para evaluar el asunto. Año y medio después de saltar el escándalo, no desisten y se muestran convencidas de que debería haber consecuencias legales para Barroso por lo que consideran es un caso claro de puerta giratoria. La perspectiva de las elecciones europeas, de mayo del próximo año, puede convencer a Juncker para endurecer el tono. ___________
Traducción: Mariola Moreno
Juncker defiende que Barroso puede reunirse con comisarios y dice que no es un "gánster"
Leer el texto en francés:
Un colectivo de ONG le reclama a la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, en un correo hecho público el martes 20 de febrero, que reabra el caso del fichaje de José Manuel DurãoBarroso por Goldman Sachs. El contrato con el gigante de las finanzas, tras diez años como máximo responsable del Ejecutivo europeo (2004-2014), desencadenó una ardua polémica en el verano de 2016. El caso reabrió la preocupación por la influencia de los lobbies financieros en la capital belga.