Este lunes por la mañana, millones de personas en Estados Unidos se enteraron de que tendrían que prescindir de los 300 dólares semanales que recibían del Gobierno federal. El recorte ya estaba en vigor en varios estados dirigidos por gobernadores republicanos, pero ahora es general; la ayuda al desempleo por la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) y la compensación de emergencia por desempleo por la pandemia (PEUC) ya no existen. Estas ayudas temporales expiraron, legalmente, el 6 de septiembre. Y Joe Biden no movió un dedo para prorrogarlas.
Según las cifras oficiales, 7,5 millones de personas perderán el poco subsidio de desempleo que tenían gracias a estas ayudas. Entre dos y tres millones de personas verán recortadas sus prestaciones en esos 300 dólares semanales. En total, casi 10 millones de estadounidenses se verán afectados y, según Matt Bruenig, de la revista socialista Jacobin, eso supone que 35 millones de personas, dependientes de dichos perceptores, se verán afectados. Aproximadamente el 10% de la población del país.
Esta situación es preocupante, especialmente ahora que la variante Delta del coronavirus golpea de lleno al país y, fundamentalmente, a los más pobres. Pero la situación es especialmente delicada porque el mercado laboral estadounidense sigue convaleciente y presenta poco dinamismo. El viernes 3 de septiembre, el informe mensual de la Oficina de Empleo describía una situación preocupante. Lejos de crear los 700.000 empleos que preveían los economistas, la economía del país creó 225.000 en agosto. Y el número de puestos de trabajo permanentes retrocedió en 443.000.
Si bien es cierto que la tasa de desempleo se redujo ligeramente en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 5,2%, esta cifra debe tomarse con dos reservas. En primer lugar, es significativamente más alta que la tasa anterior a la crisis y el número de desempleados es 5 millones más alto que en febrero de 2020. En segundo lugar, la tasa de participación de la población activa, que mide las personas que realmente trabajan, es del 61,7%, frente al 63,3% de antes de la crisis. Un porcentaje de la población activa que ahora es tan bajo como en 1975-76. Dicho de otro modo, la tasa de desempleo sigue estando sesgada por un desánimo muy importante de una parte de la población.
Estas cifras preocupan bastante a los economistas y a los mercados financieros. Pero no así a la Casa Blanca. “Como sabe, fue una medida temporal”, se limitó a responder lacónicamente un portavoz de la administración Biden. El Ejecutivo parece asumir así una lógica que, hasta ahora, era abiertamente la de los republicanos; la debilidad del mercado laboral se explica en parte por la generosidad de las ayudas a los parados. Por lo tanto, su recorte animaría a los desempleados a volver a trabajar. Y es que también al otro lado del Atlántico hemos escuchado los lamentos de los empresarios que se quejan de no poder encontrar personal. El domingo, en la CNN, el jefe de gabinete de Joe Biden, Ron Klain, declaraba: “Creemos que los puestos de trabajo están ahí”.
Por supuesto, la Casa Blanca invita a los estados a poner en marcha las ayudas de sustitución recurriendo a los recursos federales que Joe Biden desbloqueó para ellos. El secretario del Tesoro, Martin Walsh, afirmó el viernes que el fin de los programas federales permitiría la aplicación de ayudas mejor calibradas a la situación particular de cada estado. Pero la realidad es muy distinta: los estados, incluidos los 23 gobernados por demócratas, no han puesto en marcha programas de sustitución. Los 10 millones de personas que se acogen a estos programas se quedan con unos ingresos más bajos y un mercado laboral aletargado.
Sin embargo, Joe Biden nunca ha ocultado que es partidario de la política del palo para con los parados. En julio, se eliminó un programa inicial que incluía un pago semanal de 600 dólares. Aunque estas medidas habían sido aprobadas con carácter de urgencia por la anterior administración para compensar la cruel falta de una red de seguridad para la mayoría de los empleados, Joe Biden ha evidenciado con ello claramente su negativa a hacer permanente esta seguridad.
De acuerdo con las tesis de los republicanos
No es de extrañar; en un discurso pronunciado el 9 de julio, el presidente de Estados Unidos se definió como un “capitalista y orgulloso de serlo” e hizo de la competencia el núcleo de este capitalismo. “El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”, concluyó.
Pero esta competencia debe aplicarse también al mercado de trabajo, de lo contrario no es capitalismo. Por eso Joe Biden se adhiere finalmente a la lectura republicana de la situación del empleo al otro lado del Atlántico.
Como el nuevo presidente es un verdadero capitalista, considera que el aumento salarial que pidió en junio (“pagarles más”) sólo es posible si los salarios han alcanzado primero su nivel de equilibrio en el mercado laboral. Así que todo el mundo tiene que tener un trabajo antes de que los salarios puedan aumentar. Antes de pagarles más, debemos, según esta lógica, hacerles primero trabajar.
Esta lectura es, obviamente, profundamente conservadora. Considera que la prestación por desempleo desincentiva el trabajo. Sin embargo, muchos economistas consideran que este seguro permite mantener una mano de obra disponible, capaz de formarse y buscar empleo. Estar desesperado conduce más a menudo a una espiral de miseria que a la hipotética mejora con la que sueñan los economistas convencionales. Especialmente cuando los puestos de trabajo no están tan disponibles como se dice. En un país donde la participación en el mercado laboral es muy baja, esto es muy preocupante y probablemente no sea la solución adecuada.
El otro riesgo es que, a medida que el repunte postpandémico comienza a ralentizarse, este brusco cese de las ayudas a los desempleados afecte al consumo del 10% de la población, reduciendo la demanda y las perspectivas de recuperación. Abandonados a su suerte y sin perspectivas, los antiguos beneficiarios de estas ayudas no sólo no podrán gastar sus 300 dólares semanales, sino que se verán obligados a reducir sus gastos, ante un futuro incierto. Joe Biden ha abdicado aquí de cualquier visión keynesiana del mercado laboral en favor de una visión moralista de la economía que, por cierto, parece ser uno de sus características dominantes.
Con su paquete de estímulo de cuatro billones de dólares y diez años de duración, que aún se está debatiendo en el Congreso, espera dar a todo el mundo los medios para encontrar un trabajo. Por lo tanto, en su opinión, ayudar a los desempleados es malo porque la economía necesitará mano de obra y ésta no debe abandonar el mercado laboral.
Una visión moral
La visión de Joe Biden del empleado es la del “orgulloso capitalista” que lo es; los empleados serán recompensados según su participación en el crecimiento. La promesa de Joe Biden es la de una alianza entre el capital y el trabajo, en la que el trabajo acepta las condiciones necesarias para la rentabilidad del capital y el capital devuelve una parte de los beneficios para mantener las condiciones de vida de los empleados.
Este es el espíritu de la ampliación de la seguridad social preparada en el plan que se debate en el Congreso. Se ampliarán las ayudas a los padres, los jóvenes en formación y los pensionistas. Parece un alineamiento con las sociedades europeas continentales, pero con dos diferencias: una prestación de desempleo débil y una financiación no mediante cotizaciones, sino mediante impuestos sobre los beneficios y los más ricos. Por lo tanto, para financiar la “generosidad”, será necesario aumentar los beneficios y hacer más ricos a los ricos, y esto tendrá que garantizarse con el trabajo de los empleados. De ahí la falta de una verdadera prestación por desempleo.
La visión de Joe Biden es obviamente muy ingenua. Considera que el renacimiento del capitalismo virtuoso adolece de una falta de buena voluntad y moralidad por parte de los desempleados que no quieren trabajar y de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos. hay muchas posibilidades de que esta lógica la ponga en cuestión la propia lógica del beneficio.
En ausencia de una verdadera recuperación del crecimiento de la productividad, la rentabilidad se opondrá a cualquier revalorización fuerte de los salarios, a menos que entremos en un régimen de fuerte inflación. Los puestos de trabajo creados serán fragmentados y mal pagados. También podrían, como ocurre, ser demasiado pocos. Dado que la legislación sobre este plan no cambiará y que la ausencia de un verdadero seguro médico garantizará una presión a la baja sobre los salarios, la pertinencia del cálculo de Joe Biden es cuestionable.
Y si ese cálculo falla, tendrá que elegir entre ayudar a los más pobres o apoyar a las empresas. Sin duda, el demócrata, un “orgulloso capitalista”, ya ha hecho su elección. Algo que no sorprende. Desde Jimmy Carter, los demócratas han abandonado la idea de apoyar a los más pobres y a los desempleados. Bill Clinton organizó el workfare en 1996 y Barack Obama renunció a regular las deportaciones en 2008. Con esta puñalada a los más débiles, Joe Biden ya pasa a integrar ese legado.
Biden ordena la vacunación de todos los trabajadores federales para "garantizar la salud y seguridad"
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Este lunes por la mañana, millones de personas en Estados Unidos se enteraron de que tendrían que prescindir de los 300 dólares semanales que recibían del Gobierno federal. El recorte ya estaba en vigor en varios estados dirigidos por gobernadores republicanos, pero ahora es general; la ayuda al desempleo por la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) y la compensación de emergencia por desempleo por la pandemia (PEUC) ya no existen. Estas ayudas temporales expiraron, legalmente, el 6 de septiembre. Y Joe Biden no movió un dedo para prorrogarlas.