'Caso Macron-Benalla': en respuesta a nuestros detractores

He aquí pues un asunto de Estado.

Pone en entredicho a la Presidencia de la República y al jefe de Estado, a través de uno de sus colaboradores más cercanos, encargado de su seguridad personal. Revela la protección excepcional acordada por el aparato estatal, en su nivel más elevado, a este sombrío personaje a pesar de su imputación judicial, por actos de violencia voluntaria.

El caso acumula episodios tan asombrosos como enigmáticos, dignos de una telenovela: desde el privilegio de los pasaportes diplomáticos, pasando por un continuo contacto personal con el presidente, sin olvidar su irracional gusto por las armas de fuego, por no mencionar la insolente impunidad mostrada por el propio interesado. Está adornado conmentiras proferidas bajo juramentoante una comisión de investigación parlamentaria, con encuentros entre acusados violando así su control judicial, con chanchullos para borrar pruebas e impedir el buen funcionamiento de la justicia.

Finalmente, y sobre todo, revela las posibles maniobras de una potencia extranjera en el seno del poder presidencial, en este caso se trata de Rusia a través de un oligarca devoto del presidente Putin. Un contrato de seguridad privada por un montante potencial de 1,2 millones de euros, de los cuales 300.000 se pagaron en la primera cuota, fue negociado por iniciativa de Alexandre Benalla, mientras ocupaba su cargo en el Elíseo, disfrutando del estatus de hombre de confianza, en la sombra, del presidente de la República.

En su mayor parte, tras las primeras revelaciones de Le Monde el 18 de julio de 2018, Mediapart ha conseguido ensamblar este rompecabezas aún incompleto, dado que el paisaje improbable que bosqueja guarda aún su secreto. La severidad del reciente informe del Senado se basa, en particular, en las últimas tres revelaciones de nuestra investigación: el sulfuroso contrato ruso, los misteriosos pasaportes diplomáticos y el ilícito encuentro de dos imputados. Sin el trabajo de Mediapart, los magistrados, la policía y los senadores no habrían sabido nada, y la opinión pública todavía menos.

No hay nada de lo que alardear, más bien habría que alarmarse ante la debilidad de los otros contrapoderes frente al poder presidencial. Sin embargo, para aquellos que se molestan por el mensaje transmitido por nuestras informaciones, ya que puede obstaculizar sus pequeños affaires y revelar sus grandes secretos, no hay nada más urgente que arremeter contra el mensajero. Estamos acostumbrados, aunque la costumbre no evite el agotamiento. Cada vez que Mediapart revela un asunto de dimensión nacional, diversos protagonistas del debate público persisten en ilustrar este proverbio chino: "Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo".

Sin rebajarnos a calificarlos, simplemente nos conformaremos con decir que miran hacia otra parte cuando les mostramos nuestra información. En el caso de Bettencourt, ya nos acusaron de ser una oficina con métodos fascistas, era el año 2010. En el dossier del financiamiento libio del clan Sarkozy, nos tacharon de defraudadores difundiendo noticias falsas, era el año 2012. Con la cuenta suiza del ministro Cahuzac, no éramos más que embusteros desprovistos de pruebas, era el año 2013. Todo, excepto periodistas.

Hoy, en el affaire Macron-Benalla, nos hemos convertido en un abanico de opciones: en la Stasi de la difunta RDA, en "estalinistas", "collabos (colaboracionistas)" o "indics (informantes)", "blanqueadores de información sucia", especialistas en sistemas de grabaciones clandestinas, una agencia de inteligencia o aprendices de espías. Todo, de nuevo, excepto periodistas.

Tan infames como son, estas acusaciones darán que hablar, como lo hicieron las anteriores. Se convierte, a veces, en una larga batalla que siempre afrontamos con la fe más elemental, la convicción de ser fieles a nuestra profesión, en cuanto a sus exigencias metodológicas y a sus desafíos democráticos. Porque somos periodistas, solo periodistas, escrupulosamente respetuosos con el código de ruta, profesional y deontológico constituido por la jurisprudencia de la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa.

En el affaire Bettencourt, con una absolución general y definitiva en 2017, la justicia francesa reconoció la legitimidad del trabajo de Mediapart al revelar las grabaciones del mayordomo, afirmando la necesidad tanto pública (revelar información de interés general, incluyendo delitos financieros graves, especialmente delitos fiscales) como privada (proteger a Liliane Bettencourt de quienes abusaron de su debilidad para aprovecharse de su inmensa riqueza) de visibilizar y denunciar dichos hechos. Mientras tanto, muchos de los asuntos así revelados han dado lugar a multas fiscales y sanciones penales.

En el affaire Sarkozy-Gadafi, en una sentencia del 30 de enero, el Tribunal de Casación confirmó que el documento libio revelado por Mediapart en 2012 no era un documento falso ni factualmente incorrecto, dejándonos libres de toda sospecha de falsificación o fraude, términos utilizados por quien fuera presidente de la República para desautorizar nuestras revelaciones. De ahora en adelante, ya no podrá esconderse detrás del expediente judicial en el que aparece imputado por tres cargos diferentes, especialmente por soborno pasivo; y cuando la extradición a la justicia francesa del intermediario Alexandre Djouhri acaba de ser aprobada por la justicia británica.

Finalmente, en el caso Cahuzac, después de casi tres meses de investigación preliminar, provocada por nuestra crítica pública dirigida al fiscal de París ante la inercia del poder ejecutivo, que continuaba protegiendo a su ministro de Economía; la integridad y la veracidad del documento sonoro publicado por Mediapart fueron confirmadas, lo que condujo, el 19 de marzo de 2013, a la apertura de una información judicial que dio como resultado el reconocimiento de fraude y evasión fiscal por parte del principal interesado.

Ocurre exactamente lo mismo con el affaire Macron-Benalla. Reveladas el 31 de enero, las conversaciones entre Alexandre Benalla y Vincent Crase sirven como pretexto para una nueva ofensiva lanzada por nuestros detractores, poniendo en duda el interés público que recae sobre dichas grabaciones. Ningún punto de su contenido afecta a la privacidad de nadie cuando, sin embargo, todo lo divulgado ha sido tenido en cuenta por la justicia para actuar, suspendiendo durante una semana el control judicial de los dos protagonistas, y abriendo una nueva investigación preliminar por obstrucción a la verdad.

Grabaciones útiles para el debate público y el buen funcionamiento de la Justicia

Evidentemente, nosotros no somos los autores de estas grabaciones: no espiamos a nadie, ni grabamos a nadie sin su consentimiento. Pero conocemos perfectamente tanto su origen como sus circunstancias, respetando el secreto de las fuentes, el mismo que protege el derecho de los ciudadanos a alertar sobre un posible delito. Comprobamos la autenticidad de las grabaciones y nunca las habríamos hecho públicas si tuviéramos la menor duda sobre su integridad –en particular, verificamos que no fueron sometidas a ninguna alteración o manipulación–, como lo hacemos con cualquier documento, cualquiera que sea su soporte (correo electrónico, fotografía, nota, informe, documento contable, etc.). Obtuvimos estos registros en el marco de nuestra investigación de largo recorrido sobre el affaire Benalla, que comenzó el pasado verano, acumulando testimonios, narraciones cruzadas, diversas y múltiples fuentes.

Ninguna manipulación oculta u operación técnica misteriosa, se trata simplemente del trabajo de periodistas, rindiendo cuentas únicamente ante nuestros jueces: el público y la justicia. La justicia, más allá de la verdad de los hechos, se pronuncia sobre la "buena fe" del ejercicio de nuestro oficio, que incluye la legitimidad del objetivo perseguido (la información es de interés general), la seriedad de la investigación (verificaciones, precisión, testimonios, documentos, etc.), el respeto de réplica/contradicción (solicitud repetida de las personas o partes involucradas), la moderación en la expresión y la ausencia de animosidad personal.

Nuestra investigación sobre el affaire Benalla cumple todos estos requisitos. En este contexto, el derecho a saber lo que es de interés público –¡y qué hay más necesario cuando se trata de las más altas esferas del Estado!–, las grabaciones publicadas por Mediapart son del mismo orden que las grabaciones del affaire Bettencourt o del caso Cahuzac. Son piezas que revelan hechos, como puede hacerlo un manuscrito, una fotocopia, un informe impreso. O un vídeo, como ocurrió en el inicio de este asunto, con los vídeos revelados sucesivamente por Le Monde (Plaza de la Contrescarpe) y después por Mediapart (Jardin des Plantes).

En la era digital, el trabajo de investigación se basa tanto en testimonios, como en documentos escritos, fotos, vídeos y audios. En cualquier caso, la regla es la misma: asegurar el interés público, verificar la autenticidad, conocer el contexto, buscar la coherencia, armar el rompecabezas de la verdad. Si por casualidad esta revelación es contestada ante los tribunales, los jueces arbitrarán entre varios derechos fundamentales: ¿la publicación de dicho informe clasificado como « secreto de defensa » es más legítimo, en nombre del interés general, que el respeto del secreto militar? ¿La difusión de dicha grabación realizada en un lugar privado se basa en una necesidad de interés público, con prioridad sobre el respeto a la vida privada?

Los profesionales del derecho, si son de buena fe, son perfectamente conscientes de este equilibrio entre el derecho fundamental a la información pública y el hecho de que la información de interés público puede provenir de documentos potencialmente protegidos por el secreto. Hasta tal punto que, en cualquier proceso de difamación, tenemos el derecho de presentar documentos en el marco de una instrucción a título de prueba, a pesar de que estén teóricamente protegidos por el secreto de investigación.

Por lo tanto, más allá de la propensión de algunos periodistas, publicistas, editorialistas, abogados, a responder a la llamada de socorro de los poderes en dificultad, queda por entender este implacable intento de desautorizar la difusión de grabaciones. No hay duda de que las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica para descubrir y publicar, en el marco de una investigación periodística clásica, hacen temblar a todos los poderes que tienen secretos ilegítimos que ocultar. Es raro encontrar un registro escrito que ateste la comisión de un delito o un crimen, mientras que una grabación realizada por un testigo puede probarlo.

Este fue, por ejemplo, el caso sobre las cuotas discriminatorias en el seno del fútbol francés revelado en 2011 por Mediapart. Sin haber sido escuchado por su jerarquía, el informante grabó una reunión entre responsables de la Federación Francesa de Fútbol donde se manifestó la necesidad de "blanquear" al equipo de Francia. De manera similar, el mayordomo de Liliane Bettencourt, en una situación de "servidumbre", en sus palabras, que era la suya, sabía que su historia no sería escuchada si no presentaba una prueba del abuso de debilidad del cual era testigo –de ahí su recurso a grabaciones que pusieron de relieve un mundo insaciable y cínico–.

Las grabaciones de Benalla-Crase son del mismo orden: revelan hechos de interés general, útiles para el debate público y para el buen funcionamiento de la justicia.

_______________Versión y edición española : Irene Casado Sánchez.

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