El 'no es país para migrantes' de Trump pone en pie de guerra a las ONG de derechos humanos
Durante meses, Donald Trump se comprometió a expulsar a “millones y millones” de inmigrantes y a ponerse manos a la obra en cuanto asumiera el cargo en la Casa Blanca. Y así lo hizo: apenas investido, el 20 de enero, firmó una serie de decretos destinados a hacer imposible la vida cotidiana de las personas inmigrantes en Estados Unidos y detener la llegada de migrantes. Uno de esos textos anuncia el tono ya en su título: “Proteger al pueblo americano de la invasión”.
“Muchos de estos extranjeros en situación irregular en Estados Unidos representan una importante amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, ya que cometen actos innobles y odiosos contra americanos inocentes. Otros se dedican a actividades hostiles, como espionaje, espionaje económico y preparación de actividades relacionadas con el terrorismo”, dice el decreto presidencial.
El nuevo presidente americano aprovechó la ocasión para declarar el estado de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, con el fin de desplegar allí al ejército para repeler y alejar a los migrantes que intentaran cruzar la frontera de manera irregular. “Elimina el derecho de asilo”, resume la abogada Judith L. Wood, especialista en cuestiones migratorias.
A su lado, su colega y compañero Gregory Russell insiste con aire serio: “Estados Unidos se convertirá en el único lugar del mundo [entre los países desarrollados, ndr] donde no se podrá obtener asilo”. Él también es especialista en derecho de extranjería y derecho de asilo, y recuerda que antes “la frontera estaba abierta, la gente pasaba y se quedaba, no había más”. Observa que desde hace varios años, y ahora más que nunca, el objetivo número uno es “reforzar” esa frontera.
El derecho de asilo pisoteado
“A la gente que no sabe nada se le hace creer que los migrantes siempre podrán solicitar asilo gracias a un visado humanitario. Pero la verdad es que es casi imposible obtener tal visado”, lamenta. Exactamente igual que en Europa. “Trump dice que está a favor de la inmigración legal, pero eso casi no existe”, añade Wood. Así es como consigue “manipular a los americanos”, haciendo brainwashing, lavado de cerebro, subrayan.
En su bufete de Los Ángeles, situado en el barrio de Downtown, los clientes no paran de llegar. “Todo el mundo está preocupado”, comenta la abogada cuando nos reunimos con ella el 21 de enero, un día después de la investidura de Trump y el anuncio de los famosos decretos. Aquí, las paredes están empapeladas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con rostros y nombres de famosos inmigrantes estadounidenses o con la placa del "Proyecto de Derechos Humanos", lanzado por Wood para defender “un mundo de justicia, igualdad y unidad”.
Donald Trump busca cortar todas las posibilidades
En Estados Unidos, Wood es una figura destacada en la lucha por la defensa de los inmigrantes: ha contribuido a hacer evolucionar el derecho de asilo para permitir que las mujeres estén protegidas por su género, a través del caso de una exiliada afgana a la que defendió. Un caso único que inspiró una película titulada Saint Judy.
Sucedió en Estados Unidos en la década de 1990, mientras que la cuestión se impuso en Europa a principios de enero de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en este sentido. Hoy en día, la abogada observa con horror los profundos retrocesos que se están produciendo en su país.
“Ningún presidente tiene el poder de cerrar el territorio estadounidense para siempre”, afirman las investigadoras Marie-Laure Basilien-Gainche (Universidad de Lyon 3) y Amanda Frost (Universidad de Virginia), en un artículo publicado en The Conversation. “La legislación federal y el derecho internacional permiten a los extranjeros solicitar asilo en Estados Unidos. La suspensión de la entrada de todos los solicitantes de asilo parece incompatible con la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, escriben.
“Es una gran preocupación porque afecta al respeto de los derechos humanos. Es contrario a las leyes internacionales”, afirma Judith L. Wood. “Busca cortar todas las posibilidades. La inmigración requiere flexibilidad porque cada caso es diferente. Eso es lo que quiere eliminar”, lamenta Russell. Para llevar a cabo su proyecto, Trump ataca en todos los frentes. Trata de impedir la entrada de migrantes, pero también de expulsar a las personas indocumentadas que ya están instaladas en Estados Unidos.
El coste de las expulsiones
Según Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera” de la administración Trump, han sido ya expulsadas casi 14.000 personas desde el 20 de enero. En declaraciones a la CNN, este se mostró “insatisfecho” con estos resultados: “Debemos hacer mucho más”. Sería necesario “mejorar la selección de objetivos”, pero, como exculpándose, puntualiza que “es un trabajo difícil”.
“Donald Trump está muy frustrado por estas cifras”, señala Victor Condé. Para este abogado americano especialista en derecho internacional y derechos humanos, el sistema actual “no puede absorber tantas expulsiones”. Considera que es imposible expulsar a 10 millones de personas como se ha anunciado. “No tienen suficientes recursos humanos y financieros para lograrlo. Intentan convencer a la policía local para que colabore, pero cada Estado tiene sus propias reglas”.
“Llevar a cabo un millón de expulsiones al año sería más del doble del tope alcanzado por el gobierno americano y, por lo tanto, es un objetivo muy ambicioso”, añade Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute, que trabaja con el investigador y especialista en inmigración Muzaffar Chishti. Ella también destaca “las principales limitaciones en términos de mano de obra, capacidad de detención, resistencia de las comunidades americanas y reticencias de algunos países a aceptar a sus ciudadanos”.
Aunque la administración Trump todavía espera “aprovechar las agencias estatales y locales” para aplicar las leyes de inmigración y también recurre a agencias federales “muchas de las cuales nunca han desempeñado antes un papel en el control de la inmigración” —como la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Administración Tributaria, el departamento de Guardias Jurados y la Agencia de Regulación de Armas de Fuego, Alcohol y Tabaco—, considera que “queda por ver si esta concentración de recursos podrá superar los importantes desafíos relacionados con estos objetivos”, cuyo coste ascendería a 175.000 millones de dólares.
El gobierno podría utilizar al ejército fuera de la frontera para expulsar a un gran número de personas, piensan Wood y Russell, recordando que ya varía “los diferentes recursos” de los que dispone. “Bastaría con que declarara el estado de emergencia en otro lugar”.
Mientras tanto, se está implementando una estrategia más insidiosa: la del “terror”, según el abogado Condé, para “asustar a los inmigrantes indocumentados, para que se vayan por su cuenta”. El 17 de febrero, el departamento de Seguridad Nacional anunció una campaña publicitaria nacional e internacional para incitar a los “extranjeros ilegales” a irse y mantenerse alejados de Estados Unidos.
Donald Trump también quiere poner fin al derecho de suelo (ius solis) y firmó un decreto al respecto el 20 de enero. De este modo, excluye a los niños del “privilegio de la ciudadanía americana” cuando en el momento del nacimiento la madre se encontraba en situación irregular o tenía un permiso de residencia temporal y el padre no era ciudadano americano ni residente permanente. “Es aterrador”, dice Wood. “Podría privar de la ciudadanía a los niños cuando sus padres están en proceso de regularizar su situación...”
La Constitución, cuestionada
“Va en contra de la ley, y luego veremos los recursos”, comenta Condé. El derecho de suelo, “es la decimocuarta enmienda de la Constitución, no puede cuestionarla a menos que el Tribunal Supremo decida dar otra interpretación al concepto de ciudadano”. Pero cruzar esa línea roja sería “demasiado extremo”, según él. Tres jueces federales ya han suspendido este decreto, declarándolo inconstitucional.
Será interesante, añade, observar a largo plazo lo que sucederá en los tribunales. Si los jueces consideran que la administración Trump viola la Constitución, “reaccionarán, porque temerán por su propio poder, que se basa en ella”, continúa Victor Condé.
“Los jueces federales bloquearon la aplicación de las principales iniciativas de Trump durante su primer mandato y podrían volver a hacerlo si consideran que estas políticas son contrarias a la ley americana”, recuerda por su parte Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute.
El abogado Russell piensa que el “problema” con Trump “es que quiere hacer la ley cuando se supone que solo debe reforzarla”. “Recurriremos a los tribunales siempre que sea necesario, habrá que impugnar esas políticas”, añade su colega Wood. “Llevará tiempo y será difícil, y mientras tanto podrán seguir expulsando a personas. Pero es una forma de resistir”.
Para Condé, recursos como los presentados para los extranjeros trasladados y encerrados en Guantánamo desde principios de febrero de 2025 —el último símbolo de la criminalización de los migrantes—, tienen muchas posibilidades de prosperar.
Pero la administración Trump podría seguir violando las convenciones internacionales sin preocuparse: “La Constitución dice que todas las leyes internacionales forman parte de la ley americana, pero el Congreso declara que no tienen aplicación directa”, explica el abogado, para quien eso supone una “verdadera problemática”.
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Aunque Trump “se burla” de las convenciones internacionales, “lo atacaremos en el terreno de los derechos humanos”, promete el que dice querer acudir con otros colegas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “En mi opinión, las políticas de Trump suponen actualmente una violación del Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, debido a la angustia y la discriminación que conlleva”.
Traducción de Miguel López
