El diablo se esconde en los detalles. Entre Atenas y sus acreedores, el tema no es otro, desde hace mucho tiempo, que la búsqueda de una política alternativa a la austeridad que no ha hecho más que hundir a Grecia en la recesión desde hace cinco años. Como en los años anteriores, las discusiones se han focalizado sobre el excedente presupuestario que el Estado griego se supone ha desbloqueado a través de nuevos golpes en sus gastos y con impuestos suplementarios. Y, más que nunca, esos cambios vuelven a ser absurdos: los acreedores, nunca satisfechos con los innumerables retrocesos de Tsipras, se agarran a las últimas modificaciones, comas, montantes irrisorios a la vista de los problemas en juego.
Así, del lado griego, la última proposición se basaba en ingresos anuales equivalentes al 0,93% del PIB, pero los acreedores mantienen el objetivo del 1% del PIB. El último estado de las discusiones revela un desacuerdo entre las dos partes sobre un déficit de 107 millones de euros, y los acreedores continúan exigiendo a Grecia reformas jamás exigidas a otros países europeos. La batalla se juega por completo en el terreno ideológico.
El bloqueo a la reforma del IVA es, bajo este punto de vista, revelador. Grecia forma parte de los países europeos con el IVA más elevado: el 23%. Además, el IVA ya fue subido otras dos veces anteriores, poco a poco, a principios de 2010 –fueron las primeras medidas de austeridad tomadas por Grecia al principio de la crisis–. Sólo Dinamarca, Croacia, Hungría, Rumanía y Suecia fijan una tasa más elevada que la de la península helena.
En cuanto a los otros índices intermedios que se aplican sobre ciertas categorías de productos, misma situación. Grecia grava con un 6,5% los libros, periódicos, la hostelería, el teatro y los medicamentos, y con un 13% los productos alimenticios, la comida rápida, los hospitales, el transporte, la electricidad, el gas natural, el agua, el cine, las entradas a los museos y los trabajos de rehabilitación. Estas también son de las tasas más altas del continente. Solo la República Checa, Irlanda, Hungría y Finlandia tienen un IVA ligeramente más elevado que el de Atenas. Sobre el resto (ropa, productos de entretenimiento, bebidas, vehículos, telecomunicaciones, DVD, combustible para los hogares, gasolinas, materiales de construcción…) se impone un tipo del 23% en Grecia.
¿Qué quieren los acreedores de Atenas hoy? En la última molienda del programa presentado al Gobierno de Tsipras piden la supresión del IVA más bajo, así como un cambio de categoría para el conjunto del sector de la hostelería y la restauración con el fin de imponerle un impuesto máximo. Recordemos que en Francia (donde la tasa normal de IVA es el 20%), este sector está fijado en la tasa reducida del 10%, mientras que los productos alimenticios forman parte de otra categoría, fijada en el 5,5%. Francia aplica incluso una cuarta tasa, todavía más reducida, del 2,1%, a los medicamentos reembolsables por la Seguridad Social, a ciertos espectáculos, a la prensa en papel y digital –es la tasa más baja de toda la UE–.
Además, en la Unión Europea, la mayoría de los países aplican la tasa reducida del IVA a la hostelería. Sólo cuatro países (Dinamarca, Hungría, Eslovaquia y Reino Unido) aplican sobre las noches de hotel la tasa normal de IVA. En cuanto a los servicios de restauración, sobre ellos se impone la tasa normal sólo en un tercio de los países miembros, todos los demás le aplican una tasa reducida que va del 3% (en Luxemburgo) al 18% (en Malta).
¿Por qué, entonces, exigir a Grecia, cuya economía es la más asfixiada por cinco años consecutivos de austeridad, impuestos sobre el consumo más elevados que a los demás? ¿Por qué imponerle una tasa máxima sobre la hostelería y la restauración, cuando la mayoría de los miembros de la UE aplican a esos sectores una tasa reducida?
La paradoja no se queda ahí. Los acreedores se han apoyado igualmente estas últimas semanas sobre la necesidad, según ellos, de suprimir las ventajas fiscales en vigor sobre las islas griegas. El Gobierno de Tsipras sigue oponiéndose. Como país insular, Grecia beneficia, en efecto, a sus islas de una reducción del 30% sobre sus tres tasas de IVA, un estatus que se explica por la carestía de la vida allí, debida a los costes de desplazamiento de productos y a los costes de desplazamiento para los habitantes que deben, por ejemplo, efectuar trámites administrativos o recibir tratamientos médicos. Esto tampoco es nada excepcional.
En Córcega, provincia francesa, hay en vigor un impuesto reducido sobre numerosos bienes y servicios. La hostelería y la restauración, por ejemplo, están sometidas a una tasa de solo un 2,10%, así como los productos alimenticios. Los departamentos franceses de ultramar se benefician de un IVA dos veces inferior al del Hexágono (el 8,5%), de una tasa reducida del 2,10% y de varias exenciones. Dicho de otra forma, Grecia no beneficia en ningún caso de un régimen de favor a sus islas, como dejan entender los negociadores, en particular las del FMI.
En realidad, la cuestión del IVA es muy práctica. Es el impuesto menos justo socialmente ya que se aplica a todos de la misma forma, sea cual sea el nivel de ingresos del consumidor, y es más fácil de colectar en un país donde la colecta fiscal es, estructuralmente, deficiente. La economía helena descansa, en efecto y en gran parte, sobre las pequeñas empresas y las profesiones liberales, mientras que el salariado (impuesto desde el principio en Grecia) concierne a una minoría de la población activa.
Este tipo de economía, tanto en Grecia como en otros sitios, favorece el fraude fiscal. Un paro hoy explosivo y una presión fiscal en aumento sobre las clases medias bajo los efectos de las políticas de austeridad no han ayudado nada: los circuitos paralelos y los ingresos no declarados son también, para los griegos, una forma de afrontar esta crisis sin precedentes. Por último, la administración fiscal griega, como ya contó Mediapart en un reportaje en 2012, carece de medios humanos y materiales. Los empleados de los servicios fiscales no están todavía equipados con ordenadores, muchos procedimientos no son automatizados, las informaciones entre las diferentes administraciones no se arreglan. Incluso si en los últimos años se han realizado progresos con la regularización de numerosos casos de atrasos tributarios, no obstante, el fisco griego no puede ser eficaz en el cuadro de una política de austeridad que no ha dejado, desde 2010, de reducir los efectivos y de recortar en los recursos presupuestarios.
Servirse de nuevo del argumento del IVA vuelve a ser entonces, una vez más, una chapuza para no poner en marcha la gran reforma estructural necesaria, y siempre rechazada, del sistema fiscal griego. Pero sobre todo, aumentar el IVA en un país extenuado, donde el consumo se ha hundido, es perfectamente contraproducente. El IVA no puede favorecer a la economía sumergida y a los servicios no declarados. Sin embargo, el Gobierno de Tsipras no rechaza tocar los impuestos.
Acorralado por sus socios después de cinco meses de negociaciones, ha terminado por abandonar esa línea roja recalcada por Syriza durante su campaña electoral. El partido había prometido no aumentar la carga fiscal de los contribuyentes y suprimir el impuesto inmobiliario aprobado por el Gobierno anterior. Estas promesas no han resistido a la presión de los acreedores.
Estos últimos dias, el Gobierno griego propuso introducir un nuevo tramo para el impuesto de solidaridad creado durante la crisis, con una tasa del 8% sobre los ingresos más modestos. Tsipras propuso igualmente un impuesto excepcional del 12% sobre los beneficios de las empresas superiores a 500.000 euros anuales. En definitiva, buscó reintroducir una sospecha de justicia fiscal, antes que echar mano del IVA sobre el consumo.
Raramente, sus propuestas no han sido recogidas por la Comisión Europea ni por el FMI.
La reestructuración de la deuda, el hueso de las negociaciones
Traducción: Marta Semitiel
Puedes leer el artículo original en francés aquí:
El diablo se esconde en los detalles. Entre Atenas y sus acreedores, el tema no es otro, desde hace mucho tiempo, que la búsqueda de una política alternativa a la austeridad que no ha hecho más que hundir a Grecia en la recesión desde hace cinco años. Como en los años anteriores, las discusiones se han focalizado sobre el excedente presupuestario que el Estado griego se supone ha desbloqueado a través de nuevos golpes en sus gastos y con impuestos suplementarios. Y, más que nunca, esos cambios vuelven a ser absurdos: los acreedores, nunca satisfechos con los innumerables retrocesos de Tsipras, se agarran a las últimas modificaciones, comas, montantes irrisorios a la vista de los problemas en juego.