Los críticos con el CETA preparan sus últimos cartuchos

Si Emmanuel Macron contaba con hacer frente a las preocupaciones relativas al tratado de libre comercio con Canadá (CETA) con este informe, no lo ha conseguido. El panel de nueve expertos, creado el 5 de julio, presentó el pasado 7 de septiembre un informe sobre el CETA más bien crítico en el fondo, aunque modesto en sus recomendaciones. Tal y como se comprometió en campaña el candidato Macron, estos profesores universitarios, dirigidos por la economista Katheline Schuber, han analizado las consecuencias futuras de este tratado de librecomercio en tres ámbitos: el clima, el medioambiente y la salud.

Los expertos reconocen la existencia de numerosos riesgos e incertidumbres relacionados con la entrada en vigor del CETA, pero este panel de juristas y economistas se cuida muy mucho de instar a rechazar el texto. Por el contrario, formula recomendaciones que, en su opinión, permitirían mejorar el contenido. Así las cosas, el debate sobre el CETA corre el riesgo de intensificarse en las próximas semanas en Francia: los diputados pueden debatir sobre el acuerdo este otoño, mientras que una parte del CETA comenzará a aplicarse, “de forma provisional”, a partir del 21 de septiembre, una vez sometido a votación en el Parlamento Europeo (en febrero de 2017). La manifestación de Francia Insumisa prevista para este 23 de septiembre cuenta entre sus consignas la suspensión de la entrada en vigor provisional del CETA.

Para Emmanuel Macron, estos debates pueden terminar siendo un quebradero de cabeza. En el Gobierno de Édouard Philippe hay tanto partidarios del texto como históricos detractores; es el caso de Nicolas Hulot [actual ministro de Transición Ecológica y Solidaria]. Más precisamente, Hulot ha manifestado su preocupación por las amenazadas que penden sobre el principio de precaución. Por su parte, Marielle de Sarnez, efímera ministra de Asuntos Europeos del primer Gobierno Philippe, optó por la abstención en la primera votación efectuada en Estrasburgo. En cuanto a Macron, le gusta escenificar su proximidad a Justin Trudeau, primer ministro canadiense y acérrimo defensor del CETA. Sin embargo, el propio jefe del Estado francés también quiere concretar su visión de una “Europa proteccionista”, en particular en lo que respecta a las cuestiones comerciales. En resumen, la posición del Ejecutivo no es fácil y la publicación de este informe no va a ayudar, necesariamente, a clarificar las cosas.

La prudencia del informe

Los nueve autores del informe reconocen antes de nada la extrema complejidad de este texto jurídico de más de 2.300 páginas, cuya ambición supera la de los acuerdos comerciales tradicionales (donde lo único que se hacía era rebajar los aranceles entre países, para aumentar los intercambios económicos). Matizan sus conclusiones durante todo el informe y, a menudo, constatan la dificultad de evaluar por anticipado el impacto de una medida u otra. Por ejemplo, en lo que respecta al llamado principio de precaución, tan defendido por Nicolas Hulot, se lee: “Los mecanismos actuales en marcha relacionados con la aplicación en la Unión Europea del principio de precaución no se cuestionan”, destacan, para precisar a continuación: “No obstante, el hecho de que no exista mención explícita de ese término en el texto del acuerdo genera cierta incertidumbre ante la eventual contestación por parte de Canadá de futuros mecanismos”.

Se advierte una prudencia similar cuando se aborda la cuestión del Foro de cooperación reguladora, ese escenario ideado por el CETA y pensado para armonizar los reglamentos en vigor a un lado y a otro del Atlántico, con el objetivo de facilitar los intercambios. Los críticos con el CETA ven en él un instrumento que permitirá a las empresas europeas y canadienses sortear las decisiones de los Parlamentos. Para los autores del informe, la cuestión de la “captura del regulador” por parte de intereses privados no es nueva. No obstante, reconocen tambien que no se puede descartar categóricamente que el CETA pueda, en algunos sectores, agravar esta tendencia (“todo dependerá de las reglas de funcionamiento de este foro”, aseguran, reglas que todavía no se conocen).

En lo que respecta al medio ambiente, los autores lamentan la “falta de ambición”. “Los capítulos del acuerdo relativos al medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante y no hacen sino reafirmar el compromiso de los socios al medio ambiente y al desarrollo sostenible”. En cuanto a la agricultura, la constatación es más grave: “Existe el riesgo de que el CETA no proporcione las condiciones favorables a los objetivos de la transición ecológica de la agricultura [...], en concreto en el sector de la cría de ganado bovino lactante”. En opinión de los expertos, “el gran ausente del acuerdo es el clima”. Sobre todo porque “no se ha previsto nada para limitar el comercio de las energías fósiles y el alza de las emisiones de CO2 del transporte internacional marítimo y aéreo inducida por el aumento de los flujos comerciales”.

A partir de ahí ¿qué se puede hacer? “El informe menciona los riesgos más importantes del CETA, como su impacto desastrosos en el clima o la llegada de organismos modificados genéticamente al mercado francés, pero las recomendaciones del informe no bastarán para reducirlos”, lamenta Lora Verheecke, miembro de la plataforma CEO, que milita por una mayor transparencia en la toma de decisiones de Bruselas. Desde ATTAC, el sentimiento es más o menos el mismo y califican las recomendaciones de “demasiado tímidas”.

Los expertos apuestan, si el CETA se ratifica, por la adopción en paralelo de una “declaración interpretativa”, que permitiría a los legisladores francesas precisar las indeterminaciones que contiene el texto. Y, más sorprendente aún, el panel de expertos defiende la idea de un nuevo acuerdo bilateral Canadá-UE, únicamente centrado en las cuestiones climáticas, para compensar las carencias del CETA... Resulta difícil de imaginar. Además, en los pasillos de la Comisión, en Bruselas, se recuerda, que el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker abrió este verano una reflexión para integrar mejor las cuestiones climáticas en los acuerdos de librecomercio (disponibles aquí), lo que lleva a pensar que todavía es posible incluir enmiendas en el texto, en opinión de la Comisión, jugando sobre ciertas cláusulas, para responder a las eventuales peticiones francesas.

   

Bélgica

Esta renovada atención que en París se presta al CETA, contrasta con la situación que se vive en Bruselas. En la capital belga, el CETA ya no provoca movilizaciones. La Comisión, que desde 2009 ha negociado este tratado en nombre de los Estados miembros, “no hace ningún comentarios” sobre el informe publicado la semana pasada en París: cada país es libre de decidir cómo se lleva a cabo su ratificación, responde la institución a preguntas de Mediapart, socio editorial de  infoLibre. El pulso entre el socialista belga Paul Magnettte y la UE, que a punto estuvo de acabar con el CETA en otoño de 2016, parece lejano. Magnette ya no está en la Presidencia de Valonia, la región del sur de Bélgica que resistió al CETA. Y, sobre todo, el Parlamento Europeo adoptó el texto, en febrero, por aplastante mayoría (408 votos favorables).

Ahora le toca a los 28 países miembros (o a los 27, después del Brexit) ratificar el texto para la entrada en vigor del CETA. El proceso puede demorarse varios años, pero el tratado debe entrar en vigor de forma provisional el 21 de septiembre (la fecha la desvelaron, en el G20 de Hamburgo, el canadiense Justin Trudeau y el luxemburgués Jean-Claude Juncker). La práctica no es nueva; suele aplicarse en todos los tratados de librecomercio. Con una sutil diferencia, sólo se aplicarán los capítulos del tratado que tengan competencia exclusivamente europea, el decir en torno al 90% del texto. El punto más polémico, el mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores privados, que autoriza a las multinacionales a llevar a los países ante la Justicia en determinadas condiciones, no se incluye en esta entrada en vigor provisional.

A día de hoy, tres países han ratificado ya el texto: Croacia, Dinamarca y Letonia. En cuanto a España, el Congreso de los Diputados aprobó el CETA a finales de junio (con una pequeña sorpresa, el PSOE, que en el seno de la familia socialdemócrata de Europa se encontraba entre los más partidarios de su aprobación, finalmente se abstuvo). Ahora es el Senado el que debe pronunciarse, un mero formalismo. Italia también se prepara para debatir el texto en el Parlamento, a menos que las legislativas no pospongan la votación. Al menos en la teoría, que un solo país rechace el texto basta para bloquear el CETA en toda Europa.

En los próximos meses, habrá que ver cuál es el posicionamiento del Portugal del socialista Antonio Costa (a priori muy partidario del CETA) o de la Grecia de Alexis Tsipras (Syriza). Pero los críticos con el CETA apuestan sobre todo por tres países para frenar la dinámica de ratificación. Austria es sin duda el Estado miembro donde la contestación a los tratados de librecomercio es mayor desde hace años; el país celebra elecciones legislativas el 15 de octubre, por lo que la cuestión puede convertirse en uno de los principales asuntos de campaña. En Viena, la perspectiva de una ratificación todavía se ve muy lejana.

A otro Estado país al que hay que seguirle la pista es a los Países Bajos, que siguen conociendo dificultades a la hora de formar una coalición, después de la victoria de los liberales de Mark Rutte en las legislativas del pasado 15 de marzo. En este país, basta con reunir 300.000 firmas (el 1,7% de la población) para convocar un referéndum consultivo, a posteriori, sobre una ley ya votada por el Parlamento. En 2016, colectivos opuestos a la UE lograron la celebración de un referéndum sobre el tratado de librecomercio entre la UE y Ucrania, en el que se impuso el No, provocando una minicrisis en Bruselas. Es más que posible que el CETA también sea sometido a votación.

Pero hay otro país del Benelux que corre el riesgo de causar sudores fríos al Ejecutivo europeo: Bélgica. El Gobierno federal –una coalición de derechas, en el que hay democrata-cristianos, liberales e independentistas flamencos– es muy favorable al CETA. Ya se ha iniciado el proceso que debería suponer su ratificación en el Parlamento federal, pero el federalismo belga obliga a que siete Parlamentos aprueben los tratados de librecomercio, incluido los que representan a Valonia (sur del país), la región de Bruselas capital y la comunidad francófona, tres entidades que habían manifestado el año pasado su oposición al CETA.

Conscientes de esta dificultad, las autoridades federalistas belgas han soltado lastre. Han aceptado mantener una de las promesas de campaña del socialista Magnette, en el otoño de 2016: el pasado día 7 de septiembre se dirigieron al Tribunal de Justicia de la UE para conocer la compatibilidad de los mecanismos de arbitraje Estado/inversores privados con los tratados europeos. En teoría, el Tribunal de Luxemburgo puede tardar hasta 18 meses en pronunciarse. Hasta entonces, tres de los siete parlamentos belgas necesarios para ratificar el texto no van a hacer nada. Y, para complicar un poco más el escenario belga, en mayo de 2019 se celebrarán elecciones generales, es decir, poco después de que se dé a conocer el dictamen sobre el CETA...

“La consulta al Tribunal de Justicia era una reclamación histórica de la sociedad civil. Permitirá clarificar la legalidad de la cláusula de arbitraje que concierne no sólo al CETA, sino también al resto de tratados de nueva generación en vías de negociación”, con Vietnam o Japón, se congratula Michel Cermak, especialista en cuestiones comerciales, contrario al CETA, de la ONG belga CNCD-11.11.11.

Otros países también podrían dar largas a la cuestión por motivos diferentes. Por ejemplo, Polonia, ferviente defensor de los textos de librecomercio y más concretamente del CETA. Sin embargo, recientemente ha mostrado cierto recelo respecto a la reforma en curso de los mecanismos de arbitraje Estado/inversores privados. Tal y como reveló The Financial Times el pasado día 7, expertos polacos han hecho saber a la Comisión que quieren más garantías sobre la participación de magistrados polacos en la constitución de paneles de jueces para la UE, ante la posibilidad de que Varsovia fuera llevada ante la Justicia por una empresa...

 

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Traducción: Mariola Moreno

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