La cuestión de la esclavitud trae de cabeza al primer ministro británico Keir Starmer
¿Puede el gobierno laborista británico seguir eludiendo las consecuencias financieras de los trabajos de memoria sobre la esclavitud? Esta es la cuestión que está en juego en la Cumbre de la Commonwealth, inaugurada el viernes 25 de octubre en las islas Samoa (Polinesia).
En vísperas de esta reunión intergubernamental en la que participan 56 Estados, la mayoría de ellos antiguas posesiones del Reino Unido, la BBC ha desvelado un plan de “justicia reparadora” que las naciones del Sur pretenden imponer a la antigua potencia colonial, consistente en una indemnización por la trata de esclavos: 18 billones de libras (21.500 millones de euros), que se pagarían a 14 países caribeños.
Londres lo cortó en seco pero no ha podido evitar que se plantee el tema. El primer ministro de Su Majestad, Sir Keir Starmer, ya ha dejado claro que no hay prevista ninguna compensación y que su Gobierno está decididamente “mirando al futuro” con el cambio climático como prioridad.
El proyecto de documento hecho público por la BBC quita hierro a tal negativa al subrayar la necesidad de un “futuro compartido basado en la equidad” gracias a intercambios “lúcidos, sinceros y respetuosos” sobre el tema de la justicia reparadora.
El comunicado conjunto de la cumbre debería mencionar “las experiencias históricas compartidas vinculadas a ese espantoso comercio que fue la esclavitud y la desposesión de los pueblos indígenas”. Preguntado por la BBC, el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Frederick Mitchell, afirmó que las palabras ya no bastan. Tony Blair sí se disculpó en 2006, pero de tal forma que con sus palabras parecía todo saldado. Los países de la Commonwealth sostienen que las palabras vuelan, pero queda dinero por pagar.
La anunciada desintegración de la Commonwealth
“Es sólo cuestión de tiempo”, declaró Frederick Mitchell, seguro de que el movimiento es inevitable. El ministro bahameño ha recordado que Keir Starmer era partidario de las compensaciones económicas cuando estaba en la oposición. Defendía la justicia reparadora, al igual que el actual responsable del Foreing Office, David Lammy, cuyos padres proceden de Guyana.
En un artículo de opinión publicado el jueves 24 de octubre por el diario londinense The Guardian, el historiador barbadense Hilary Beckles, que preside la Comisión de Reparaciones por los Abusos de la Esclavitud, creada por los países caribeños, afirma con contundencia: “Corregir el mundo en el siglo XXI es un imperativo que se opone a la promoción del miedo y a las actitudes racistas persistentes. No hay enemigos en la empresa de las reparaciones, sólo socios para buscar el desarrollo mutuo y la justicia para todos”.
Esta espinosa cuestión surge en un momento en que se va perfilando la anunciada desintegración de la Commonwealth, que ya se rumoreaba que no sobreviviría a la muerte de la soberana Isabel II (1926-2022). ¿No está ligado a la Corona británica el legado colonial del que quieren desprenderse la mayoría de los países? En Barbados creen que sí. Desde 2021 se han embarcado en una transformación institucional que podría convertirlo en una República. Otros países, como Jamaica, viven un geotropismo similar.
El rey Carlos III intenta frenar esa tendencia centrífuga, como ilustra su reciente viaje a Australia, justo antes de su visita a las islas Samoa. Pero, reflejando los sondeos de opinión (un tercio de la población australiana está a favor de la realeza, a un tercio le da igual y un tercio prefiere la República), el soberano ha tenido que soportar la desafección unida a una protesta, encarnada sobre todo por la senadora Lidia Thorpe, defensora de los derechos de los pueblos aborígenes.
Sin embargo, el árbol de Buckingham no puede ocultar el bosque laborista. Keir Starmer está decidido a ser algo así como un guardián neo-thatcherista de la ortodoxia financiera, cueste lo que cueste políticamente. Nada más llegar al poder, el Gobierno laborista puso fin a un subsidio energético vital para los pensionistas del país, algunos de los cuales no podrán calentarse este invierno. La izquierda inglesa demostró así una ferocidad social que ha dado a los conservadores la oportunidad de mostrarse de repente compasivos, tras catorce años en el poder sin piedad con los más pobres.
Keir Starmer nunca pierde una oportunidad de mostrar que no es de izquierdas. John McDonnell, ex ministro de Hacienda en el gabinete en la sombra de Jeremy Corbyn y figura progresista de la oposición, marginado del partido tras votar en contra del “discurso del Trono” en julio, ha vuelto a pronunciarse contra el curso político de los acontecimientos.
Declaró a The Independent: “Mirar al pasado esclavista no es una distracción que nos aleje del futuro sino la mejor manera de afrontarlo. Resulta muy decepcionante ver a un primer ministro y a un ministro de Asuntos Exteriores laboristas limitarse a repetir, palabra por palabra, los argumentos políticos de los conservadores”.
La brecha entre el Norte y el Sur
No sólo el 10 de Downing Street sigue llevando al pueblo británico a la desesperación mientras la extrema derecha eurófoba del reino, liderada por el demagogo Nigel Farage, está al acecho, sino que este gobierno laborista británico también está ampliando la brecha entre el Norte y el Sur que la guerra en Gaza está ensanchando.
Negar de antemano que esta cumbre de la Commonwealth vaya a ser una sociedad de iguales y negar la demanda de justicia reparadora de las antiguas naciones víctimas de la trata transatlántica de esclavos brinda una oportunidad de oro para la propaganda del Kremlin sobre el “Occidente colectivo” frente al “Sur global”.
Esto ocurre en un momento en que dos perlas de la Commonwealth, India y Sudáfrica, han optado por aparecer junto a Vladimir Putin, anfitrión de una cumbre en Kazán de 32 países vinculados a los Brics, con el objetivo declarado de estructurar un nuevo orden mundial “post-occidental”.
Las antiguas potencias coloniales europeas, que también arrastran las cadenas de la esclavitud, recuerdan a aquellos emigrantes de la nobleza francesa que regresaron tras la Revolución, a los que Talleyrand espetó: “¡No han aprendido nada ni olvidado nada!”
El caso de Francia y Haití
En 1825, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, aceptó, bajo la amenaza de una cañonera en la bahía de Puerto Príncipe, que fuera reconocida la independencia de su país (proclamada en 1804), a condición de contraer una doble deuda, que combinaba la indemnización a los colonos y el reembolso de los préstamos, que Haití no pagaría definitivamente hasta mediados del siglo XX.
En un libro publicado en 2022, Les Chaînes de la dette (Las cadenas de la deuda), Thomas Piketty recordaba en su prefacio que las islas en las que Francia practicó la esclavitud –Haití, Guadalupe, Martinica y Reunión– tienen la mayor concentración de esclavos conocida en la historia de la humanidad. Constituían el 90% de la población, mientras que en el noreste de Brasil, el sur de Estados Unidos e incluso en la Antigüedad (Roma y Atenas), la cifra no superaba el 40%.
El economista también calculó el efecto de la gigantesca deuda impuesta a Haití en 1825, equivalente a tres años de producción (o el 300% del PIB, como diríamos hoy), siguiendo al New York Times, según el cual “los pagos a Francia han costado a Haití entre 21.000 y 115.000 millones de dólares en crecimiento económico perdido”.
Varios países de la Commonwealth rechazan a Carlos III como su jefe de Estado
Ver más
Hay que recordar que el proyecto de ley de Christiane Taubira de 1998 (ministra francesa de Justicia entre 2012 y 2016, nacida en Cayena, ndt), que reconocía la esclavitud como crimen contra la humanidad, incluía en su primer borrador un artículo 5 que preveía una comisión de reparación, antes de que la mayoría socialista de entonces se opusiera.
Traducción de Miguel López
