Este será sin duda el último acto de gestión del presidente de EDF (Électricité de France). Aunque Jean-Bernard Lévy anunció su dimisión a principios de julio –su sucesor debería ser nombrado antes de finalizar septiembre– va a terminar su mandato con una nota catastrófica. Aunque desde hace semanas se venían lanzando numerosas advertencias, el anuncio de los resultados de EDF el jueves 28 de julio produce, sin embargo, un efecto sobrecogedor: nunca en sus 76 años de existencia la empresa pública de electricidad se había encontrado en una situación tan peligrosa. En el primer semestre, el grupo registró unas pérdidas de 5.300 millones de euros, a pesar del aumento de más del 67% en su facturación (66.200 millones de euros).
"Los resultados del primer semestre reflejan las dificultades encontradas en la producción nuclear en Francia y en menor medida la hidroeléctrica, así como el efecto del blindaje tarifario puesto en marcha en Francia para 2022", comentó el consejero delegado de EDF, Jean-Bernard Lévy, citado en el comunicado del grupo.
Desde principios de año, EDF se enfrenta a una situación industrial sin precedentes: 12 de sus 56 reactores están parados por problemas de corrosión detectados por la Autoridad de Seguridad Nuclear, y otros 18 reactores están parados para realizar operaciones de mantenimiento necesarias dado el envejecimiento del parque nuclear francés, pero algunas de las cuales tuvieron que aplazarse durante la crisis de covid. Además, la sequía que azota a Francia desde hace varios meses hace peligrar la capacidad de producción hidroeléctrica.
El grupo ha dicho que mantiene su "previsión de producción nuclear para el año en un rango de entre 280 y 300 TWh", previsión "reforzada" por la validación el miércoles por la Autoridad de Seguridad Nuclear de su estrategia para controlar los problemas de corrosión encontrados en su parque nuclear.
Mientras EDF se ve privada de una cuarta parte de su producción de electricidad, el gobierno le impuso, a principios de año, que asumiera en su cuenta una gran parte de la carga del blindaje tarifario de la electricidad, introducido para proteger a los hogares de los crecientes costes de la energía. En cuanto se introdujo este blindaje tarifario, la dirección de EDF denunció el coste exorbitante que representaba para el grupo, que sólo podía acarrear enormes pérdidas.
El grupo público tiene que suministrar a sus competidores privados 20 TWh adicionales a un precio de 42 euros por MWh (el coste histórico de la electricidad producida por su parque nuclear), mientras que los precios de la electricidad se han disparado por encima de los 200 o incluso 250 euros por MWh. A falta de una producción suficiente, EDF se ve obligada a comprar los TWh que faltan en el mercado, a pagar un alto precio por ellos y a revenderlos a sus competidores con pérdidas. No se ha establecido ningún control para garantizar que estos últimos utilicen esta electricidad y que los hogares se beneficien realmente de esta ayuda.
Este sistema de venta a pérdidas, impugnado por todos los sindicatos del grupo, debería prolongarse hasta finales de año, ya que el Gobierno ha anunciado que el blindaje tarifario se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2022, sin modificar el esquema de financiación.
En este contexto de fuerte deterioro financiero del grupo, el gobierno anunció la próxima compra de todos los accionistas minoritarios de EDF (16% del capital). La Asamblea Nacional votó una línea presupuestaria de 10.000 millones de euros para esta operación en el marco del proyecto de ley de modificación financiera. Hasta ahora, el gobierno no ha dado ninguna información precisa sobre lo que piensa hacer con EDF y los medios para reactivarlo, una vez que el Estado tenga el control de todo el capital.
Mediapart publica de nuevo aquí la investigación que ha llevado a cabo sobre las dificultades financieras de EDF, titulada EDF: detrás de la nacionalización, el colapso financiero, publicada originalmente el 8 de julio de 2022.
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Era un escenario de desastre, considerado imposible por muchos hace algunos años, y ahora a punto de hacerse realidad: EDF está al borde del colapso financiero. La situación es tan preocupante que el consejo social y económico central del grupo lanzó una alerta a mediados de junio. "EDF no llegará al final del año", advirtió.
Por su parte, la agencia de calificación S&P se preparaba para volver a rebajar la calificación de la empresa pública de electricidad en las próximas semanas. "Este es, sin duda, uno de los elementos que han llevado al Gobierno a acelerar el expediente. Una nueva rebaja habría complicado la financiación del grupo y comprometido los proyectos nucleares presidenciales", analiza un financiero.
En su discurso de política general, la Primera Ministra, Élisabeth Borne, anunció el miércoles 6 de julio la nacionalización de facto de la compañía eléctrica. A raíz de esto, Jean-Bernard Lévy anunció oficialmente que renunciaba por adelantado a su cargo de director general, sin asumir su responsabilidad de gestión.
Aunque muchos predijeron graves dificultades para EDF, sin duda nadie imaginó que alcanzarían tal magnitud. Según nuestras informaciones, el grupo prevé un Ebitda (excedente bruto de explotación) negativo para finales de año, teniendo en cuenta una sucesión de partidas excepcionales.
La pérdida podría ser del orden de 10.000 a 15.000 millones de euros, según algunas fuentes. La deuda del grupo superaría los 60.000 millones de euros y podría llegar incluso a los 70.000 millones a finales de año (frente a los 48 de finales de 2021). Aunque las enajenaciones y los ajustes contables puedan aligerar un poco la factura, también hay que tener en cuenta otros gastos financieros y provisiones. A mitad de año, EDF se prepara para registrar miles de millones de euros de pérdidas a finales de 2022.
Y estas son sólo estimaciones provisionales. La crisis energética que azota a Europa desde el verano de 2021 y que se ha agravado desde la guerra de Ucrania está alimentando un repunte de los precios de la electricidad, que podría alcanzar niveles estratosféricos si se materializa la amenaza de escasez de gas, que se utiliza como referencia para los precios de la electricidad en el mercado mayorista europeo. En ese caso, EDF podría sufrir un duro golpe.
"Dejamos morir deliberadamente a la bestia", dice Héloïse*, ejecutiva del grupo, denunciando sin miramientos la absurda desregulación del mercado de la energía en beneficio exclusivo de proveedores alternativos que no aportan nada, la arrogancia e incompetencia del Estado accionista y la mediocridad de los sucesivos presidentes. Sin ir tan lejos en la expresión, muchos empleados pero también conocedores del mundo de la energía comparten el análisis.
"Todo lo que ocurrió era previsible, estaba escrito de antemano. Desde hace más de diez años, asistimos a una sucesión de decisiones comunitarias y gubernamentales que han saqueado a EDF. Con la crisis energética y la guerra de Ucrania, estamos descubriendo el alcance del dogmatismo de la Comisión Europea y su creencia en el mercado: no tenemos ni estrategia ni seguridad energética. Y EDF, que era el campeón europeo, está por los suelos. ¡Todo un récord!", dice un experto en el tema.
Blindaje tarifario: la política de lo peor
Un cúmulo de factores excepcionales hizo descarrilar al grupo. Pero algunos de ellos podrían haberse evitado, si el gobierno hubiera tomado otras decisiones. Su responsabilidad en la forma en que diseñó el blindaje tarifario es total.
Cínicamente, el Gobierno pidió a EDF que asumiera la mayor parte del blindaje tarifario, limitando el aumento de los precios de la electricidad al 4% a partir de febrero, para proteger el poder adquisitivo de los hogares. En el marco de este plan, se ha ampliado el acceso a la electricidad nuclear a coste histórico (ARENH), que ya es una medida única para financiar a los competidores del grupo público.
EDF, que ya suministra 100 TWh a proveedores alternativos, está obligada a venderles otros 20 TWh a un precio ARENH de 42 euros/MWh. Al no disponer de suficiente producción, el grupo se ve obligado a adquirirla a un precio elevado en el mercado (actualmente 300 euros por MWh) para venderla a sus competidores con pérdidas.
En el momento de su anuncio, la dirección de EDF había estimado el coste de esta medida en 8.000 millones de euros de impacto negativo en su Ebitda. Desde entonces, la factura se ha actualizado: el coste estimado es de 10.200 millones de euros. La cosa se va a agravar aún más: el Gobierno ha anunciado la prórroga del blindaje tarifario al menos hasta finales de año, lo que hace que EDF siga solicitando ayuda.
"Todo esto podría haberse evitado si el gobierno hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera decidido, como hizo España, abandonar el mercado europeo de la electricidad, si hubiera bajado el IVA de la energía al 5,5%, si hubiera reformulado las tarifas eléctricas, habría sido mucho más eficaz para mantener el poder adquisitivo. En cambio, prefirió que EDF siguiera beneficiando a sus competidores", afirma Sébastien Menesplier, secretario general de sindicato FNME-CGT.
La crítica está justificada porque todo esto se ha elaborado sobre la base de una metodología cuestionada, como hemos relatado. A finales de enero, la Comisión de Regulación de la Energía (CRE) estableció que los precios de las tarifas eléctricas reguladas debían aumentar un 44%, lo que hizo que el Gobierno entrara en pánico y pusiera en marcha el blindaje de las tarifas eléctricas. "Si la CRE hubiera decidido cambiar el periodo de referencia, para suavizar la evolución de los precios en un periodo más largo, el aumento de los precios de la electricidad habría sido como máximo del 10%. Esto podría haber sido fácilmente soportable para una gran parte de los hogares. Pero la CRE prefirió la política de lo peor, en detrimento de EDF y de las finanzas públicas, y para enriquecer a las comercializadoras", analiza un experto del mercado eléctrico.
En su reciente informe sobre el mercado de la electricidad, el Tribunal de Cuentas se pronunció en el mismo sentido, subrayando que el método utilizado por la CRE "conduce a niveles de precios que superan ampliamente los precios de mercado". Está claro que el gobierno no responsabiliza al CRE de este "error", pues su presidente, Jean-François Carenco, ha sido nombrado Ministro Delegado de Ultramar.
Parada de reactores: un accidente industrial sin precedentes
Si el coste del blindaje tarifario es tan elevado para el grupo público, es porque debe afrontar al mismo tiempo una situación industrial sin precedentes, que el Gobierno no tuvo en cuenta: nueve de sus reactores nucleares están parados, tras el descubrimiento por la Autoridad de Seguridad Nuclear de grietas y corrosión en las tuberías de los reactores.
Además de estos paros imprevistos, ya hay proyectos de mantenimiento programados. De los 56 reactores instalados, EDF sólo puede contar con la producción de unos treinta desde principios de año. Su producción nuclear pasará de 350-380 TWh a unos 280-300 TWh en el mejor de los casos en 2022, habiendo anunciado el consejero delegado del grupo, Jean-Bernard Lévy, posibles caídas de la producción todavía en el segundo semestre.
Las consecuencias de esta situación son ya inmensas. En este momento, el grupo las evalúa en 18.500 millones de euros de pérdidas en su Ebitda. Se trata de una estimación provisional. pues EDF depende ahora del mercado europeo de la electricidad para garantizar parte de sus suministros.
Aunque estas paradas sean excepcionales, no dejan de plantear la cuestión de la gestión del parque nuclear francés y de las decisiones tomadas en el pasado. Bélgica, que explota reactores comparables, no tiene los mismos problemas que Francia. Algunos, incluido el Gobierno, están tentados de explicar esto por el gran rigor de la Autoridad de Seguridad Nuclear.
Pero dentro del grupo, muchos señalan el cambio de cultura de los sucesivos directivos, que se han preocupado mucho más de la rentabilidad a corto plazo, de los dividendos cada vez más elevados exigidos por el Estado accionista y de las operaciones financieras supuestamente prestigiosas pero que resultan ruinosas, en lugar de producir electricidad en las mejores condiciones posibles. Esto se tradujo en un descenso de las inversiones a partir de la década de 2000, la eliminación del mantenimiento preventivo y el mayor recurso a la subcontratación. Estos ahorros a corto plazo están pagando ahora un alto precio.
"Hay una disminución de competencias y una pérdida de la cultura industrial en la empresa. Las viejas manos que construyeron esta empresa se han ido y la cultura se ha ido con ellos. No han sido sustituidos", añade un ex directivo del grupo. "No es cierto que EDF haya perdido su saber hacer industrial. Al menos no en todas partes. Hay departamentos y divisiones en los que se sienten estas preocupaciones. En el comité ejecutivo, en la cima, es otra cosa", matiza Nicolas*, empleado del grupo.
Nuevos retrasos en Hinkley Point
Esta pérdida de competencias y conocimientos se refleja en las obras de construcción de los EPR (European Pressurized Reactor). Como era previsible y así se anunció, Hinkley Point (en el Reino Unido) sigue los pasos de Flamanville. Antes de que se pusiera en marcha el proyecto, todo el colectivo, desde los ingenieros hasta los sindicatos, pasando por algunos directores, se había movilizado contra este programa, que se consideraba peligroso para el futuro. El director financiero de EDF, Thomas Piquemal, llegó a dimitir estrepitosamente por estar en contra. Jean-Bernard Lévy decidió ignorarlo e imponer este contrato, que quería Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía.
Todos los temores de entonces eran fundados: el proyecto de Hinkley Point resultó ser inviable en los plazos y precios anunciados cuando se firmó el contrato. Aunque la puesta en marcha del reactor estaba prevista para finales de 2022 o principios de 2023, la dirección de EDF ha anunciado nuevos retrasos. La puesta en marcha de la primera unidad se pospone, en el mejor de los casos, hasta finales de junio de 2027. Estos nuevos retrasos suponen un coste adicional de 3.000 millones de libras (3.500 millones de euros). El proyecto, estimado inicialmente en unos 19.000 millones de libras, va ahora por 26.000 millones.
Estas cifras marean a mucha gente. Con el anuncio de Emmanuel Macron de la construcción de seis EPR, y quizás incluso de 14, todo el mundo teme que el grupo se hunda en cuerpo y alma en un abismo industrial y financiero.
Mientras el grupo se enfrenta a ecuaciones financieras irresolubles, muchos se preguntan qué ocurrirá a continuación. "Con el control total del capital por parte del Estado, se corre el riesgo de que sea aún peor", señala Charles*, ejecutivo de EDF. Es un eufemismo decir que el anuncio de Elisabeth Borne de la compra de los accionistas minoritarios de EDF y la salida del grupo de la bolsa no despierta mucho entusiasmo entre los empleados de la empresa eléctrica. Muchos insisten en hablar de intervencionismo y no de nacionalización del grupo.
Una palabra que Elisabeth Borne se cuidó de utilizar. "No hay transformación de estatus. EDF sigue siendo una sociedad anónima (SA) y no se convierte en un EPIC (establecimiento público industrial y comercial). Mañana podrán hacer lo que quieran", señala Sébastien Menesplier.
"Estoy a favor de mantener a los accionistas minoritarios. Es una protección para EDF. Con el 100% del capital, el Estado tendrá vía libre. Esto significa menos transparencia, menos información financiera y aún menos autonomía y margen de maniobra para gestionar este grupo", añade Nicolas*, quien teme que el Estado aproveche el debilitamiento de EDF para volver a imponer el proyecto Hércules de una manera u otra, lo que llevaría al desmantelamiento del grupo.
Muchos empleados tienen el mismo miedo. Emmanuel Macron nunca ha ocultado lo mucho que valora este proyecto, concebido ya en 2016. Tampoco ha ocultado su descontento, ya que se ha encontrado con una fuerte oposición tanto dentro de la empresa como en la Comisión Europea. Convencido de la relevancia de "su proyecto" sin haberlo explicado nunca, ni siquiera durante la campaña presidencial, parece decidido a recuperarlo.
Por el momento, el gobierno, más allá de la propiedad estatal de EDF, no ha dicho nada sobre lo que piensa hacer. Y, evidentemente, pretende revelar sus cartas en el último momento para coger por sorpresa a toda la oposición. "No habrá debate parlamentario sobre la toma de posesión de la totalidad del capital de EDF", ha advertido ya el ministro de Economía, Bruno Le Maire.
Más allá del compromiso financiero que esto supone -la compra de los accionistas minoritarios de EDF podría ascender a 12.700 millones de euros-, ¿cómo puede el Gobierno plantearse ni un solo segundo no explicar sus intenciones al Parlamento, al pueblo francés? La electricidad es una necesidad básica, un elemento determinante para la economía francesa. EDF no es una empresa estatal, sino un servicio público al servicio de la nación, un bien común compartido por todos. ¿Y el gobierno no tiene ninguna explicación que dar, ni por los fallos del pasado que llevaron a este colapso, ni por lo que piensa hacer en el futuro?
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“Ya es hora de que se dé voz a los ciudadanos, de que se les consulte sobre lo que ocurre y lo que quieren", insiste François Carlier, director de la asociación CLCV (Consumo, Vivienda y Entorno Social). “Desde mediados de los años 90, la apertura del mercado de la energía siempre se ha hecho sin preguntar al consumidor. Es fácil ver por qué: el 75% de la gente sigue con tarifas eléctricas reguladas. Esta consulta ya no puede posponerse.”
El gobierno espera seguir fingiendo, pero no podrá continuar durante mucho tiempo sin que los ciudadanos le pidan cuentas. Por supuesto, todavía espera contar con ocultar el colapso de EDF durante un tiempo, con su operación capitalista. Pero ya no podrá hacerlo cuando llegue el momento de la escasez, el racionamiento y los apagones.
Porque ahí estaremos. A partir de este verano, nadie asegura que Córcega no sufra cortes de electricidad. Este invierno, la amenaza de cortes arbitrarios podría afectar a todo el territorio. El gobierno, además, se está preparando para ello. Según nuestra información, se está elaborando un decreto para permitir cortes de electricidad y medidas de rotación de apagones para los particulares, sin que éstos den lugar a indemnizaciones, a diferencia de lo que se hace con las empresas.