Estamos ante una fuerza policial predictiva que podría desplegarse no ya en una ciudad, una región o un país, sino en todos los continentes... Frontex, la agencia europea de control de fronteras, acaba de publicar una licitación “para la prestación de servicios de análisis de redes sociales en relación a tendencias y previsiones de la migración irregular”. La duración del contrato es de 16 meses, con posibilidad de dos prórrogas como máximo, cada una por un periodo de 12 meses, por un importe de 400.000 euros, impuestos no incluidos.
La agencia no le teme a la palabra: espera que los informes encargados (“un informe exhaustivo sobre el panorama de las redes sociales utilizadas por los inmigrantes e informes mensuales para medir los avances”) le permitan “determinar, en una fase relativamente temprana de la planificación de las operaciones conjuntas [entre los Estados de la UE], hasta qué punto las redes sociales contribuyen a la inteligencia predictiva con el fin de asignar los recursos de forma adecuada”.
Para analizar los “riesgos” existentes, en su opinión, en las fronteras –un análisis que es el “punto de partida” de todas sus actividades–, “hay que recoger y analizar un gran volumen de datos e información”, dice la agencia. Por lo tanto, Frontex quiere “aprovechar las oportunidades que ofrece el rápido crecimiento de las plataformas de redes sociales, que permiten a los usuarios interactuar entre sí de maneras que antes eran inimaginables”.
Las “interacciones” de los potenciales migrantes “en las redes sociales cambian radicalmente la forma en que la gente obtiene información sobre la ruta o cualquier otro elemento importante para su decisión de emigrar”, constata Frontex.
La agencia detalla sus expectativas: “Las interacciones, conversaciones y contenidos de las redes sociales generadas a través de diferentes plataformas” deberán analizarse para “mejorar”, en primer lugar, “el análisis de riesgos de los futuros movimientos migratorios irregulares que puedan tener un impacto en las fronteras exteriores de la UE y del espacio Schengen” y, en segundo lugar, “mejorar” también “la planificación, realización y evaluación de las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex (en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, incluidas las operaciones de repatriación)”.
La agencia es consciente de las dificultades de la misión: “Los dos objetivos requieren una gama de conocimientos diferentes y van más allá del análisis de código abierto porque las interacciones en las redes sociales a menudo son cerradas o requieren autenticación”. La agencia cita como ejemplos los espacios digitales que se deben monitorizar: “Facebook, foros, blogs, MySpace, YouTube, Vimeo, Twitter, Telegrama, Instagram, etc.”.
La lista de personas a las que se dirige es amplia, empezando por los “migrantes”. Continúa con “traficantes y contrabandistas”. Y termina con “la sociedad civil y las comunidades de la diáspora” en los países de destino. ¿Dónde controlar a estos migrantes ya en camino o que están construyendo su proyecto? El panorama debería centrarse en “las poblaciones y regiones del mundo con gran frecuencia asociadas a movimientos irregulares significativos y apoyados”.
Dinero público para espionaje
“Es alarmante que un organismo público piense que está en su derecho de dar dinero público a una empresa de vigilancia para espiar a los usuarios de las redes sociales”, dice Edin Omanovic, director de promoción de la asociación británica Privacy International, que defiende la privacidad y el control personal de los datos personales.
El trabajo esperado deberá centrarse “principalmente en identificar la existencia de una amenaza potencial en términos de intención, interacciones o capacidades de varios tipos de entidades (personas, lugares y organizaciones)”, señala Frontex. La Agencia Europea también espera que los informes mensuales se centren en “nuevas investigaciones para determinar si un texto escrito expresa opiniones negativas o positivas sobre un tema concreto”, que debería “contener visualizaciones de datos en el formato más apropiado y acordado”.
Hasta tres veces al año, Frontex también puede solicitar un informe sobre un punto específico, “sobre zonas geográficas específicas o sobre cuestiones específicas, en situaciones de migración irregular sin precedentes e inesperadas que afecten a las fronteras exteriores de la UE”.
“Esta vigilancia no tiene por objeto recopilar, procesar, almacenar o compartir datos personales de los usuarios de redes sociales”, se defiende Frontex contra toda evidencia.
“La afirmación de que tal vigilancia de los usuarios de los medios sociales no involucra datos personales es muy cuestionable. Frontex debe revelar exactamente qué tipo de datos planea espiar”, apunta Edin Omanovic. Y para una mayor credibilidad, también debería proporcionar “cualquier evaluación del impacto que pueda tener en la privacidad de las poblaciones vulnerables”, continúa.
Es cierto que en el anuncio de licitación se especifica que “en la ejecución general de sus actividades y, en particular, en el tratamiento de los procedimientos de licitación”, Frontex cumple el Reglamento Europeo 2018/1725, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones de la Unión, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
No obstante, en el anexo III de la convocatoria de licitación se examinan detenidamente los datos personales. Titulado “Contrato de servicios”, este anexo se refiere en varias ocasiones al tratamiento de datos personales por parte del contratista, siempre de conformidad con el Reglamento Europeo 2018/1725 y el RGPD. En particular, el beneficiario del contrato deberá especificar “la finalidad y el propósito del tratamiento de datos personales” y comprometerse, entre otras cosas, a que sean tratados y almacenados en el Espacio Económico Europeo, que incluye los 28 países de la UE, más Islandia, Noruega y Liechtenstein.
“En su afán por innovar, los organismos de todo el mundo se apresuran a adoptar soluciones tecnológicas sin tener en cuenta su eficacia o su impacto en los derechos humanos”, lamenta Edin Omanovic. Se trata de “un paso más” en la dirección equivocada, que consiste en considerar a los migrantes ya no “como personas vulnerables” sino como una “amenaza”. En Conakry (Guinea), el proyecto también concierne a Mamadou Alpha Diallo, presidente de la Asociación de Blogueros de Guinea (Ablogui), que reúne a blogueros y activistas y trabaja por una mayor inclusión digital, entre otros. El “40%” de los miembros de la asociación están fuera del país, “en Marruecos, Francia, son a veces migrantes, o en contacto con nuestros migrantes”. Él mismo, cuando nos pusimos en contacto teléfonico con él, el miércoles 16 de octubre, regresaba de un juicio en Conakry donde se está procesando a activistas por convocar una manifestación en contra de la enmienda de la Constitución que permitiría al presidente Alpha Condé optar a un tercer mandato.
Si Guinea ofrece “muchos solicitantes de asilo [...] son personas que no utilizan mucho Facebook o WhatsApp aquí, pero que entran en las redes para migrar”. El riesgo, continúa, es “que la gente sea más sospechosa” y por lo tanto se encuentre en "condiciones de viaje más difíciles”. “Saber que Frontex está recogiendo datos obligará a la gente a encontrar otras formas”, teme.
“Los migrantes, los grupos de la diáspora y las ONG utilizan las redes sociales para garantizar que las personas tengan acceso a información que los proteja; la idea de que un organismo de control fronterizo supervise activamente estas comunicaciones no sólo es una amenaza a los derechos de las personas, sino que también pone en peligro su seguridad”, señala Edin Omanovic.
Mamadou Alpha Diallo planea “campañas contra este proyecto, con nuestros gobiernos pero también con la Unión Europea”. Porque la amenaza directa a los migrantes no lo es todo: “Esto sienta un precedente. Nada impedirá que otros Estados hagan lo mismo, otras agencias gubernamentales. En este contexto de una internet gobernada por grandes multinacionales, los africanos, con Estados débiles, corremos el riesgo de dejar de tener libertades, de ser espiados”.
Para Damien Carême, exalcalde de Grande-Synthe (Norte), donde promovió la acogida de inmigrantes, el proyecto Frontex es simplemente “alucinante”. “¿Qué es la migración irregular?”, pregunta el ahora diputado europeo EELV. “Un kurdo que se va hoy, no tiene visado, se encuentra en una situación irregular... [...] Significa que controlaremos a las ONG, a las redes... Frontex, debe buscar gente, ayudar, enfurecer al diputado. Debemos poner fin a la demagogia de la seguridad y garantizar la seguridad de los corredores humanitarios”.
El presupuesto de Frontex se triplicará a partir del próximo año, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros anuales, frente a los 330 millones de euros de este año. Pero, ¿para qué? “Podemos ver que tan pronto como aumentamos los recursos de Frontex, aumenta los ingresos de los contrabandistas", dice el ecologista, que promete una respuesta política, “ante el Parlamento”.
El paso a Gran Bretaña costaba entre “500 y 800 euros” en 2014, explica, “hoy son de ocho a diez mil euros”. Como resultado de ello, los migrantes se las arreglan lo mejor que pueden, poniendo en riesgo sus vidas, como en el caso de los dos iraquíes cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes 14 de octubre en Le Touquet. __________
Traducción: Mariola Moreno
Se reducen casi a la mitad las muertes de migrantes en el mar tratando de llegar a España en 2019
Leer el texto en francés:
Estamos ante una fuerza policial predictiva que podría desplegarse no ya en una ciudad, una región o un país, sino en todos los continentes... Frontex, la agencia europea de control de fronteras, acaba de publicar una licitación “para la prestación de servicios de análisis de redes sociales en relación a tendencias y previsiones de la migración irregular”. La duración del contrato es de 16 meses, con posibilidad de dos prórrogas como máximo, cada una por un periodo de 12 meses, por un importe de 400.000 euros, impuestos no incluidos.