La ‘gendarme’ de la economía mundial, imputada por corrupción

Tras tres años de investigación, la justicia francesa imputó este miércoles a la extitular de Economía de Francia Christine Lagarde por su participación en el llamado caso Tapie caso Tapiecuando era ministra de Economía de Nicolas Sarkozy. Los magistrados consideran que actuó con "negligencia" en un caso de malversación de fondos públicos que tiene como protagonista al empresario Bernard Tapie –amigo personal del expresidente de la República–, que recibió 403 millones de euros de dinero público como reparación por las supuestas pérdidas que sufrió en la venta de Adidas por parte del Crédit Lyonnais.

Esta cantidad  fue decidida por una comisión de arbitraje de la que formaba parte Lagarde, que se enfrenta a una hipotética condena de un año de cárcle y 15.000 euros de multa. Tras conocerse la noticia de su imputación, la actual presidenta del FMI señaló a la agencia AFP que no pensaba dimitir y que pensaba recurrir su inculpación en el caso. 

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Además de a Lagarde, los jueces han imputado a otras cinco personas por presunta estafa de banda organizada. Se trata del propio Bernard Tapie y el abogado de éste; el juez Pierre Estoup, que participó junto a otros dos magistrados en la comisión; Stéphane Richard, que fue en pasado director de gabinete de Lagarde y Jean-François Rocchi, que lideraba el consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais. 

La Cour de Justice de la République [el tribunal encargado de juzgar los hipotéticos delitos cometidos por altos responsables políticos durante su mandato] ya fue informada del caso en mayo de 2011 por el fiscal general del Tribunal Supremo francés, tal y como adelantó Mediapart. En ese documento, se acusaba a la ministra de haber cometido un "abuso de autoridad" por haber ignorado de forma deliberada todas las advertencias contrarias a recurrir a una comisión de arbitraje para saldar las diferencias entre el empresario Tapie y el Crédit Lyonnais. Una solución que resultó muy provechosa para el empresario y ruinosa para el erario público, que acabó aportando 403 euros. 

Tres meses después, en agosto, la Comisión de Peticiones de la CJR también apuntó que el asunto debería ser investigado en una disposición razonada adelantada por el diario francés. En ese texto, siete jueces destruían uno por uno los argumentos de Christine Lagarde y su abogado. Todos apostaban por que el asunto se llevara a Comisión de Instrucción de ese tribunal para que se investigara allí a la ahora presidenta del FMI por ser cómplice en los delitos de malversación de fondos públicos.