Si hacía falta una palabra para avivar la ya viva llama de la oposición al proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno, Elisabeth Borne la encontró el domingo 29 de enero. El aplazamiento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, así como el aumento del periodo de cotización, "ya no son negociables", declaró la primera ministra.
No importa que, según el propio presidente del Conseil d'orientation des retraites, la reforma no sea indispensable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Con esta declaración, Elisabeth Borne mostró la impaciencia del Gobierno, que intenta hacerse con una victoria altamente simbólica en un asunto que no lo es menos.
Desde 1995 y tras la marcha atrás del Gobierno de Alain Juppé en su proyecto de reforma de la seguridad social y de los regímenes especiales, la cuestión de las pensiones ha sido un tótem para todos los gobiernos que desean mostrar su autoridad, presentarse como "reformistas" y demostrar que saben gobernar contra "la calle". Esta retórica pretende demostrar que el conservadurismo está del lado de la izquierda tradicional y de los sindicatos, mientras que ellos están en la “transformación", en el "cambio".
Sin embargo, más allá de estos efectos de escaparate, tocar las pensiones corre el riesgo de desestabilizar el contrato social en el que se basa el país desde 1945, al desnaturalizar la bien llamada Seguridad Social y sus promesas de solidaridad y fraternidad. Tras las tres reformas anteriores de 2003, 2010 y 2014, el actual golpe al sistema podría ser el que derrumbe todo el edificio. La debacle del sistema sanitario público nos enseña que un servicio público, por sólido que sea, no siempre resiste asaltos implacables.
Este domingo, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, alabó con este texto los valores que se supone que defiende la mayoría presidencial, a saber, "el trabajo, los valores del esfuerzo, el mérito y la emancipación". Tantas declaraciones de intenciones que no pueden ocultar lo evidente: el proyecto de Emmanuel Macron y su Gobierno es injusto y brutal. Social y políticamente, en el fondo y en la forma.
Es contra esta injusticia contra la que luchó el millón de personas que se manifestaron contra el proyecto el pasado 19 de enero, siguiendo la convocatoria de todos los sindicatos, unidos por primera vez desde 2010. Y a esta brutalidad se opondrán todos los que hagan lo mismo este martes 31 de enero, entre ellos decenas de trabajadores de Mediapart, tras un debate en asamblea general.
Aunque el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, ha prometido que la reforma "no dejará perdedores", un estudio de las previsiones del Gobierno lleva a la conclusión contraria: los trabajadores y trabajadoras nacidos a partir del 1 de septiembre de 1961 tendrán que esperar más tiempo para cobrar su pensión (de 62 años y 3 meses a 64 años para todos los nacidos después de 1968). El riesgo es que aumente el número de personas mayores obligadas a esperar a la fatídica edad, ya estén en paro, cobrando la RSA [Renta Mínima] o simplemente sin recursos.
Automáticamente, la reforma pesará sobre los trabajadores más pobres, aunque el Gobierno mantenga el límite de edad de 67 años
Solo quienes hayan cotizado más de un año antes de cumplir los 18 años podrán jubilarse a la misma edad que hoy, y solo representan una ínfima minoría de la población. Además, los trabajadores nacidos entre 1961 y 1974 tendrán que haber cotizado más tiempo del anunciado anteriormente (de un trimestre adicional a tres trimestres adicionales para las generaciones de 1965 y 1966).
Para quienes tenían previsto trabajar más allá de la edad legal con una carrera completa, la reforma también es una mala noticia, ya que eliminará el surcote que podían haber acumulado entre los 62 y los 64 años, y por tanto rebajará la cuantía de su pensión.
Automáticamente, la reforma pesará sobre los trabajadores más pobres, incluso si el Gobierno mantiene el límite de 67 años, a partir del cual ya no hay "descuento" para las personas que no hayan cotizado durante toda su carrera, y si se preserva el sistema para las personas en situación de invalidez (salida a los 62 años a "tarifa completa").
Este debate dista mucho de ser neutral; es el crisol de todas las injusticias. Pedir a la población que trabaje dos años más, con cuerpos a menudo ya desgastados, no es esperar de ella un esfuerzo insignificante: como consecuencia de las reformas anteriores, y sin tener en cuenta siquiera este nuevo texto, ya es un hecho que el tiempo de jubilación se estancará, luego disminuirá en Francia.
En otras palabras, trabajar más tiempo significa morir más rápido una vez llegada la jubilación, o incluso antes de que llegue. La situación es aún más cruda si nos fijamos en las cifras de esperanza de vida con buena salud. Además, estos datos ocultan otro hecho evidente: los trabajadores mueren mucho antes que los directivos (6,4 años antes, según el INSEE) y pasan sus años de jubilación con peor salud.
Por último, a pesar de lo que el Gobierno ha afirmado constantemente, las mujeres tampoco ganarán por término medio. A este respecto, es curioso observar que Elisabeth Borne repite que el Ejecutivo "protegerá" a las mujeres no tocando el límite de 67 años: implícitamente, reconoce que su reforma es un peligro, contra el que hay que proteger a una parte de la población.
Reformar las pensiones como pretende Emmanuel Macron es, por tanto, embrutecer el cuerpo social. Oponerse a este proyecto –sin negar las numerosas desigualdades que contiene el sistema actual– significa evitar la profundización de las desigualdades y rechazar el retroceso permanente de los derechos como único horizonte.
El Gobierno planea actuar lo más rápidamente posible, utilizando herramientas constitucionales nunca antes utilizadas para un texto de esta magnitud
El Ejecutivo sabe que ya ha perdido la batalla de la opinión pública. A falta de argumentos, el presidente no ha renunciado a hacer de esta reforma la seña de identidad de su segundo mandato. Al contrario, se dispone a forzar la situación.
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El examen del texto en comisión ha comenzado en la Asamblea Nacional, y llegará al hemiciclo el 6 de febrero. El Gobierno planea ir lo más rápido posible, utilizando herramientas constitucionales nunca antes utilizadas para un texto de esta magnitud. Se prevé incluso prescindir de la votación en la Asamblea. Habría que estar ciego para ignorar los riesgos que corre Emmanuel Macron al confiar únicamente en el partido republicano como frágiles aliados.
Un Gobierno que hace oídos sordos a las enormes manifestaciones que se han congregado en toda Francia, que desprecia a los ocho sindicatos, que olvida a la oposición de todas las categorías sociales e ignora a los partidos de la oposición, es también un Gobierno que corre el riesgo de echar a demasiados ciudadanos en brazos de la extrema derecha. Es urgente hacer frente a este riesgo democrático.
Aquí puedes leer el texto original en francés:
Si hacía falta una palabra para avivar la ya viva llama de la oposición al proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno, Elisabeth Borne la encontró el domingo 29 de enero. El aplazamiento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, así como el aumento del periodo de cotización, "ya no son negociables", declaró la primera ministra.