El presidente argentino Javier Milei, en su aplaudido discurso de Davos del 16 de enero, insistió en que "el capitalismo de libre empresa es la única herramienta capaz de acabar con el hambre y la pobreza". Un mes más tarde, el 17 de febrero, un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la tasa de pobreza estimada en el país en enero había llegado al 57,4% de la población, frente al 49,5% de diciembre y el 44,7% del periodo de julio a septiembre. Se trata de un nivel que no se registraba en Argentina desde 2004.
El nivel de "indigencia", es decir, de pobreza extrema, ha pasado del 9,6% de la población en noviembre al 14,2% en diciembre y al 15% en enero de 2024. Un nivel tampoco visto desde 2004.
Javier Milei reaccionó inmediatamente en X, achacando a esta cifra "la herencia de la casta" de la que intenta librar a Argentina en su relato, para acabar con su eslogan habitual "¡Viva la libertad, carajo! La defensa, sin embargo, fue poco convincente. Desde que llegó al poder el 7 de diciembre, el hombre que aún se define como "anarcocapitalista" ha tomado medidas que han tenido un impacto directo en el nivel de vida de muchos argentinos.
La primera, y más importante, es la devaluación masiva del peso argentino, que perdió la mitad de su valor en un chasquido de dedos el 13 de diciembre y desde entonces ha sufrido nuevos ajustes. La cotización oficial del dólar pasó de 391 pesos a principios de diciembre a 880 pesos a mediados de febrero. Esta caída del valor de la moneda argentina incrementó inmediatamente el coste de las importaciones, en un momento en que la base productiva de Argentina es incapaz de satisfacer la demanda interna.
Precios al alza
En noviembre de 2023, los precios al consumo en Argentina habían registrado un aumento del 12,8% en un mes y un 160,9% en un año, lo que ya era un nivel muy alto respecto a los meses anteriores. Pero en diciembre, tras la devaluación, la tasa de inflación mensual alcanzó el 25,5%. En enero de 2024, la tasa mensual ya era del 20,6%. En un año, la subida de los precios alcanzó el 254,2%. En otras palabras, el régimen de inflación de Argentina, por malo que fuera antes de la elección de Javier Milei, ha cambiado claramente.
Según el estudio de la UCA, es esa aceleración de la subida de precios la que ha provocado un deterioro del nivel de vida de los argentinos, empujando a muchos miles de ellos a la pobreza. Como es lógico, mientras los precios se disparaban, los salarios apenas se movían. En dos meses, el valor real de los salarios del sector privado ha caído un 20%. De este modo, los hogares se encuentran solos a la hora de hacer frente a las enormes subidas de precios. Sólo tienen que reducir a tope sus compras.
Eso es precisamente lo que quiere el Gobierno de Milei. Para frenar la inflación, su estrategia consiste en "restablecer el equilibrio macroeconómico": si hay inflación es porque hay exceso de demanda. Por lo tanto, hay que reducir la demanda para restablecer la estabilidad.
Por esa razón, lejos de ayudar a los hogares a soportar el choque de la devaluación, el gobierno no ha hecho nada para apoyar a los trabajadores más pobres. Ha saboteado las negociaciones para aumentar el salario mínimo, actualmente suspendidas y, a pesar de los obstáculos legislativos, ha empezado a recortar el gasto público allí donde puede, sobre todo suspendiendo todas las obras públicas. En enero, el país registró su primer superávit presupuestario mensual desde 2012, pero pagando un alto precio.
El peso de la recesión
Milei considera que una tasa de inflación mensual inferior al 25% en enero es "un motivo de satisfacción". Pero esta desaceleración, que deja la tasa interanual casi 95 puntos por encima de la inflación de noviembre, sólo se explica por el efecto recesivo de la devaluación.
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 6,4% en enero de 2024, un 28,5% anual. El sector más afectado es el farmacéutico, con una caída interanual del 40,1%, seguido del alimentario (-37,1%), lo que demuestra claramente que los argentinos se han visto obligados a recortar sus gastos más necesarios y básicos. El índice de ventas al por menor están en caída constante desde hace casi dos años, pero los niveles registrados en diciembre y enero no tienen precedentes e indican un estancamiento importante. En noviembre, la caída anual de las ventas al por menor fue del 2,9%.
Los economistas prevén ahora para el primer semestre del año una caída interanual del PIB de entre el 3% y el 4%. El FMI, por su parte, prevé una caída del PIB argentino del 2,8% en 2024. Pero, como vemos, esta previsión es muy frágil y se basa en un escenario "optimista": el de una rápida estabilización de la inflación gracias a la recesión, que conduzca a una recuperación del crecimiento gracias a la llegada de capitales extranjeros. Pero eso está aún muy lejos.
En su doble voluntad de restablecer los "precios reales" y reducir el gasto público, Milei ha recortado las subvenciones a los precios de la energía y las transferencias a las provincias. Esto ha tenido dos efectos importantes: el aumento de los precios de energía, calefacción y gasolina, y el del transporte público gestionado por las provincias. Estas subidas de precios pesarán sobre la inflación en los próximos meses, reduciendo aún más la demanda.
Según las organizaciones patronales, la factura energética de las empresas podría duplicarse, incluso cuadruplicarse, mientras que el aumento de las tarifas del transporte público podría alcanzar hasta el 360% en los próximos meses, según los gobernadores provinciales. En el espacio de dos meses, el número de billetes de autobús que un trabajador con salario mínimo puede comprar en un mes en Buenos Aires ha caído de 2.757 a 578.
Si la inflación no se frena bruscamente, la recesión será mucho más profunda. Y es probable que la recesión dure aún más, dado el impacto en los niveles de vida y el tiempo que tardarán los salarios en recuperar la pérdida de poder adquisitivo, en un momento en que el desempleo será alto y la actividad económica baja.
Bloqueos políticos y tensiones sociales
A estas dificultades económicas se añaden las políticas. La ley "ómnibus" de Milei, que pretendía reducir el gasto público bruscamente, no logró pasar el trámite parlamentario, donde el partido del presidente, La Libertad Avanza (LLA), sólo cuenta con el 15% de los escaños.
A pesar de un voto inicial favorable al conjunto del texto, los diputados rechazaron varias disposiciones clave en la votación artículo por artículo, en particular la disposición crucial que otorgaba al jefe del Estado plenos poderes en materia económica. Milei había aceptado un "compromiso" reduciendo en un tercio las medidas de la ley ómnibus, con la idea de restablecerlas más adelante.
Los diputados no se dejaron engañar. El 6 de febrero, el texto fue devuelto a comisión, lo que hace aún más improbable su aprobación. Desde entonces, Milei no ha perdido ocasión de arremeter contra los gobernadores provinciales, a los que culpa de su fracaso. También ha aprovechado para reavivar sus consignas contra la "casta", que, al rechazar los textos de las reformas, estaría defendiendo sus "privilegios".
Esta situación hace más difícil llegar a un compromiso y, por tanto, afecta a la confianza de los empresarios en el éxito de la política del Gobierno, en un momento en que la recesión parece que será más grave de lo previsto. Por no hablar del hecho de que el país está cada vez más envuelto en un conflicto social de gran envergadura.
La principal organización sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha amenazado con una nueva huelga general tras el éxito de la del 24 de enero, alegando una "inmensa cantidad de conflictos" en todos los sectores de la economía, lo que no es de extrañar dada la situación. Pero el gobierno, que ya ha tomado importantes medidas de represión sindical, no tiene ninguna intención de reducir el nivel de conflictividad. El 19 de febrero, Milei anunció la desregulación de los servicios sociales para los trabajadores, atacando una de las principales funciones de la CGT.
¿Hacia una nueva devaluación?
La pregunta ahora es si será necesaria o no una segunda devaluación. Desde hace varios días, el gobierno intenta construir una narrativa según la cual los mercados creen en el éxito del Gobierno. El 1 de febrero, el FMI reiteró su elogió a la política del gobierno argentino y, sobre todo, el dólar "blue", es decir, la cotización no oficial del billete verde, que lleva varios días cayendo frente al peso: en el mercado negro, valía 1,095 pesos por dólar el 19 de febrero, frente a 1,350 pesos en enero.
Pero esta caída del dólar no es necesariamente una garantía de solidez y de vuelta a la confianza. Para hacer frente a la subida de los precios, una parte de la clase media está teniendo que convertir los dólares guardados en casa para cubrir gastos, aunque más para pagar las facturas que por confianza en las políticas del gobierno.
¿Hasta dónde llegará este fenómeno? El tipo de cambio oficial sigue estando muy desconectado del no oficial, lo que mantiene la espada de Damocles de la devaluación sobre las cabezas de los argentinos. Según la lógica del Gobierno, esa brecha es una señal de desequilibrio e impide que la economía se ajuste, así que se sigue hablando de una nueva devaluación del peso del 20% en abril.
Lo decisivo entretanto será el comportamiento de los grandes exportadores de productos agrícolas, en especial soja y maíz, los principales proveedores de dólares a la economía argentina. Si prefieren mantener sus ganancias en billetes verdes, será inevitable una nueva devaluación. Y con ella, seguramente se producirá un nuevo repunte inflacionario que agravará una recesión que ya se vislumbra seria.
Pero más allá de la cuestión del tipo de cambio, lo que está en juego es si se puede frenar o no la recesión. Con el desplome de la demanda, la inflación podría ciertamente frenarse, pero a costa de una caída muy fuerte de la actividad. La política de Milei pretende aumentar esta caída de la demanda mediante recortes masivos del gasto público que no han hecho más que empezar. Por tanto, no puede descartarse el riesgo de una espiral de recesión.
A pesar de la retórica triunfalista del Gobierno, la situación en Argentina es más que preocupante. Sea cual sea el resultado de este ajuste, los trabajadores argentinos no estarán en mejor situación que antes: su nivel de vida será significativamente inferior y su posición frente al capital desastrosa. El futuro "crecimiento" del país se basará precisamente en los bajos salarios y en la privatización de los servicios públicos.
En esas condiciones, no hay garantías de que el país pueda mejorar su productividad y su base productiva, sino todo lo contrario. Sobre todo porque la principal fuerza económica del país, la agricultura intensiva, se verá finalmente afectada por la crisis ecológica, que al gobierno le da igual pero que ya es una realidad: Argentina y todo el cono sur de América Latina está sufriendo una ola de calor sin precedentes durante el verano austral. Más que nunca, el libertarismo de Javier Milei parece no estar a la altura de los desafíos del momento.
Milei no consigue que la Cámara de Diputados argentina de luz verde a la 'ley ómnibus'
Traducción de Miguel López
El presidente argentino Javier Milei, en su aplaudido discurso de Davos del 16 de enero, insistió en que "el capitalismo de libre empresa es la única herramienta capaz de acabar con el hambre y la pobreza". Un mes más tarde, el 17 de febrero, un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la tasa de pobreza estimada en el país en enero había llegado al 57,4% de la población, frente al 49,5% de diciembre y el 44,7% del periodo de julio a septiembre. Se trata de un nivel que no se registraba en Argentina desde 2004.