Netanyahu, en guerra también contra la justicia de su país

El 10 de diciembre de 2024, Benjamin Netanyahu sube al estrado para explicar sus actos. Espera ser escuchado por los jueces, pero sobre todo por el público. “Estoy sencillamente estupefacto por la magnitud del absurdo y la injusticia, un océano de despropósitos”, dice al reanudarse el juicio, que comenzó en mayo de 2020 y se interrumpió por el atentado terrorista del 7 de octubre y la guerra en Gaza que siguió.

Netanyahu está citado ahora todos los lunes, martes y miércoles de 10:00 a 16:00 horas para dar su versión sobre las acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza que pesan sobre él en tres causas penales, conocidas como “1000, 2000 y 4000”. Él mantiene que este proceso no le impide tomar el timón del país, que lleva ya catorce meses en guerra.

Si es necesario, solicita una exención a los jueces, como la que se le concedió el miércoles 18 de diciembre para que pudiera viajar al monte Hermón sirio, ocupado por el ejército israelí desde la huida de Bashar Al Assad y la caída del régimen sirio. Ese día se le eximió de comparecer ante el tribunal de Tel Aviv.

Las comparecencias del acusado Netanyahu, que se espera que duren varias semanas, se están celebrando a puerta cerrada. Es probable que el juicio, que comenzó en mayo de 2020, tenga años por delante. Los delitos de los que se le acusa se habrían cometido mientras era primer ministro, lo que él niega.

En el caso 1000, Netanyahu habría recibido “regalos y beneficios” por valor de 700.000 shekels (cerca de 200.000 euros), como champán y puros, de parte de multimillonarios, entre ellos los empresarios Arnon Milchan y James Packer, durante un periodo de 2011 a 2016, a cambio de diversos favores.

En el caso del año 2000, se le acusa de conspirar con Arnon Mozes, propietario y redactor jefe del diario israelí Yediot Aharonot, para “debilitar a un diario rival”, el Israel Hayom. A cambio, se le habría dado una cobertura favorable en las páginas del periódico.

En el caso 4000, Netanyahu supuestamente “adelantó decisiones reguladoras” en beneficio de Shaul Elovitch, entonces accionista mayoritario del grupo de telecomunicaciones Bezeq, por valor de cientos de millones de dólares. A cambio, Netanyahu habría intervenido, a través de su entorno, en particular su esposa y su hijo, para influir a su favor y de su familia en la cobertura mediática que daba la web de noticias Walla, entonces en manos del grupo Bezeq.

Netanyahu se enfrenta a un sistema justicial que ya ha enviado a prisión, entre otros políticos, a un presidente culpable de violación, a un primer ministro condenado por fraude y abuso de confianza y a ministros corruptos. Él, preocupado ante todo por la huella que dejará en la historia, corre ahora el riesgo de verse entre rejas.

Raviv Drucker, periodista de investigación y comentarista político de Canal 13, ha colaborado recientemente en la producción de The Bibi Files, un documental sobre los asuntos penales de “Bibi”, con imágenes nunca vistas de los interrogatorios policiales al primer ministro y a sus allegados.

Se supone que el documental no puede verse en Israel, ya que contiene extractos de interrogatorios policiales. Eso no ha impedido, por supuesto, que quien ha querido lo haya visto, a través de las redes sociales y de bucles creados con el único fin de transmitirlo pirateado. En esta entrevista concedida a Mediapart, Drucker explica la relación de Bibi con la justicia de su país y las consecuencias de sus casos criminales para el conjunto de la sociedad israelí.

Mediapart: En vísperas de la reanudación de su proceso, el primer ministro israelí afirmó que la justicia de su país le persigue con fines políticos y que va a “desenmascarar a todo el sistema” en su contra. ¿Piensa realmente eso Netanyahu?

Raviv Drucker: Hasta 2016, el primer ministro Netanyahu era el gran protector del sistema judicial dentro de la derecha israelí. Estaba orgulloso del sistema judicial israelí. Concedía entrevistas en las que él mismo explicaba que bloquearía cualquier proyecto de ley de sus aliados políticos destinado a socavar el sistema judicial. Elogiaba el sistema judicial israelí, describiéndolo como “prestigioso” y presumiendo de una amistad personal con el ex presidente del Tribunal Supremo Aharon Barak.

Todo eso cambió bruscamente en 2016, cuando se abrieron investigaciones penales contra él. De repente, Netanyahu cargó contra la policía que llevaba la investigación, el departamento de investigación criminal encargado de los casos, el comisario de policía, luego fue a por el fiscal que decidió llevar el caso, el fiscal general, el fiscal del Estado.... Por último, fue a por el Tribunal Supremo. Cualquiera que se ocupe de su caso queda marcado.

La sociedad está imbuida de esta campaña nefasta, que limita a los jueces, los debilita y les priva de parte de su independencia

La evolución se ha producido por etapas, pero a partir de 2020-2021 emprendió claramente una batalla frontal contra todo el sistema judicial israelí y en 2023, al nombrar a Yariv Lavin ministro de Justicia, dio luz verde a un intento de reforma de la justicia israelí, que en realidad pretendía cambiar todo el sistema político. Netanyahu siempre se había opuesto a ello, hasta el día en que se abrieron investigaciones penales contra él.

¿Cómo beneficiaría personalmente a Netanyahu esta reforma, descrita por sus detractores como una “revolución judicial”, en el contexto de su juicio, que ya ha comenzado?

Sencillamente, esta reforma debilitaría la independencia del sistema israelí. Si los jueces fueran nombrados por los políticos –que es lo que quiere el ministro Lavin–, los primeros pasarían a depender de los segundos. Si esto ocurriera, ¿qué pensarían los jueces que procesan a Netanyahu de sus oportunidades de desarrollo profesional si le condenaran?

Y en caso de apelación, tras cualquier sentencia, imagínese las preocupaciones de los jueces del Tribunal Supremo si supieran que su ascenso, su fuerza y su influencia dependen de los políticos y del Gobierno, cuyo líder es también el que está siendo procesado, Bibi Netanyahu.

Aunque el ministro de Justicia acaba de expresar su voluntad de relanzar su supuesta “reforma”, ésta aún no se ha puesto en marcha. De todos modos, el sistema judicial del país ya parece debilitado. ¿Cómo se explica esto?

No ha sido aprobado ninguno de los proyectos de ley y las estructuras jurídicas del Estado de Israel no han cambiado. Pero está claro que cuando libras una campaña pública prolongada, brutal y cruel contra los jueces, contra el Tribunal Supremo y contra el asesor jurídico del Gobierno, parte de la opinión pública acaba por creerte y la confianza pública en estas instituciones se ve dañada.

La sociedad se impregna de esa campaña nefasta, que limita a los jueces, los debilita y les priva de parte de su independencia. Y todo esto lo vemos en sus decisiones, y también en la rapidez con la que actúan. El sistema jurídico israelí ya no es el mismo.

¿Cuáles son los principales argumentos públicos de Netanyahu para desacreditar al sistema judicial y a quienes lo sirven?

Su principal argumento, que expuso ante los tribunales, es que el sistema está formado por izquierdistas, personas que apoyan las concesiones territoriales, que se oponen a sus opiniones políticas sobre los palestinos y el mundo árabe que nos rodea, y que quieren derrocarle porque les gustaría aplicar una política diferente.

Se puede trazar una línea directa desde la corrupción de Netanyahu [...] hasta las condiciones que hicieron posible el 7 de octubre

Y como no pueden derrocarlo a través de las urnas, dice, inventan casos para hacerlo caer a través de los tribunales.

En el documental The Bibi Files se establece un vínculo entre las investigaciones criminales y el juicio a Netanyahu, el estado de la sociedad israelí e incluso el terrible atentado terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás. Explíquenos.

Tras la acusación a Netanyahu, los partidos de centro e izquierda de Israel anunciaron que le boicoteaban y que no estarían con él en la misma coalición debido a este precedente impensable: que una figura pública siguiera ejerciendo de primer ministro mientras se enfrentaba a cargos tan graves.

Este boicot político ha puesto a Bibi Netanyahu ante un dilema: dimitir, como hizo Olmert cuando se enfrentó a una disyuntiva similar [fue condenado en 2015 por fraude y abuso de confianza y encubrimiento fraudulento con agravantes y sentenciado a ocho meses de prisión -ndr], o luchar por su supervivencia política.

Por desgracia, Netanyahu ha elegido la segunda opción. Y para formar una coalición y mantenerse en el poder, ha unido fuerzas con la extrema derecha, a la que antes había evitado como al fuego. Así se ha formado la coalición más derechista de la historia del Estado, con elementos racistas muy problemáticos y radicales.

Así pues, en mi opinión, podemos trazar una línea que va desde los escándalos de corrupción de Netanyahu, a la revolución judicial, con las manifestaciones contra este cambio de régimen, la enorme fisura que la reforma pretendida por el gobierno ha creado en la sociedad israelí, hasta la formación de las condiciones que hicieron posible el 7 de octubre. Sobre todo la falta de atención de Netanyahu a las debilidades de nuestra defensa militar, y la percepción de Hamás de que la sociedad israelí era débil en aquel momento.

Espero que la historia que estamos contando en The Bibi Files ilumine a la opinión pública internacional y ponga un poco de orden en esta secuencia de acontecimientos.

Usted nos concede esta entrevista con el telón de fondo del inicio del juicio a Nicolas Sarkozy, que comienza el 6 de enero de 2025, sobre las sospechas de que su campaña de 2007 fue financiada por Libia. Hay millones de euros en juego. En el caso de Bibi no es más que calderilla...

No creo que se trate de los peores casos penales del código penal ni de los peores delitos que una persona pueda cometer. Creo que las pruebas reunidas indican la posibilidad de que el primer ministro de Israel haya cometido delitos graves y por ello debe ser juzgado. Si es absuelto, será absuelto. Y si es condenado, será condenado.

Es cierto que mucha gente me dice: “Todo eso por 700.000 shekels, francamente...”. Nadie está intentando pintar un retrato del líder más corrupto del mundo, pero recibir regalos o beneficios por valor de 700.000 shekels de gente rica que necesita que estés cerca de ellos es un verdadero problema, y en Israel se envía a gente a la cárcel todos los días por casos similares.

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Parecería lógico, dados los precedentes, que pudiera enfrentarse a uno o dos años de cárcel. Pero para Netanyahu, incluso un día en prisión es demasiado. Sería la peor humillación de todas.

 

Traducción de Miguel López