La ONU prepara un tratado de librecomercio alternativo

Desde hace cinco años, en Europa, el debate público sobre el comercio lo han monopolizado fundamentalmente dos tratados de librecomercio: uno con Estados Unidos (TTIP o Tafta, ya descartado) y el otro con Canadá (CETA, en proceso de ratificación). Precisamente esto fue lo que llevó a muchos actores de la sociedad civil a alzar la voz y denunciar los riesgos asociados a estos textos. En concreto, porque los acuerdos podrían reforzar la protección jurídica de los inversores privados y reducir la capacidad de algunos Estados a la hora de legislar.

Este lunes 23 de octubre, se abría en Ginebra un ciclo de negociaciones para elaborar un proyecto de tratado alternativo que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo entusiasta de un miríada de colectivos de la sociedad civil; se trata de crear, en el marco de Naciones Unidas, un instrumento jurídicamente vinculante para obligar a las multinacionales a que respeten algunos de los derechos humanos más fundamentales, allí donde ellas mismas o sus filiales se encuentran radicadas.

Este proceso se inició en la ONU en 2014, un año después del hundimiento del Rana Plaza, en Bangladesh, que le costó la vida a más de 1.100 personas. Muchas de las víctimas trabajaban en talleres de confección, que alimentaban a grandes marcas de ropa occidentales, entre ellas Mango, Benetton o Carrefour. Pero estas firmas nunca, hasta la fecha, han tenido que rendir cuentas a la Justicia. “El ser humano debe estar por encima de los intereses económicos y políticos”, dijo en una visita a Francia a principios de octubre, una de las promotoras del tratado, María Fernanda Espinosa. La ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, uno de los Estados más activos en este asunto, junto con África del Sur, viajó a París para tratar de convencer al Ejecutivo francés de la importancia de la iniciativa.

“El CETA es un acuerdo escrito por y para las multinacionales. Este proyecto de tratado quiere hacer lo contrario: poner a las multinacionales en su lugar, es decir, al servicio de los derechos humanos”, opina Michel Cermak, activista de la asociación belga CNCD-11.11.11. “Con este proyecto de tratado vinculante, que primaría sobre los tratados de librecomercio, se quiere gravar la otra cara de la moneda”, insiste Mónica Vargas, activista boloviana (TNI), una de las figuras de la campaña global “para reivindicar la soberanía de los pueblos y desmantelar el poder de las multinacionales”.

Ese tratado se propone abordar el concepto de “velo jurídico”, que muy a menudo impide exigir responsabilidades a una sociedad matriz frente a actos cometidos por una de sus filiales. “Se trata de una pelea enorme, no es algo menor. Con ello estamos tocando a uno de los motores del ultraliberalismo. Si estamos dispuestos, colectivamente, a levantar ese velo jurídico, nos encontramos ante una reforma sistémica”, dice el diputado socialista Dominique Potier. Este diputado francés viaja a Ginebra decidido a defender una de la ley, de la que fue coponente con el presidente François Hollande.

Este texto sobre “el deber de vigilancia” para con las grandes empresas, también conocido como ley Rana Plaza, se adoptó en marzo de 2017. En plena campaña de las presidenciales, la votación pasó casi desapercibida. Sin embargo, se trata quizás de uno de los textos más importantes del mandato. Ahora, las empresas que tienen al menos 5.000 empleados en Francia ( o más de 10.000 en el mundo) están obligados a “identificar los riesgos y a prevenir los graves perjuicios” ante toda una batería de derechos (en materia de sanidad, medio ambiente, social) que podrían provocar sus actividades o las de sus filiales, en Francia y en el extranjero.

En un informe que acaban de publicar dos ONG francesas, Los amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos solidarios, pone a Total como ejemplo. El gigante petrolero tiene intención de reconvertir una de sus refinerías en una “biorefinería” que refinaría, en lugar de petróleo bruto, aceite de palma. Pero la nueva ley francesa amenaza ese proyecto: en efecto, Total está obligado, ahora, a identificar los riesgos que esta producción –pero también la de sus proveedores de aceite de palma en Asia del Sureste– suponen para el medio ambiente (deforestación, acaparamiento de tierras etc.). También tiene que decir cómo esperan remediarlo.

La ley francesa no es perfecta, nada más lejos de la realidad. Sólo las principales empresas se ven afectadas, mientras que las empresas más modestas a menudo operan en el sector de la extracción. No prevé tampoco aspecto penal, pero se trata de un texto pionero, que estudiará el grupo de trabajo de Naciones Unidas. “La ley francesa, que ha sido objeto de un intenso lobby por parte de las multinacionales, goza del apoyo del Gobierno in extremis, seduce notablemente en el extranjero. Tiene todo los elementos para convertirse en universal”, dice su ponente Dominique Potier. En ese sentido, la legislación europea adoptada a principios de años relativa a los “minerales de conflicto” también pone la responsabilidad jurídica en el conjunto de los actores de la cadena.

No es la primera vez que Naciones Unidas aborda la responsa de las multinacionales. En los años 2000, se adoptaron “principios directores”, pero no son vinculantes, por la oposición de numerosos actores de entonces. La ley francesa ha retomado, años después, en un modo vinculante el concepto clave de due diligence (que obliga a las multinacionales a respetar un deber de precaución, en resumen). A día de hoy, la ONU trabaja en un nuevo tratado, inspirándose esta vez en el texto francés.

Carole Peychaud, abogada de CCFD-Tierra Solidaria y que estará presente también en Ginebra, se felicita por este proceso de “vasos comunicantes” que convierten el proceso en bastante original y técnico: “Una tentativa de hard law [derecho vinculante] internacional ha desembocado en la ONU en una norma de soft law [derecho no vinculante]. Acto seguido, esto se ha convertido en hard law nacional que irriga de nuevo el proceso de escritura de hard law internacional... Este proceso de negociaciones en la ONU también está impulsado por y se nutre de un proliferación de contribuciones de la sociedad civil, que participa en la construcción del derecho desde abajo”.

La cita de Ginebra es la tercera de este tipo. En las dos primeras sesiones del grupo de trabajo, en 2015 y en 2016, se debatió sobre la necesidad de este tratado. Esta vez, sus partidarios esperan entrar en el meollo de las negociaciones, a partir de una proposición de tratado redactado en gran parte por los ecuatorianos. Pero no hay que esperar que se tomen decisiones clave de aquí al fin de semana: el simple hecho de que todos los representantes acepten proseguir las negociaciones puede percibirse como un éxito por los defensores del texto (la mayoría originarios de los países en desarrollo)...

Ésa es la paradoja de la situación. Los Estados Unidos de Donald Trump no tienen intención de dar su apoyo al texto y, aunque no lo dicen alto, y claro los europeos son reticentes. Incluso Francia, que acaba de dotarse de una de las leyes más ofensivas en la materia, también está a la defensiva. Preguntado la semana pasada en la Asamblea en cuestiones al Gobierno, el ministro de Asuntos Extranjeros francés Jean-Yves Le Drian aseguró que París participaría “de manera extremadamente activa y asidua” en las negociaciones de Ginebra, alabando, sin decir mucho más, “un enfoque constructivo y pragmático de Francia”.

Francia “hará valer su legislación y sus buenas prácticas en la materia en Ginebra”, han respondido fuentes ministeriales a Mediapart, socio editorial de infoLibre. pero también, junto con sus socios europeos, se encontrará entre las “numerosas dificultades que se desprenden de este proyecto y de su aplicación, sobre todo desde el punto de vista jurídico”. Paría considera que el tratado debe concernir al conjunto de las empresas y no sólo a las “compañías transnacionales”, a las que se menciona en el texto redactado por Ecuador.

Las ONG Los Amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos Solidarios exhortan a París “apoyar el proyecto de tratado de la ONU”. Por su parte, el ministro socialista Dominique Potier ha interpelado al jefe del Estado en una carta que han firmado ya 146 diputados también de En Marcha, promovida por el antiguo ecologista Paul Molac. ¿Bastará con esta presión? En los próximos días conoceremos en Suiza la primera respuesta, pero sin duda habrá que armarse de paciencia para conocer el resultado de los debates en los próximos años.

Traducción: Mariola Moreno

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