En el mundo de las finanzas, las noticias importantes siempre se producen durante el fin de semana, cuando todos los mercados están cerrados. El viernes por la noche, una vez cerrados los mercados bursátiles, la institución de supervisión bancaria, que depende del Banco Central Europeo, anunciaba la quiebra de dos bancos regionales italianos. Las entidades Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, dos bancos regionales de Venecia, “están en quiebra o a punto de estarlo, habida cuenta de que los dos bancos han violado reiteradamente sus obligaciones en materia de capitales”, señalaba el regulador bancario en un comunicado. “El BCE ha dado tiempo a los bancos para presentar sendos planes de recapitalización, pero éstos han sido incapaces de presentar soluciones creíbles de continuidad”, explica.
Esta decisión era de prever; los dos bancos venecianos sobrevivían con ventilación asistida desde hace casi dos años. Durante todo este tiempo, el Gobierno italiano ha tratado de encontrar soluciones para mantener estos dos pilares de la economía regional, que emplean a más de 4.000 personas. Hace tan sólo unas semanas, el ministro italiano de Finanzas, Pier Carlo Padoan, afirmaba que el Gobierno italiano no dejaría caer a estas entidades. A principios de junio, el BCE elevaba el tono y exigía una ampliación de capital de 1.250 millones de euros para fortalecer a los dos bancos. Nadie quiso participar: JP Morgan, contratado para atraer a inversores privados, tiró la toallas. El Gobierno italiano intentó por última vez conseguir facilidades y limitar el aumento de capital de entre 600 a 800 millones de euros, esperando convencer a los demás bancos italianos para que acudiesen al rescate. Pero tampoco entonces nadie respondió a las peticiones gubernamentales. Las instancias europeas de regulación bancaria, tranquilizadas por la experiencia española, decidieron poner punto y final a la situación, sobre todo, porque la situación empezaba a ser crítica: las negociaciones se eternizaban y los depositantes estaban retirado el dinero por miedo a quedar atrapado en la quiebra.
El proceso previsto en el marco de la nueva reglamentación no tardó en ponerse en marcha. El comité de resolución único se hizo cargo del asunto, mientras que el Gobierno italiano trabajaba en los medios que debía poner en marcha para encontrar una solución. Había un aspecto imprescindible: la necesidad de presentar, antes del lunes por la mañana, un plan de protección para los ahorradores, para evitar el menor pánico bancario en el momento en que se reabrieran los mercados. El domingo tarde, el Gobierno italiano anunciaba la firma de un decreto ley que ratificaba el control, por parte del grupo bancario Intesa Sanpaolo, de los dos bancos, garantizando con ello los depósitos.
Tras la experiencia de rescate del Banco Popular, hace menos de 15 días, operación que los dirigentes europeos consideran como la primera victoria de las nuevas reglas la unión bancaria, no hay duda de que esperaban reproducir el mismo esquema en Italia. Pero en este segundo intento, las nuevas reglas de la unión bancaria ya se encuentran en entredicho. Y es que, en esta ocasión, será el Estado italiano el que asuma el coste total del rescate de los dos establecimientos bancarios; lo que en la práctica no supone distanciarse de los rescates precedentes. Según Il Corriere della Sera, los recursos y las garantías movilizadas por el Estado en la operación de rescate de los dos bancos venecianos podrían alcanzar “un montante máximo de 17.000 millones de euros”.
Al igual que en España, hay un banco italiano –Intesa– que acepta adquirir los dos bancos en quiebra, pero ha puesto ciertas condiciones: la compra no debe afectar ni a sus índices prudenciales ni a sus políticas de dividendos. Intesa acepta comprar el Veneto Banca y la Banca Popolare di Vicenza por un simbólico euro, pero sin asumir ningún riesgo. Mientras que el Gobierno italiano pone a su disposición, 4.700 millones de euros en metálico para asegurar la continuidad de los dos establecimientos.
El Estado italiano será quien asuma también una gran parte del coste de reflotar los dos bancos. En el marco del plan de rescate (bail-in), está previsto que los accionistas y titulares de obligaciones lo pierdan todo para rescatar a los dos bancos. El importe destinado a este rescate se calcula ronda los 5.000 millones de euros. No obstante, desde hace 18 meses, el Estado italiano es el principal accionista de los dos bancos, a través del fondo Atlante, constituido para acudir al rescate de los bancos que se encuentran en mala situación. Ha inyectado 3.500 millones de euros. Al tratarse de titulares de obligaciones, el Gobierno italiano ya anunció su intención de dar con un mecanismo que permita reembolsar a los pequeños ahorradores que habían depositado sus ahorros en estos productos, sin conocer el riesgo.
Morosidad, para el Estado
Por si fuese poco, el grupo bancario italiano sólo aceptó quedarse con la cartera de deuda segura y rechaza quedarse con el menor producto tóxico. Todas las deudas consideradas irrecuperables –por valor de entre 10 y 20.000 millones de euros– quedarán a un lado, en manos del Estado y gestionadas por él.
Además, es el Estado quien asumirá las consecuencias sociales. Según Il Sole 24 Ore, el Consejo de la Competencia, así como las autoridades de Bruselas, han impuesto el cierre de una gran parte de la red de los dos bancos, ya que Intesa también está presente en Venecia. De las 900 oficinas, se calcula que se cerrarán unas 600, con lo que hay miles de empleos amenazados. En total, se calcula que el Estado deberá aportar unos 8.000 millones de euros para asumir los créditos malos y pagar parte del coste social aparejado a la operación.
La Comisión Europea y el BCE, según parece, ya han aceptado estas condiciones. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha declarado: “Italia considera que es necesaria esta ayuda estatal para evitar un descalabro económico en Venecia”. ¿Es suficiente para justificar excepciones así en una unión bancaria destinada a ser uno de los pilares de la zona euro? Algunos analistas se preguntan por qué no se puede reproducir el procedimiento español en Italia e insisten en que está en juego la credibilidad de la unión bancaria.
Pero Italia no es España. A diferencia de lo que ha hecho el Gobierno español en 2012-2013, el Gobierno italiano, entonces dirigido por el excomisario europeo, Mario Monti, no ayudó a los bancos a limpiar su balance, no creó un banco malo público para quedarse con los préstamos de dudoso cobro o con los créditos irrecuperables del sistema bancario, cuando todavía había tiempo.
Las instituciones de regulación italianas o europeas no lo instaron a hacerlo –casi todos los bancos italianos pasaron con éxito los diferentes tests de resistencia estos últimos años–, aunque resulte sorprendente que Mario Draghi, como exgobernador del Banco de Italia, haya ignorado el mal estado del sistema bancario italiano. Según las estimaciones, este se vio lastrado por más de 360.000 millones de euros de préstamos de dudoso cobro, lo que representa más del 13%, la ratio más elevada de préstamos tóxicos de la zona euro, a excepción de Grecia. Y no deja de degradarse a medida que la economía italiana se hunde en el estancamiento.
No fue hasta diciembre de 2015, en un contexto de crisis italiana provocada por la ruina de los pequeños depositantes y de los pequeños ahorradores en la tormenta de la quiebra de cuatro pequeños bancos regionales del sur de Italia, y cuando Monte dei Paschi amenazaba a su vez con hundirse, cuando el Gobierno de Matteo Renzi comenzó a asustarse. Pero era demasiado tarde. Las nuevas reglas de la unión bancaria iban a entrar en vigor el 1 de enero de 2016 y prohibían que los Estados rescatasen los bancos. Durante dos años, el Gobierno italiano buscó los mecanismos y los sistemas posibles para sortear dichas prohibiciones y ayudar a un sistema bancario que, salvo los bancos muy grandes como Unicredit, no encuentran a ningún inversor privado que los rescate. Ni siquiera el fondo Atlante, quien sien embargo tiene garantía del Estado, no consiguió reunir suficiente capital privado. Dotado, gracias al efecto palanca, de 20.000 millones de euros, movilizó la casi totalidad de sus recursos en el rescate del Monte dei Paschi, del Veneto Banca y de la Banca Poplare di Vecenza. Y hay todavía bancos regionales, como Casa di Rimini, que se encuentran en muy mala situación.
“Las reglas están hechas para ser respetadas. No vamos a cambiarlas cada dos años, mientras que las nuevas apenas acaban de entrar en vigor”, protestaba Angela Merkel a las demandas de Matteo Renzi, entonces presidente del Consejo. En la segunda oportunidad, la unión bancaria, destinada teóricamente a dar respuesta de Europa a la crisis financiera, ha puesto de manifiesto sus límites. Porque el tercer pilar que preveía poner en marcha, la solidaridad europea, no existe, porque los fondos de garantía son totalmente insuficientes, porque todo se limita al ámbito nacional, los Estados son garantes en último recurso de su sistema bancario. Salvo aceptar que un banco quiebre con pérdidas estrepitosas, con todas las consecuencias imprevisibles inducidas.
Traducción: Mariola Moreno
La reforma de la regulación bancaria pasa a mejor vida
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En el mundo de las finanzas, las noticias importantes siempre se producen durante el fin de semana, cuando todos los mercados están cerrados. El viernes por la noche, una vez cerrados los mercados bursátiles, la institución de supervisión bancaria, que depende del Banco Central Europeo, anunciaba la quiebra de dos bancos regionales italianos. Las entidades Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, dos bancos regionales de Venecia, “están en quiebra o a punto de estarlo, habida cuenta de que los dos bancos han violado reiteradamente sus obligaciones en materia de capitales”, señalaba el regulador bancario en un comunicado. “El BCE ha dado tiempo a los bancos para presentar sendos planes de recapitalización, pero éstos han sido incapaces de presentar soluciones creíbles de continuidad”, explica.