Este miércoles está marcado en rojo en el calendario de las empresas energéticas porque termina el plazo para que decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos reciban su declaración de impacto ambiental (DIA) –favorable o no– por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas para poder seguir adelante con la construcción de las instalaciones renovables. Varias regiones no han hecho los deberes y numerosos proyectos tendrán que ser cancelados incluso aunque sean perfectamente válidos, lo que supone un importante lastre en la transición energética.
Ni el Ministerio de Transición Ecológica ni la principal patronal renovable (APPA) saben todavía cuál es el agujero que deja el vencimiento del plazo, aunque desde el sector privado calculan que se han perdido el equivalente a unos 23 gigavatios de potencia. En contexto, un reactor nuclear tiene una potencia aproximada de un gigavatio.
"De confirmarse sería un duro golpe", dice Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica. La patronal dedicada a los molinos de viento estima que hasta este lunes había unos 160 proyectos a la espera de que las consejerías de medioambiente autonómicas diesen el visto bueno a los proyectos, equivalentes a unos 10 gigavatios. En total hay 42 gigavatios de eólica en tramitación, por lo que una cuarta parte podría haberse caído.
Sin embargo, Virgilio prefiere ser cauto y apunta a que es posible que Redeia (Red Eléctrica) de unos días más o incluso semanas de margen por si alguna declaración de impacto ambiental ha sido firmada y llega con retraso al boletín oficial de la comunidad autónoma, donde se publican estos documentos.
El Gobierno central –a través del ministerio de Transición Ecológica– también es responsable de dar el visto bueno medioambiental a los grandes proyectos (más de 50 megavatios de potencia), pero en los últimos meses ha acelerado el procedimiento y en teoría ha dado respuesta a todas las instalaciones, según afirman desde el departamento de Teresa Ribera.
Las comunidades más afectadas por el cuello de botella burocrático son las del norte de la península para instalaciones de molinos de viento debido principalmente a las quejas de grupos civiles, mientras que Cataluña y Valencia protagonizan el atasco en la fotovoltaica.
Galicia es una de las que han estado bajo lupa por la avalancha de proyectos que recibió, aunque este martes director general de planificación energética de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, afirmó a la Cadena SER que de los 140 planes recibidos han podido contestar a 120. Por su parte, Cataluña confirma a infoLibre que el año pasado emitió 84 DIA y que ahora deja fuera 17 proyectos por falta de tiempo, que suponen una potencia de 542 megavatios (0,54 gigavatios).
"No es que el procedimiento para hacer las evaluaciones ambientales sea largo, sino que había demasiados proyectos paralelos que analizar”, expuso la semana pasada un experto evaluaciones de impacto ambiental en una mesa redonda. "Creo que el procedimiento actual es el correcto y es riguroso", añadió.
Aun así, hace un par de meses se calculaba que estaban pendientes de recibir una declaración ambiental el equivalente a 80 gigavatios en toda España, por lo que el acelerón final de las administraciones ha permitido salvar parcialmente la situación.
Las consecuencias van más allá de un retraso en la instalación de renovables ya que los proyectos que sufren el silencio administrativo pierden el permiso de acceso a la red eléctrica y quedan inservibles. Por ello, tienen capacidad a partir de este miércoles de exigir compensaciones a la administración, según valora Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA). "La vía de la reclamación patrimonial es viable, aunque habrá que estudiar caso por caso", opina.
Desde el lado ecologista temen que con la excusa de acelerar los procedimientos se hayan suavizado los requisitos para conceder declaraciones favorables y que se hayan dado por buenas en las últimas semanas construcciones que ponen en riesgo la fauna y la flora de zonas rurales delicadas. "No sabemos cuántos proyectos han recibido el visto bueno en las últimas semanas, pero sí nos ha llegado información de algunos proyectos que podrían ser dudosos", señala Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción.
En Galicia han resonado en las últimas semanas diversos proyectos que han superado el examen ambiental pese a las dudas de la sociedad civil. Por ejemplo, Naturgy logró en diciembre el visto bueno a un parque eólico en A Coruña que pisa una reserva de la biosfera, como reconoce la propia Xunta en la declaración aprobada.
Las dudas sobre la severidad con la que se conceden los permisos ambientales sobrevuelan en esta región y en otras debido a la rapidez extrema con la que se han tramitado las declaraciones de impacto ambiental. En Galicia, por ejemplo, se hacían cada año unas cinco evaluaciones, pero en los últimos meses se han llegado a procesar medio centenar.
El año del tope al gas termina con electricidad casi gratis gracias a las renovables
Un experto en renovables que conoce de primera mano las evaluaciones de impacto ambiental a escala autonómica explica que "es evidente que se ha acelerado" el trabajo en las consejerías de medioambiente en los últimos meses, aunque es pronto para saber si se han dado por buenos proyectos agresivos con el entorno.
"Habitualmente cuando no hay tiempo para analizar en profundidad una propuesta, se deshecha. Pero ahora es posible que se estén dando por buenas usando la vía condicionada”, añade esta fuente. Esta fórmula permite que el proyecto siga adelante con pegas, como obligar a recortar el tamaño de la planta o rehacer los planos para cumplir con la normativa medioambiental, lo que en la práctica puede suponer dar una patada hacia delante al proyecto para caer más tarde.
La burocracia española es un freno, según el sector renovable, para sacar adelante estos proyectos, pero no es un caso aislado en Europa. Un estudio reciente financiado por la Comisión en el que participaron las patronales eólicas y fotovoltaicas recoge que los 27 países de la UE se enfrentan a baches relacionados con permisos administrativos. En España destaca que la principal barrera son los permisos de conexión con la red, dependientes de Redeia (Red Eléctrica).
Este miércoles está marcado en rojo en el calendario de las empresas energéticas porque termina el plazo para que decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos reciban su declaración de impacto ambiental (DIA) –favorable o no– por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas para poder seguir adelante con la construcción de las instalaciones renovables. Varias regiones no han hecho los deberes y numerosos proyectos tendrán que ser cancelados incluso aunque sean perfectamente válidos, lo que supone un importante lastre en la transición energética.